La Libertad Avanza logró aprobar la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor y 111 en contra: El gobierno de Javier Milei contó con el apoyo del PRO, la UCR y los representantes de las provincias mineras. ¿Cómo votó cada diputado?
El gobierno de Javier Milei obtuvo en la madrugada del jueves una victoria legislativa clave al lograr que la Cámara de Diputados convirtiera en ley la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada originalmente en 2010.
La votación arrojó 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Con 257 bancas en total, 6 diputados estuvieron ausentes. La sesión comenzó el miércoles a las 15:13 horas y la votación se realizó pasadas las 2:30 horas del jueves, luego de más de once horas de debate.
El oficialismo contó con el respaldo de sus aliados habituales (el PRO y la UCR) y de los bloques que representan a los gobernadores de provincias con proyectos mineros en curso, como Salta, San Juan, Catamarca, Tucumán y Misiones. La norma, que ya contaba con media sanción del Senado, quedó lista para su promulgación por el Poder Ejecutivo.
La reforma modifica el alcance de la protección vigente sobre glaciares y zonas periglaciares. En lugar de una tutela amplia y general, la nueva ley establece que solo quedarán protegidas las formaciones que acrediten una función hídrica relevante, cuya verificación quedará en manos de cada provincia.
Organizaciones ambientalistas, científicos y bloques opositores advirtieron que esta descentralización del control puede abrir la puerta al avance de actividades extractivas en zonas antes resguardadas y que la norma vulnera el principio constitucional de no regresión ambiental. Desde distintas organizaciones anunciaron que recurrirán a la Justicia.
¿Cómo votó cada bloque?
Como era de esperar, la totalidad del bloque La Libertad Avanza votó a favor de la iniciativa, aportando 93 votos afirmativos (la única excepción fue Rocío Bonacci, que estuvo ausente). Le siguieron bloques más pequeños que resultaron decisivos para alcanzar la mayoría necesaria para sancionar el proyecto.
El PRO acompañó al oficialismo con 11 votos: Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando de Andreis, María Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza y Álvaro González. Alejandro Finocchiaro estuvo ausente.
La UCR sumó 6 votos a favor: Guillermo César Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes Ignacio González, Lisandro Nieri, Darío Schneider y Pamela Fernanda Verasay.
El bloque Innovación Federal, que responde a los gobernadores de Salta y Misiones entre otros, votó íntegramente a favor con Claudio Álvarez, Alberto Arrúa, Bernardo Biella, Oscar Herrera, Pablo Outes, Yolanda Vega, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz.
El bloque Elijo Catamarca hizo lo propio: Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Noblega. Lo mismo ocurrió con Independencia (Tucumán): Elia Marina Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera. El bloque Producción y Trabajo (San Juan) aportó los votos de Carlos Gustavo Jaime Quiroga y Nancy Viviana Picón Martínez.
Desde Provincias Unidas, el voto estuvo dividido: 6 diputados acompañaron al oficialismo (Jorge Antonio Ávila, Sergio Eduardo Capozzi, José Núñez, Jorge Rizzotti, Gisela Scaglia y Alejandra Torres) mientras que 11 votaron en contra, entre ellos Martín Lousteau y Juan Schiaretti.
También acompañaron al Gobierno Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Nicolás Massot (Encuentro Federal). Dos diputados de Unión por la Patria, Cristian Andino y Jorge Chica, ambos de San Juan, rompieron con la posición de su bloque y votaron afirmativamente.
Entre tanto, la gran mayoría de Unión por la Patria votó en contra, con alrededor de 90 legisladores. Es decir, la totalidad del bloque, salvo por los dos sanjuaninos y Pablo Raúl Yedlin, quien estuvo ausente.
El Frente de Izquierda rechazó la norma (Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola). La Coalición Cívica hizo lo mismo con Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Votaron en contra también Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).
Las tres abstenciones correspondieron a Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID) y a Karina Maureira (La Neuquinidad). Falcone explicó que su bloque tenía previsto votar a favor en general pero solicitar modificaciones al artículo 3°; al no poder hacerlo por una moción que unificó la votación en general y en particular, optaron por abstenerse.
¿De qué se trata la reforma?
La Ley 26.639, vigente desde 2010, establecía una protección amplia sobre la totalidad de los glaciares y los ambientes periglaciares del país, considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. La nueva normativa introduce una distinción central: solo recibirán tutela estricta las formaciones que demuestren una función hídrica relevante y comprobable.
El mecanismo de verificación de esa función hídrica quedará en manos de cada provincia, que podrá encargar estudios técnico-científicos propios y, en función de sus conclusiones, solicitar al IANIGLA (el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) que retire una formación del Inventario Nacional de Glaciares.
El organismo nacional deja así de ser la autoridad determinante en la materia y pasa a cumplir un rol esencialmente registral.
En cuanto al régimen de prohibiciones, la reforma abandona el esquema de restricciones generales y lo reemplaza por evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, cuya aprobación o rechazo también dependerá de la autoridad provincial.
