Un informe periodístico reveló que el gobierno de Javier Milei utiliza el aparato de Inteligencia del Estado para monitorear las actividades de sus opositores en pleno año electoral, mientras sus informes omiten a los dirigentes de La Libertad Avanza y sus aliados.
Una investigación periodística reveló que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) elabora reportes confidenciales sobre las actividades de dirigentes opositores, sindicalistas y organizaciones sociales en el marco del año electoral.
El informe, publicado por el periodista Hugo Alconada Mon de La Nación, expuso que estos documentos oficiales dan cuenta de cómo el oficialismo monitorea sistemáticamente a figuras de la oposición mientras omiten completamente las actividades de funcionarios del gobierno de Javier Milei o dirigentes de La Libertad Avanza y sus aliados.
El uso del aparato de inteligencia en pleno proceso electoral no solo resulta alarmante, sino que también representa una posible violación de la Ley de Inteligencia Nacional que prohíbe expresamente la vigilancia por motivos ideológicos o partidarios.
La SIDE, con los ojos puestos en la oposición
El documento al que accedió Alconada Mon lleva por título “Hechos previstos 09JUL25” y fue elaborado el 8 de julio por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), uno de los cuatro organismos que integran la SIDE bajo el comando de Sergio Neiffert (y la coordinación del asesor presidencial Santiago Caputo).
El reporte, de 9 carillas, detalla actividades políticas programadas para el 9 de julio, fecha del Día de la Independencia y vencimiento del plazo para presentar alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires.
Entre los dirigentes monitoreados figuran el gobernador Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador Sergio Massa y el presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense Máximo Kirchner, los representantes de los tres principales sectores del peronismo en la provincia.
Sobre ellos, consigna que “volvieron a reunirse en la ciudad de La Plata, con el objetivo de avanzar en una estrategia común y consolidar la unidad de cara a los comicios del 7SEP25″. Cabe preguntarse por qué información de esta naturaleza es relevante para el organismo de inteligencia.
También registró un encuentro privado entre Facundo Manes y el exintendente de Lanús Néstor Grindetti en el domicilio del radical. Asimismo, incluyó información sobre el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO), el titular del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR Miguel Fernández, y la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza.
El reporte abarcó las actividades de centrales sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma. También monitoreó a la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa), el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, La Bancaria y profesionales de la salud pública.
De manera llamativa, el informe incluyó actividades de jubilados que se movilizan cada miércoles al Congreso y organizaciones de personas con discapacidad. El documento detalló horarios, recorridos y lugares específicos de concentración de cada actividad, sin consignar amenazas a la seguridad nacional ni órdenes judiciales que justificaran esta vigilancia.
El reporte también registró los preparativos para un festival cultural organizado por La Cámpora en el Parque Lezama, con la participación de artistas como Teresa Parodi, “Peteco” Carabajal, “Barbarita” Palacios, Los Garciarena y Duratierra.
Lo llamativo del documento es que a lo largo de sus 9 páginas no se consigna actividad alguna de funcionarios nacionales, figuras de La Libertad Avanza o negociaciones que por esas horas protagonizaban la secretaria general Karina Milei y colaboradores como Sebastián Pareja o Eduardo “Lule” Menem con emisarios de PRO como Diego Santilli y Cristian Ritondo.
El PRO solo aparece mencionado en dos ocasiones, pero ambas en el contexto de jugadas opositoras a la Casa Rosada: por su participación en concejos deliberantes dentro de Juntos por el Cambio y por el apoyo de Tagliaferri a dictámenes opositores en el Senado nacional.
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¿El informe viola la Ley de Inteligencia Nacional?
Alconada Mon indicó que consultó con seis expertos sobre la legalidad del informe (dos de ellos, provenientes del mundo de la Inteligencia). Tres consideraron que describe eventos públicos basados en fuentes abiertas, aunque cuestionaron que la SIDE destine recursos a monitorear estrategias partidarias.
Los otros tres estimaron que viola la Ley de Inteligencia Nacional o “roza” la ilegalidad. Cabe mencionar que El artículo 4 de la ley 25.520 prohíbe obtener información o producir inteligencia sobre personas:
“Por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Cristina Caamaño, exfiscal e interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, organismo disuelto para establecer la SIDE) comentó que “es simplemente una violación a la Ley de Inteligencia”.
Agustín Rossi, también exinterventor de la AFI, agregó: “La SIDE debe producir inteligencia estratégica que le permita al decisor, en este caso al Presidente, tomar decisiones en áreas claves del país. Seguir la actividad política de los opositores no es inteligencia estratégica sino que nos lleva a los peores momentos del aparato de inteligencia“.
En este contexto, cabe señalar que el senador Martín Lousteau confirmó que convocará a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) que él preside para tratar el tema como prioridad. Entre tanto, desde Unión por la Patria anunciaron que trabajan en una denuncia judicial.
