Legisladores de la oposición pidieron impugnar las audiencias públicas por la Ley de Glaciares luego de que La Libertad Avanza bloqueara la participación de casi todos los ciudadanos que pidieron participar, y denunciaron que la jornada “se transformó en una farsa”.
Este miércoles a las 10 comenzaron las audiencias públicas en la Cámara de Diputados para debatir la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), que ya cuenta con media sanción del Senado.
La primera jornada se desarrolla en la Sala 2 del Anexo C del Palacio Legislativo y se extenderá al jueves 26, en un proceso que generó controversia antes incluso de iniciarse por las restricciones impuestas al acceso ciudadano por parte del Gobierno de Javier Milei.
Las audiencias fueron convocadas en forma conjunta por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, en el marco del expediente 0072–S–2025.
El proyecto en cuestión propone modificar el alcance de la normativa vigente: busca limitar la protección a las formaciones glaciares que tengan una función hídrica comprobable y otorgar mayor participación a las provincias en la actualización del inventario de glaciares, tarea que hoy realiza un organismo científico nacional.
El esquema de participación definido por el oficialismo combina tres modalidades. El miércoles, las exposiciones son presenciales y están reservadas exclusivamente para quienes recibieron una notificación previa por correo electrónico. El ingreso al edificio se habilitó desde las 9 por la intersección de las calles Mitre y Riobamba.
El jueves 26, otras 180 personas participarán de forma remota. El resto de los inscriptos (la amplia mayoría) tuvo la opción de enviar un video de hasta cinco minutos o un documento escrito, material que quedará incorporado al expediente legislativo como antecedente del debate.
Solo pueden acceder a la sala quienes fueron notificados fehacientemente. Todos los diputados nacionales, en cambio, tienen acceso garantizado por reglamento, independientemente de si integran o no las comisiones convocantes. Sin embargo, se solicitó a los bloques políticos limitar la presencia de asesores al número comunicado por la Secretaría Parlamentaria.
Cabe mencionar que los presidentes de ambas comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz, son de La Libertad Avanza, y estarán a cargo de administrar los tiempos de exposición de los cerca de 200 oradores de la jornada.
El oficialismo excluyó a más de 100 mil inscriptos
El dato que marcó el tono del debate desde antes de que comenzara es el siguiente: 102.116 personas se inscribieron para participar de las audiencias, una cifra sin precedentes en la historia del Congreso argentino.
En principio, el interés de la ciudadanía sería algo a celebrar. Sin embargo, apenas alrededor de 360 personas podrán exponer en vivo (180 de forma presencial y 180 de manera remota), lo que representa menos del 0,3% de quienes manifestaron interés en hacer uso de la palabra.
El criterio de selección adoptado por el oficialismo priorizó a los primeros inscriptos de cada provincia, con el argumento de garantizar representación federal de las 24 jurisdicciones. Esa decisión fue el eje de los cuestionamientos que llegaron tanto desde la oposición parlamentaria como desde organizaciones ambientales y sociales.
Un grupo de legisladores presentó este miércoles una impugnación formal contra las audiencias. La encabezó el diputado Maximiliano Ferraro y la acompañaron Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.
En el documento, los legisladores del peronismo y la Coalición Cívica sostienen que el proceso “resulta inválido” y que el esquema implementado restringe la participación de manera “ilegítima”.
Argumentan que se vulneran el reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (25.675) y el Acuerdo de Escazú (27.566), tratado internacional que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Entre los puntos señalados en la impugnación figuran:
- La sustitución de la instancia deliberativa oral por mecanismos escritos o audiovisuales
- La implementación de criterios de selección de participantes poco claros y discrecionales
- La restricción de la exposición oral directa
- La ausencia de reglas preestablecidas sobre tiempos, orden de exposición y mecanismos de priorización.
Ferraro (Coalición Cívica) fue contundente al caracterizar el proceso: “Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. En lugar de garantizar la escucha, se decidió limitar la participación al 0,3%”. También señaló que las reglas del proceso fueron modificadas una vez iniciada la convocatoria. También planteó el problema en términos más amplios:
“Más de 100.000 personas se inscribieron para opinar sobre un tema clave para el país, especialmente para provincias y comunidades vinculadas al agua de los glaciares. Sin embargo, en lugar de garantizar la participación, se redujo al 0,3% y se acallaron voces. No se pueden impulsar cambios de esta magnitud de manera apresurada, sin debate genuino ni consenso social“.
Por su parte, Selva (Unión por la Patria) cuestionó la falta de transparencia en la selección de oradores y apuntó contra el uso de un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para restringir la intervención de ciudadanos de otras jurisdicciones: “Se busca aparentar una audiencia pública, pero no garantizar una instancia real de participación”, afirmó.
La impugnación solicita que se declare inválida la audiencia, se anulen las actuaciones realizadas en ese marco y se convoque a una nueva instancia con condiciones de participación “reales, abiertas e inclusivas”. Los legisladores además dejaron abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia si persisten las condiciones que denuncian.
Sectores del PJ, la izquierda, la Coalición Cívica y parte del radicalismo respaldaron una movilización frente al Congreso bajo la consigna “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”, prevista para este miércoles a las 17 horas. La convocatoria también incluye organizaciones ambientalistas, movimientos sociales y representantes de pueblos originarios.
Pese a los reclamos, el oficialismo mantuvo el formato y las fechas definidas en el plenario de comisiones, rechazando los pedidos de ampliar la cantidad de jornadas de audiencia.
El gobierno realiza un operativo de seguridad
Previamente, un pedido de suspensión presentado por el abogado Jonatan Baldiviezo, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis, fue rechazado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira.
El magistrado consideró que no se acreditó la verosimilitud del derecho invocado para frenar un acto parlamentario y dejó en pie el cronograma. Sin embargo, al momento de comenzar las audiencias quedaba pendiente otra presentación judicial.
Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace habían solicitado ante el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, que se ordenara al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos.
Como era de esperar, el gobierno implementa desde la mañana cortes de tránsito en la zona del Congreso a cargo de fuerzas federales. Los puntos afectados incluyen Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, Avenida Rivadavia y Sarandí, Riobamba y Mitre, y Avenida Callao y Mitre.
Las autoridades nacionales recomendaron evitar la zona o prever demoras considerables. El Gobierno desplegó además un intenso operativo de seguridad en previsión de la marcha convocada para la tarde, a cargo de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.
Concluidas ambas jornadas, el oficialismo prevé avanzar con la firma del dictamen durante la primera semana de abril y llevar el proyecto al recinto de manera inmediata. El debate legislativo que se avecina promete ser tenso, tanto por el contenido de la reforma como por las condiciones en que se desarrolló el proceso de consulta pública previo.
Además, el proyecto busca acotar la protección de las zonas periglaciares a aquellas con función hídrica demostrable y descentralizar hacia las provincias la gestión del inventario de glaciares, algo que ya generó posiciones encontradas antes incluso de llegar al recinto.
