La Justicia sobreseyó por falta de pruebas a los últimos 16 imputados por la protesta contra la Ley Bases y desmintió las acusaciones de terrorismo impulsadas por Patricia Bullrich, que también sufrió otro fallo adverso en la causa contra el oficial que gaseó a una nena durante una marcha de jubilados.
Por falta de pruebas y a más de un año de la protesta contra la Ley Bases, la justicia finalmente sobreseyó a los últimos 16 imputados, echando por tierra la operación del Gobierno de Javier Milei
La jueza María Servini dictó el sobreseimiento definitivo de las últimas 16 personas que permanecían imputadas por los incidentes ocurridos el 12 de junio de 2024 durante la manifestación contra la Ley Bases frente al Congreso.
La resolución se extendió por 16 páginas y cerró un capítulo judicial que desde sus inicios estuvo marcado por detenciones arbitrarias y falta de pruebas contundentes por parte del Gobierno de Javier Milei.
Con esta decisión, se desplomó completamente el relato oficial que había intentado impulsar Casa Rosada a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el fiscal Carlos Stornelli, quienes habían acusado a los manifestantes de ser “terroristas” y de intentar un “golpe de Estado”. Sin embargo, no presentaron ninguna prueba ante la Justicia.
María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), celebró la resolución, aunque criticó el tiempo transcurrido hasta el fallo: “Se terminó de comprobar que no tenían nada para detenerlos“.
La abogada recordó que “la ministra les dijo que querían dar un golpe de estado, que tenían que estar presos 20 años. (El fiscal Carlos) Stornelli le hizo la venia, los acusó por un delirio de delitos contra el orden constitucional, se opuso a las excarcelaciones, apeló la falta de mérito, siguió hablando de terroristas“.
Juan Spinetto, delegado docente de ADEMYS y uno de los sobreseídos, apuntó directamente contra el Ejecutivo: “Fueron detenciones arbitrarias que buscaban disciplinar y asustar a la gente para que no salga a protestar contra las políticas del gobierno de Milei“.
En su escrito, la magistrada fue categórica al señalar que el proceso “en nada afectó el buen nombre y honor” de los imputados, poniéndole un límite a la avanzada judicial de Bullrich. A este fallo se sumó otro correspondiente a la Cámara Federal porteña confirmando el procesamiento del policía que gaseó a una nena de diez años en la marcha de jubilados del 11 de septiembre.
@PatoBullrich les dijo terroristas. Trece meses después, la jueza Servini sobreseyó, aclarando que el proceso “en nada afectó su buen nombre y honor”.
Son las últimas 16 personas que quedaban con falta de mérito después de ser detenidas el día de la sanción de la Ley Bases. pic.twitter.com/fbIlmKNsQt— M. del Carmen Verdú (@LaNegraVerdu) July 14, 2025
Sin testigos directos, sin registros y sin pruebas
La jueza Servini fundamentó su decisión en la ausencia total de pruebas que vincularan a los imputados con los hechos que se les atribuían. En su resolución, la magistrada fue contundente:
“No se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa -máscaras, ondas, piedras, palos, etc.-; y no pudo obtenerse registro fílmico alguno que permita vincular a los nombrados con el accionar endilgado”.
Los 16 manifestantes sobreseídos son: Sofía Ottogali, Gonzalo Duro, Fernando Claus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Iturburu, Román Méndez, Luis Alberto de la Vega, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Moyorga, Saya Lyardet, Cristian Ferreira, Juan Pablo Colombo, Ramona Tolaba, Lucía Puglia y Facundo Gómez.
La jueza destacó también “la carencia de testigos directos de los hechos, sumado al contexto general en el que los mismos tuvieron lugar, esto es, un caos generalizado“, que incluyó “corridas, gases y manifestantes encapuchados que agredían al personal policial que intentaba dispersar a la multitud”.
Esto, sumado a “la carencia de registros fílmicos que reflejen el accionar concreto de los encausados sometidos a proceso, así como también el resultado negativo del desbloqueo de los teléfonos celulares, me llevan al dictado del presente”, indicó.
Una muestra de esta falta de testigos es la declaración del policía de la Ciudad Ariel Leguizamón de Luca, quien aseguró que “materializó la detención de los imputados, pero con la salvedad de que no había sido él quien había intervenido en sus aprehensiones originales”.
“Tampoco había presenciado ninguno de los hechos que se les imputaba”, según consta en el fallo, “sino que ‘se limitó a recibir a las distintas personas detenidas por otros oficiales’“.
La magistrada concluyó: “No debe olvidarse que la puesta en tela de juicio del estado de inocencia por obra de la persecución penal no puede durar más allá de cierto término, porque la persistencia temporal del proceso, sin una decisión definitiva, implicaría un desconocimiento práctico del principio de inocencia”.
Victoria Villarruel desempató en el Senado y se aprobó la Ley Bases
La marcha contra la Ley Bases y la cacería de Bullrich
El 12 de junio de 2024 se desarrolló una intensa jornada de protesta mientras el Senado debatía la controvertida Ley Bases impulsada por el oficialismo. En este contexto, Bullrich dio luz verde a una cruenta operación represiva que dejó 33 detenidos, en una auténtica cacería de manifestantes.
