Legisladores y abogados ambientalistas presentaron una denuncia penal contra el secretario de Minería Luis Lucero tras su participación en el plenario de comisiones en el que el gobierno de Javier Milei obtuvo dictamen para tratar la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.
Legisladores opositores y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentaron una denuncia penal contra el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo durante el debate legislativo de la reforma a la Ley de Glaciares.
El fundamento de la acusación es que Lucero habría intervenido activamente en un proceso que podría beneficiar a empresas para las cuales trabajó antes de asumir su función pública. La presentación fue radicada en una audiencia judicial y se suma a una denuncia previa ya existente contra la senadora Flavia Royón.
El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado el 26 de febrero, consiguió dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Diputados este martes con 37 firmas. Este miércoles a las 15 horas está convocada la sesión especial en la Cámara de Diputados. El gobierno de Javier Milei asegura tener los votos suficientes para convertirlo en ley.
La denuncia contra el secretario de Minería
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó la denuncia penal contra Lucero en el marco de una audiencia judicial, argumentando que el funcionario incurrió en una incompatibilidad al participar en la discusión de una norma que beneficiaría directamente a empresas con las que mantuvo vínculos profesionales.
Antes de asumir como secretario de Minería (cargo al que llegó mediante el decreto 307 del 15 de abril de 2024) Lucero se desempeñó como abogado en el estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal, donde asesoró a compañías mineras internacionales. También integró directorios de empresas del sector.
Por ese motivo, el propio ministro de Economía Luis Caputo lo había excusado formalmente el 14 de mayo de 2025, a través de la resolución 630/25, de intervenir en “todas las tramitaciones relacionadas” con las firmas Glencore Pachón SA, Minera Alumbrera Limited, Minera Agua Rica, MIM Argentina SA y MIM Argentina Exploraciones SA.
Sin embargo, para los denunciantes esa excusación “no fue efectiva”. Sostienen que Lucero participó igualmente en iniciativas orientadas a flexibilizar la Ley de Glaciares y ampliar las zonas habilitadas para la minería, lo que configuraría un conflicto de intereses al momento de intervenir en decisiones públicas que podrían favorecer a esas mismas compañías.
La organización advierte sobre un posible “entramado de intereses” que vincula a funcionarios, estudios jurídicos y empresas mineras, y lo describe como una dinámica de “puertas giratorias” entre el sector público y privado.
Además de la presentación contra Lucero, la asociación incorporó nuevos elementos a la causa preexistente contra la senadora Royón, solicitó medidas de prueba y pidió ser aceptada como parte querellante. “Lo que se discute no es solo la responsabilidad penal individual, sino el uso del Estado para favorecer intereses privados“, señalaron desde la entidad.
Un plenario de comisiones cargado de tensión
La reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de Diputados, donde se firmó el dictamen este martes, estuvo atravesada por acusaciones cruzadas desde el inicio. La presencia de Lucero como expositor fue el principal detonante.
La diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, remarcó que “tenemos un funcionario nacional que se tuvo que abstener de participar de procedimientos en el Poder Ejecutivo pero viene hoy, acá, a hacer lobby minero”.
El jefe del bloque, Germán Martínez, también se expresó: “Se están dando cuenta que estas modificaciones les va a traer más problemas que soluciones y que el punto de vista de lo jurídico es más vulnerable que la ley que tenemos vigente en este momento. Y por eso están viniendo los dueños del chancho, para que chifle“.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, exigió que el secretario se retirara del plenario. “él claramente en 2025, por haber pertenecido a un estudio de abogados y asesorando a más de una decena de empresas mineras, solicitó al propio ministro Caputo excusarse de las decisiones administrativas respecto de proyectos mineros puntuales”, argumentó.
Y remató: “Le pedimos que se excuse y no participe de este proceso, que ya está bastante viciado por la presión y por el lobby escandaloso”.
La diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Plá, comentó: “Este es un plenario de comisiones del lobby minero, y el Congreso no tiene cobertura”. Myriam Bregman también cuestionó su presencia: “Cuando lo vemos que viene a exponer y contar las bondades de la ley, es una afrenta. Ya no cuida ni las formas“.
Lucero respondió “con orgullo” que formó parte de las empresas mineras y consideró que eso le permitió aprender sobre el sector. Rechazó las críticas sobre el agua: “No es el agua algo que queramos atacar. Es algo necesario para todos”. También defendió la constitucionalidad del proyecto y apuntó contra la oposición por su “menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales“.
La diputada Adriana Serquis cuestionó los criterios técnicos del proyecto: “No puede haber un criterio científico si se basan en un solo trabajo”. Su par María Inés Zigarán señaló que el proyecto no pasó por la comisión de Minería.
Al cierre del plenario, el oficialismo reunió 37 de las 66 firmas posibles y aseguró el dictamen de mayoría. Ingresarán también al recinto al menos tres dictámenes de minoría en rechazo, presentados por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
¿El oficialismo tiene los números para aprobar el proyecto?
El jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, cuenta 131 posibles votos favorables, aunque con cierto margen de incertidumbre. Para el pedido de sesión firmaron legisladores de LLA, el PRO, la Unión Cívica Radical, los bloques Independencia, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz, lo que suma aproximadamente 119 voluntades declaradas.
El oficialismo espera sumar también a bancadas como Innovación Federal, Elijo Catamarca e Independencia, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.
Existe además la posibilidad de que un sector del peronismo acompañe, tal como ocurrió en el Senado con los exgobernadores Sergio Uñac y Lucía Corpacci, ambos representantes de provincias mineras.
Un factor adicional que podría haber destrabado algunas resistencias fue la publicación en el Boletín Oficial de un refuerzo de 400 millones de dólares en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que respondería a la ya usual estrategia del gobierno de Milei de habilitar los fondos que las provincias urgentemente necesitan a cambio de votos.
En cuanto al contenido, la reforma apunta a modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece restricciones a la actividad en zonas de glaciares y ambiente periglacial.
El cambio central es la redefinición de qué se protege: el texto vigente contempla una tutela amplia y general, mientras que el proyecto propone limitar esa protección a los cuerpos de hielo que acrediten una “función hídrica efectiva”.
Además, transfiere a las provincias la potestad de determinar qué áreas quedan alcanzadas por esa protección, por encima de la autoridad del IANIGLA (el organismo científico nacional competente).
En la práctica, esto significa pasar de una protección general a una protección condicionada, con criterios técnicos redefinidos y una autoridad de aplicación descentralizada. Más de 85 constitucionalistas advirtieron que los cambios podrían representar un retroceso respecto del artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano.
Las provincias detrás de la reforma
La lista de expositores en el plenario fue otro punto de disputa. Entre los presentes o conectados de forma remota estuvieron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; funcionarios de Mendoza, Salta y Jujuy; y varios subsecretarios nacionales vinculados a la minería y el ambiente.
San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza son las cinco provincias con actividad minera que lideraron el reclamo de cambios. La historia de esa presión es larga: la Mesa del Litio, creada en 2021 entre Catamarca, Salta y Jujuy, y la Mesa del Cobre, conformada en 2024 entre San Juan y Mendoza, funcionaron como espacios de articulación política para impulsar la modificación.
El gobernador Orrego sintetizó la posición de ese bloque territorial: “La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro“. También rechazó que la reforma implique una delegación de facultades.
“Esta ley no viene a delegar facultades a las provincias, sino a reconocerlas”, afirmó, en referencia al artículo 124 de la Constitución, que asigna a las jurisdicciones el dominio de sus recursos naturales.
Desde la oposición, la diputada Selva señaló que la reforma no había sido consensuada en el Consejo Federal de Medio Ambiente ni con la totalidad de las provincias, por lo que cuestionó la representatividad del proceso.
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Las empresas detrás de la reforma
Detrás del interés provincial hay un mapa empresario claro. BHP, Glencore, Barrick Mining, Lundin Mining, Rio Tinto y McEwen Copper son las seis compañías con mayor exposición a los cambios regulatorios en discusión.
El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Mineras, Roberto Cacciola, fue explícito ante el Congreso: el 75% de los proyectos cupríferos del país necesita que “el tema glaciares se resuelva”.
En San Juan se concentran varios de los desarrollos más relevantes. Veladero, operado por Barrick Mining, registra al menos cinco derrames de solución cianurada desde 2015. El Pachón, controlado por Glencore, proyecta una inversión de 9.500 millones de dólares.
Los Azules, de McEwen Copper, fue aprobado dentro del RIGI con una inversión estimada de 2.700 millones. El CEO de esta última compañía, Michael Meding, reconoció que una modificación de la ley “mejora la financiabilidad de proyectos porque sacás incertidumbre“, aunque reconoció que su proyecto es viable con la normativa vigente.
El emprendimiento Vicuña, un joint venture entre BHP y Lundin Mining que integra los proyectos Filo del Sol y Josemaría, prevé inversiones de cerca de 18.000 millones de dólares. Sus accionistas fueron recibidos por el presidente Milei en Casa Rosada nueve días antes de la votación en el Senado.
En Catamarca, el proyecto MARA, también bajo control de Glencore, opera sobre la infraestructura de Minera Alumbrera y acumula antecedentes judiciales por incumplimientos ambientales.
En el nivel más profundo del mapa de intereses, un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma identifica la presencia cruzada de los fondos de inversión BlackRock y Vanguard en las principales mineras involucradas.
BlackRock posee el 5,6% de BHP y el 7,3% de Glencore; Vanguard controla alrededor del 5,36% de BHP. El documento concluye que “los principales beneficiarios de esta reforma comparten accionistas comunes, entre ellos los grandes fondos de inversión globales”.
El informe también precisa el efecto normativo del cambio: “Se invierte la carga de la prueba: ya no son las actividades las que deben demostrar que no afectan, sino que el glaciar debe probar que merece protección”. Y advierte que la exclusión de glaciares pequeños podría impactar en reservas hídricas de valor estratégico para las poblaciones de la región.