El diputado Leopoldo Moreau escribió en redes sociales: “Los argentinos estamos hartos de los insultos de Milei, de la represión que lleva adelante la mercenaria de la violencia Patricia Bullrich y del espionaje y la persecución política. No vamos a naturalizar que esto siga ocurriendo. Vamos a investigar y denunciar estas prácticas y a sus responsables”.
Por su parte, Facundo Manes se expresó indicando que “Milei sigue la peor tradición de la casta: espiar a los que piensan distinto. Desfinancia al Garrahan pero le sube el presupuesto a los servicios. Esto no nos va a dar miedo. Vamos a seguir defendiendo la Argentina que se quieren llevar puesta.”
Myriam Bregman, presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), analizó: “Es una práctica habitual que gobiernos que se encuentran en crisis, con internas y con una oposición social creciente se recuesten sobre el espionaje político queriendo anticipar las jugadas, viendo conspiraciones por todos lados. Esto creo que es lo que está pasando con Milei”.
Hasta ahora, el vocero presidencial Manuel Adorni no se ha expresado al respecto, aunque no es la primera vez que se señala a la SIDE por actividades de este tipo. Tampoco se han expresado otros funcionarios del gobierno de Javier Milei.
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Antecedentes de la SIDE bajo la administración de Milei
La SIDE fue recreada en 2024 por decreto presidencial después de haber sido disuelta durante el gobierno de Alberto Fernández. El organismo depende directamente de la Casa Rosada y está bajo la supervisión del asesor Santiago Caputo a través del director Sergio Neiffert.
La Agencia de Seguridad Nacional, que elaboró el informe cuestionado, está dirigida por el comisario general retirado Alejandro Cecati. Durante el gobierno de Cambiemos, Cecati fue director general de Protección de Estado y responsable de la custodia de Mauricio Macri. En 2021 fue llamado a indagatoria por el espionaje a familiares del submarino ARA San Juan.
El decreto 614/24 que creó la ASN estableció que sus funciones abarcarían “fenómenos de criminalidad organizada nacional y trasnacional como el narcotráfico, la proliferación armamentística, así como toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos“.
Este no es el primer escándalo que involucra a la SIDE bajo la gestión de Milei. En mayo, el mismo periodista Hugo Alconada Mon había expuesto fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento confidencial de 170 páginas que proponía usar el aparato estatal para “controlar el relato” y “vigilar la manipulación de la opinión pública”.
El PIN habilitaría la vigilancia sobre opositores, periodistas, quienes cuestionen la política económica presidencial, quienes estén en contra del alineamiento con Estados Unidos o Israel, e incluso quienes se propongan actividades de defensa de los recursos naturales.
También se conoció una directiva firmada por Diego Kravetz, jefe de Operaciones de la SIDE, que disponía monitorear grupos sociales vulnerables. Estos hechos fueron denunciados en junio por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en los tribunales de Comodoro Py.
La denuncia recayó inicialmente en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, pero el fiscal Gerardo Pollicita entendió que debía acumularse a otra investigación que tramitaba en el juzgado de Sebastián Casanello. El caso fue delegado a la fiscalía de Guillermo Marijuan, aunque por el momento no se conocen mayores detalles sobre sus avances.
Por su parte, cuando se emitió esta denuncia la Oficina del Presidente publicó un escueto comunicado desmintiendo las acusaciones, pero sin aportar documentación que las refute. Tampoco rechazó tener un plan de inteligencia.
No fue la única vez que la SIDE fue blanco de críticas. El presupuesto del organismo creció exponencialmente desde su recreación. Según la Decisión Administrativa N°10/2025, el organismo recibió 25.250 millones de pesos extra, sumando más de 80.000 millones ejecutados en lo que va del año.
A esto se sumó el polémico DNU 656/24, luego rechazado por el Congreso, que buscó otorgarle otros 100 mil millones para gastos reservados (sin obligación de rendición ni supervisión institucional).
En aquella oportunidad el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) había advertido que en solo tres semanas se ejecutaron 80.000 millones de esos fondos en una maniobra “sin control ni justificación legal alguna”.
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La ASN tiene una ventana legal para involucrarse en conflictos sociales: la denuncia de posibles atentados al orden constitucional. El gobierno de Milei viene caracterizando las protestas en su contra como “intentos de golpe de Estado”, como ocurrió el 12 de junio de 2024, cuando llevó adelante detenciones masivas durante manifestaciones contra la Ley Bases.
La ministra Patricia Bullrich presentó una denuncia por sedición en la justicia federal por la movilización del 12 de marzo, donde resultó gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo. El fiscal Franco Picardi aún espera las pruebas que sustenten esos dichos.
Además, en junio de este año la jueza María Servini dictó el sobreseimiento definitivo de las últimas 16 personas que permanecían imputadas por la protesta por falta de pruebas, echando por tierra la operación del gobierno.
La última referencia a una supuesta “sedición” ocurrió el 18 de julio, cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado procesó a tres militantes peronistas por escrachar a José Luis Espert, afirmando que habían desatado un “clima de sedición” tras la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