El gobierno de Milei y sus funcionarios venían agitando el ambiente con amenazas y una vez completado el operativo, intentaron impulsar el relato de que la marcha había sido un supuesto intento de alterar la democracia. En este contexto, avanzaron judicialmente sobre los detenidos.
La ministra Bullrich calificó públicamente a los manifestantes como “terroristas“, mientras que el fiscal Stornelli elaboró un listado de acusaciones que incluían “incitar a la violencia colectiva contra las instituciones”, “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o la intimidación”, “infundir temor público” y hasta “alzamiento contra el orden constitucional”.
Las detenciones incluyeron a docentes, músicos, militantes, vendedores ambulantes de comida, estudiantes y vecinos de asambleas barriales. Lo más alarmante de la situación es que en varios casos se procedió a la detención de personas que ni siquiera estaban manifestándose.
Tal es el caso de la familia Ocampo, que se encontraba trabajando con un puesto de empanadas cuando fueron apresados. Mía Ocampo relató en sede judicial: “Yo no fui a protestar, yo estaba trabajando, tenía el puesto de empanadas”. “Cuando empezaron a reprimir a la gente, yo estaba con mi tía Belén Ocampo, que atendía conmigo el puesto“, agregó.
Explicó que cuando se retiraban y regresaron a buscar una garrafa olvidada, “los policías estaban en fila queriendo avanzar hacia donde estábamos nosotros y nosotros sólo queríamos ir a agarrar la garrafa“.
“En esos momentos, siempre estábamos con las manos arriba, para demostrar que no teníamos nada en las manos, y mi abuelo que estaba un poco más adelante, era empujado por la policía y lo tiraron al piso, al verlo yo me puse de espaldas ante la policía para que no lo pisotearan y ahí me agarró personal policial”, completó.
Acusaron de terrorismo a los detenidos en las manifestaciones frente al congreso y la Fiscalía pide prisión preventiva
La liberación de los imputados y el colapso del relato
Al día siguiente de las detenciones, 17 personas fueron excarceladas tras las declaraciones indagatorias, habiendo pasado dos días privadas de su libertad. El 18 de junio salieron otras 11 personas que habían sido trasladadas a las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz, cuando la jueza Servini dictó falta de mérito para este grupo junto a las 17 ya liberadas.
En octubre de 2024, otros 11 manifestantes fueron desvinculados del proceso, incluyendo a la familia Ocampo mencionada anteriormente. Los casos sobreseídos en esa oportunidad fueron: Santiago Adano, Gabriel Famulari, Nora Edith Longo, Mía Ocampo, Belén Ocampo, Remigio Ocampo, Matías Ramírez, María de la Paz Cerruti, Rubén Dirroco, Mateo D’ettore y Germán Moyano.
Con el sobreseimiento de estos últimos 16 imputados, el resultado final es que de los 33 detenidos inicialmente, solo 6 fueron procesados por delitos menores como “intimidación pública” y “atentado a la autoridad“, muy lejos de las graves acusaciones originales de terrorismo y golpe de Estado.
Posteriormente, 3 personas más fueron identificadas a través del análisis de videos, llevando a 9 el total de procesados que irán a juicio oral.
La abogada Verdú resumió las consecuencias del proceso: “Estas personas se bancaron entre dos y cinco días detenidos y trece meses teniendo que avisar si viajaban, sabiendo que tenían una causa abierta, una locura“.
La criminalización de la protesta resultó en una causa paralela instruida por el fiscal Franco Picardi que investiga posibles violaciones a los derechos humanos durante la represión ordenada por la ministra Bullrich.
El fallo de Servini podría incorporarse como prueba en ese expediente, agregando un elemento adicional al análisis de lo ocurrido durante aquella jornada. Sea como fuere, el caso dejó expuesto el relato con el que el Gobierno de Milei buscó amedrentar protestas en su contra.
Organizaciones sociales se movilizan para exigir la liberación de los detenidos frente al Congreso
Confirmaron el procesamiento del policía que gaseó a una nena
La causa por las manifestaciones contra la Ley Bases no fue la única que tuvo novedades en las últimas horas. Este martes la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento de Cristian Rivaldi, el efectivo policial que roció gas lacrimógeno sobre una nena de diez años.
El hecho ocurrió el pasado 11 de septiembre, en una de las marchas de los jubilados que se realizan semanalmente frente al Congreso y que desde hace meses derivan en una desmesurada respuesta de las fuerzas de Seguridad y en varios episodios de violencia.
El uniformado había sido procesado hace dos meses por los delitos de abuso de autoridad en concurso real y lesiones leves, luego de que la familia de la víctima iniciara acciones. En aquella oportunidad, se confirmó que Rivaldi:
“Arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente y aplicable al caso”.
En aquella oportunidad, el agente había presentado un escrito de 60 carillas asegurando que actuó siguiendo el protocolo y bajo las órdenes de la superioridad que estaba en la sala de operaciones. Aunque admitió haber reprimido a otros manifestantes, aseguró que no vio a la menor sobre la que roció el gas.
En cualquier caso, Bullrich apeló a todos los medios a su disposición para defenderlo e incluso envió un video a medios de comunicación aliados al Gobierno para instalar la versión de que la nena había sido agredida por los propios manifestantes.
