El Gobierno tuvo que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, y el organismo no descartó realizar una visita al país para evaluar la situación.
Representantes del Gobierno de Javier Milei se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en una audiencia virtual que se extendió por casi 2 horas y que giró en torno al protocolo represivo desplegado durante la sesión del Congreso del 12 de junio.
En aquella oportunidad, y en el marco de la discusión por la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, se había activado el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, dando lugar a la detención arbitraria de 33 personas que se habían manifestado frente al Congreso en contra de la iniciativa, a quienes se acusó de cometer actos terroristas.
En este contexto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, y el responsable del Área de Cooperación Internacional del ministerio de Seguridad, Alberto Föhrig, debieron responder ante los cuestionamientos del organismo de Derechos Humanos.
Al respecto, defendieron el protocolo y aludieron a supuestos actos de “desestabilización” o “sedición”, asegurando que tanto el derecho a la protesta como la libertad de expresión están garantizadas en el país.
Sin embargo, recibieron duras críticas por parte de las organizaciones sociales que participaron de la audiencia, a las que se sumó incluso el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab.
Es que, según los denunciantes, la cantidad de personas detenidas arbitrariamente desde la asunción de Javier Milei asciende a 80, mientas que la cantidad de heridos alcanza a 665 personas, que incluyen periodistas y reporteros gráficos que fueron agredidos o recibieron balas de goma mientras cubrían las protestas.
En medio de los cuestionamientos, el Gobierno comenzó a impulsar la liberación progresiva de detenidos discretamente. Dos de ellos, David Sica y Cristian Valiente, fueron liberados casi en paralelo a la audiencia.
Entre tanto, Roberto de la Cruz Gómez y Daniela Calarco Arredondo aún permanecen detenidos, por lo que organizaciones de Derechos Humanos llamaron a manifestarse en Plaza de Mayo para exigir su liberación.
Durante la audiencia también se mencionó la posibilidad de que la CIDH visite el país para realizar una auditoría de la situación a pedido de las organizaciones sociales. “El Estado no tiene nada que esconder”, aseguró Baños.
La defensa del Gobierno Nacional
Al tomar la palabra, Föhrig (mano derecha de Bullrich) aseguró que “el protocolo bajo discusión intenta remediar una serie de falencias que ha tenido el sistema institucional argentino y que se han agravado notablemente en las últimas dos décadas”. “Esta diferencia tiene que ver con el intento de tratar de alterar el funcionamiento de los poderes democráticamente electos mediante el uso de violencia“, agregó.
Ante la mirada atónita de los asistentes, aseguró que “esto ha ocurrido en cuatro oportunidades desde 1983: en 1989, en 2001, en 2017 y en 2024”, asegurando que el 12 de junio pasado se replicó el “modus operandi” de 2017, cuando se trató la reforma previsional de Mauricio Macri en el Congreso.
Según Föhrig, “fuerzas minoritarias” intentaron interrumpir la sesión en el recinto. Sin embargo, ignoró mencionar que poco después del mediodía Prefectura Naval roció con gases lacrimógenos a un grupo de diputados de Unión por la Patria. Más tarde, la situación se volvería más violenta.
El funcionario intentó utilizar estadísticas para demostrar que no suelen realizarse cortes de calles en Argentina. “Entre 1916 y 1996 se totalizan 45 años de gobiernos democráticos y el corte de calles fue cero“, aseguró, y manifestó que la práctica de los cortes de calles se inició en 2003, sin tener en cuenta la metodología de lucha piquetera de la década anterior.
Más adelante, explicó que “el mandato popular que recibió Milei, votado por el 56%, llama a ordenar socialmente al país y evitar que grupos minoritarios atenten al sistema democrático”, y expresó que “el objetivo del protocolo es asegurar la convivencia democrática”.
En un intento de conectar los hechos con los recurrentes cuestionamientos del oficialismo a las organizaciones sociales, aludió a la supuesta extorsión a personas para que militantes participen en las protestas. “Nos interesa que la protesta sea libre y que no sea coactiva por organizaciones y que retacea comida a gente pobre que obliga a las personas a ser parte de las protestas”, dijo.