Entre las actividades que siguen vedadas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de infraestructura industrial y las obras que afecten de manera significativa la condición natural del glaciar o su función hídrica. Sin embargo, la definición de qué constituye una “alteración relevante” también queda sujeta a la evaluación provincial.
La norma incorpora además el principio precautorio: toda formación incluida en el Inventario Nacional se considerará protegida hasta que la autoridad ambiental local demuestre que carece de función hídrica.
Se exceptúan de cualquier restricción las actividades de rescate, las científicas no invasivas y las deportivas no motorizadas. El Gobierno argumentó, entre sus fundamentos, que a quince años de vigencia de la ley original solo se completó el nivel 1 del Inventario y que resta determinar la función hídrica efectiva de gran parte de las formaciones relevadas.
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¿Cómo fue el debate en el recinto?
El debate se extendió por más de once horas con una dinámica particular: varios diputados de La Libertad Avanza que estaban anotados como oradores se bajaron de la lista, y el oficialismo intervino principalmente al inicio y al final de la sesión.
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, el libertario José Peluc, abrió el debate defendiendo la audiencia pública previa a la sesión, a la que calificó de “histórica”. Detalló que de los más de 106.000 inscriptos, 90 subieron videos, 2.999 presentaron escritos, 113 participaron de manera presencial y 98 de forma virtual.
Sus dichos llaman la atención, ya que una de las principales críticas de la oposición y de organismos ambientalistas fue justamente la maniobra del oficialismo para evitar la intervención de la gran mayoría de los más de 100 mil inscriptos, de los que solo pudieron participar menos de 300.
“Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”, sostuvo. Su par en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, afirmó que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares” y que la ley “viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió a refutar ese argumento y recordó que la ley vigente “permitió el desarrollo minero“. Cabe recordar que uno de los argumentos del Gobierno fue que las regulaciones habían impedido cualquier tipo de desarrollo minero en la región.
Advirtió además que muchos proyectos que ya están en marcha “cuentan con una seguridad jurídica” que, según explicó, la reforma pondría en riesgo. También cuestionó la forma en que se realizaron las audiencias públicas, a las que llamó “amañadas”.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, comentó: “Estamos frente, quizás, a una de las peores leyes que hayan traído a este Congreso de la Nación, porque no dimensionamos el retroceso sin precedentes, con graves consecuencias, que va a traer esta ley totalmente inconstitucional”.
Ferraro denunció además que “las mineras redactaron esta ley” y cuestionó lo que describió como “un escandaloso y displicente lobby y conflicto de intereses“. Pocos días atrás, el Secretario de Minería fue denunciado por hacer lobby para las empresas mineras para las que previamente había trabajado.
La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, aprovechó que Luis Petri presidía ese tramo de la sesión para recordarle que en 2011, siendo legislador radical en Mendoza, había votado en contra de un proyecto de explotación minera.
“Quieren doblegar a los manifestantes de afuera a fuerza de represión, a los gobernadores los cooptan a fuerza de ATN y otros, como usted, pasan de ser defensores del ambiente a presidir una sesión donde se destruye algo tan valioso como los glaciares y los periglaciares”, lanzó.
Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, anunció su voto en contra y advirtió que “esta ley es un retroceso, es un hecho negativo y abre camino a la (reforma de la) Ley de Bosques”. Anticipó también que la norma sería impugnada ante la Corte Suprema, a la que calificó de el ámbito donde se dirimirá su constitucionalidad.
El diputado de UP Juan Grabois fue más incisivo: “El único sentido de la ley es habilitar la minería de glaciares porque es terraplanista, envenenada, corruptora e inconstitucional”. También apuntó que “los argumentos científicos son más truchos que las hipotecas de Adorni y la criptomoneda de Milei“.
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la diputada Sabrina Selva, manifestó que “el debate propuesto respecto a la reforma de la ley de glaciares es tan deshonesto como el gobierno, tan mentiroso como su relato”. “Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, pronosticó.
Máximo Kirchner, en tanto, intentó desarticular el argumento de que la ley original frenaba la producción: “El aumento de la explotación de litio se hizo con esta ley. No hay una justificación para que podamos decir ‘no hemos podido producir'”.
Por el lado de los bloques provinciales que apoyaron la iniciativa, Pablo Outes, de Innovación Federal, argumentó que “lo único que buscábamos es devolverles a las provincias sus facultades para opinar de sus recursos”.
El cierre del debate le correspondió al jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. “Hace falta una aclaratoria de esta ley 26.639 que nos da la posibilidad de devolverle lo que nosotros llamamos federalismo“, señaló, y remarcó que “el artículo 124 de la Constitución Nacional nos da la potestad de las tierras a cada una de las provincias“.
Mientras el debate se desarrollaba en el interior del recinto, en las afueras del Congreso las fuerzas de seguridad reprimían a manifestantes que se habían concentrado bajo la consigna “La Ley de Glaciares No Se Toca“.
Organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas protagonizaron la protesta, y hubo movilizaciones similares en otras provincias, entre ellas Mendoza. Desde distintas ONG anticiparon que presentarán recursos judiciales para impugnar la nueva normativa.