Entre tanto, Baños, mostró su molestia porque se dijera “livianamente” que en el país no se respeta la libertad de expresión. Además, aseguró que los episodios de represión fueron “grescas”, y detalló:
“Las fuerzas de seguridad se limitaron a custodiar uno de los edificios pilares del Estado y que los legisladores pudieran sesionar“.
Sin embargo, no explicó cómo se configuran los ataques contra legisladores que estaban presentes en las inmediaciones del recinto se configuran como parte de la “custodia” de los edificios. Lo cierto es que además varias personas que fueron detenidas aquel día acusaron a los agentes de llevar adelante “una cacería” que se extendió incluso hasta la avenida 9 de Julio.
“El derecho a la protesta está sujeto a restricciones de otros ciudadanos que tienen visiones diferentes”, aseveró, y agregó que “el Estado argentino no violenta a los periodistas ni cercena a la libertad de expresión”.
“Promueven el desarrollo de una cultura del miedo y del terror”
Del encuentro participaron el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) el Centro de Profesionales de Derecho Humanos, la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), la agrupación H.I.J.O.S. y FATPREN (federación de gremios de prensa), entre otros. Junto a 100 organizaciones, el CELS había solicitado la audiencia ya el 15 de abril pasado, para analizar la situación.
En este contexto, el secretario de derechos humanos de la UTEP, Ángel Borello, remarcó que “promueven el desarrollo de una cultura del miedo y del terror, para detener y silenciar las voces de la protesta que crecen día tras día”.
Entre tanto, Jarab (representante de la ONU) mencionó que “toda restricción tiene que ser limitada a lo estrictamente necesario. El rol de las autoridades tiene que ser el de facilitar el derecho de protesta y no de restringirlo”, y agregó: “La aplicación del protocolo antipiquete ha sido caracterizado por falta de criterios claros”.
En cuanto a lo ocurrido el 12 de junio, remarcó que la represión fue contra “manifestantes pacíficos”, y agregó: “No se puede tratar a una reunión en su conjunto como violenta, asimismo como no se pueden usar conceptos como terroristas a otras conductas que no lo son”.
Finalmente, manifestó su preocupación ante la utilización de tuits del Poder Ejecutivo por parte del fiscal Carlos Stornelli para pedir la prisión preventiva de los 33 detenidos.
Acusaron de terrorismo a los detenidos en las manifestaciones frente al congreso y la Fiscalía pide prisión preventiva
También estuvo presente el abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), quien perdió la visión de un ojo producto de un balazo de goma que lo alcanzó durante las movilizaciones.
Por su parte, Manuel Tufró (director de Justicia y Seguridad del CELS) calificó como “falso” el argumento de un alzamiento contra los poderes del Estado, y remarcó que es un lugar común al que apela el gobierno cada vez que ocurre una protesta.
Algo similar había ocurrido cuando se pedían alimentos en el Ministerio de Capital Humano, remarcó, al tiempo que señaló que a la par con las acusaciones de terrorismo (que finalmente no fueron probadas ante la Justicia) se ignoran hechos de violencia como la quema del móvil de Cadena 3.
A la hora de tomar la palabra, el comisionado José Luis Caballero (relator para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos), manifestó que “Argentina tiene una historia de respeto a los derechos de cuatro décadas”, mientras que Pedro Vaca, relator especial sobre Libertad de Expresión, sugirió hacer una visita para monitorear la situación en el país.
María Alejandra Escobar Cortázar, de la organización CAJAR de Colombia, llamó a evitar un “efecto dominó” en el resto del continente. Por su parte, Carlos Pisoni (de H.I.J.O.S.) solicitó al organismo que pida al gobierno que derogue el protocolo.
“La historia de nuestro país ha generado suficiente sufrimiento para estemos de nuevo dialogando sobre acusaciones de terrorismo y golpe de Estado”, cerró Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.
