El Senado aprobó con cambios el proyecto que flexibiliza la protección de los ambientes periglaciares para abrirle las puertas a la megaminería, en una sesión donde el gobierno de Javier Milei también consiguió el respaldo al acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Cómo votó cada senador?
El cuerpo legislativo dio media sanción a la reforma que flexibiliza la protección de los ambientes periglaciales para habilitar actividades extractivas. En la misma sesión, ratificó el tratado comercial con Europa, aunque el gobierno de Javier Milei no pudo concretar su objetivo de ser el primer país de la región en aprobarlo.
Con una jornada de intenso debate que se extendió varias horas, el Senado de la Nación aprobó la modificación de la Ley de Glaciares (26.639) por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo y redactado por el Consejo de Mayo (cuyas autoridades eligió el presidente por decreto), introduce cambios en el régimen de presupuestos mínimos ambientales vigente desde 2010 y pasa ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento en el período ordinario.
En la misma sesión, el Senado avaló el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque un intento oficialista por acortar el debate para adelantarse a Uruguay en la ratificación del pacto no prosperó.
¿Cómo votó cada Senador las modificaciones de la Ley de Glaciares?
Los 40 votos afirmativos reunieron al bloque completo de La Libertad Avanza (21 senadores), más el apoyo de un grupo de legisladores de otros espacios. Del radicalismo acompañaron Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Carolina Losada, Silvia Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.
Del PRO lo hizo Martín Göerling. También votaron a favor los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut del Frente Renovador de la Concordia, la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Avila, Carlos “Camau” Espínola de Provincias Unidas, y los tres senadores de Convicción Federal.
Dentro del peronismo, el bloque dio libertad de acción a sus miembros, lo que derivó en que la catamarqueña Lucía Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac sumaran sus votos a la mayoría.
Los 31 votos negativos correspondieron en su mayor parte a los 23 integrantes del interbloque Popular, a los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, a Andrea Cristina y Victoria Huala del PRO, a la chubutense Edith Terenzi, a la cordobesa Alejandra Vigo de Provincias Unidas, y a José María Carambia y Natalia Gadano del bloque Moveré por Santa Cruz.
La senadora neuquina Julieta Corroza anunció su abstención tanto en la votación general como en las siete votaciones particulares. El resultado se repitió en cada instancia del debate en particular.
La sesión estuvo marcada por la habitual desprolijidad de La Libertad Avanza: el dictamen con modificaciones incorporadas a último momento llegó a las bancas de los legisladores recién durante las exposiciones de los miembros informantes. El hecho generó una reacción inmediata del bloque de José Mayans, que alertó públicamente sobre la situación.
También vale mencionar que antes del inicio del debate, doce activistas de Greenpeace fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal tras ingresar a las escalinatas del Congreso para protestar contra el proyecto. También un camarógrafo fue agredido y detenido por la Policía Federal.
¿Qué establece el proyecto votado en el Senado?
La iniciativa redefine el objeto de protección de la ley original. En lugar de amparar la totalidad del ambiente periglacial, circunscribe la tutela a los glaciares y geoformas que “cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas.
La determinación de cuáles formaciones cumple ese rol queda en manos de la autoridad ambiental de cada provincia, cuya información deberá ser remitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para la actualización del Inventario Nacional de Glaciares.
El texto incorpora el principio precautorio: todo glaciar o geoforma registrado en el inventario se considerará protegido hasta que la autoridad provincial certifique que carece de funciones hídricas. Solo una vez verificada esa ausencia de función podrá habilitarse la intervención económica en la zona.
Respecto al régimen de prohibiciones, la norma mantiene la veda sobre la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural de las formaciones o su función hídrica.
Sin embargo, esas restricciones se aplican exclusivamente sobre las formaciones con función hídrica certificada, lo que abre la posibilidad de intervención en zonas periglaciares que no superen ese umbral. Las provincias quedan facultadas para determinar, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante.
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¿Qué dijeron los senadores durante la sesión?
La senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza, Justicialista) fue una de las voces más críticas del proyecto: “Esto no es una modificación técnica a la Ley de Glaciares. Esta es una ley que flexibiliza estándares ambientales, es un retroceso y un cambio de paradigma. Pasamos de un paradigma científico, técnico y rígido a un criterio discrecional y político“.
Añadió que el 70% del territorio argentino es árido y que la población de esas zonas depende del deshielo cordillerano para el agua, la producción y el arraigo. “Si hoy habilitamos que se pueda explotar un glaciar, ese glaciar desaparece. Y son formaciones que tardan cientos de años en crearse”, señaló.
El rionegrino Martín Soria (Justicialista) apuntó contra el carácter de la reforma: “Este no es un proyecto técnico ni con fines ambientales, es una reforma ideológica y servil“. Para el senador, el modelo que persigue el Ejecutivo apunta a una Argentina “primarizada donde se exportan recursos naturales totalmente subordinada a los intereses del mercado global“. También advirtió:
“Esta ley es para un grupo de empresas privilegiadas“.
El santacruceño José María Carambia (Moveré por Santa Cruz) justificó su voto negativo remarcando que “entendemos que este proyecto está muy mal redactado y eso va a generar muchas interpretaciones. No quiero que esa interpretación quede en manos de ningún gobernador. Como estaba la Ley de Glaciares anterior es mejor que esta, por eso votaremos en contra”.
La cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) señaló que el proyecto “carece de un enfoque centrado en el paradigma de la protección ambiental y en el cambio climático, que hoy ya ningún país es capaz de negar, y omite el rol adaptativo que tienen nuestros glaciares”.
También advirtió que la reforma introduce riesgos de regresión normativa contrarios a los principios de progresividad.
Desde el oficialismo, Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) defendió la iniciativa diciendo que “esta ley es profundamente política porque hablamos de ideas respecto a cómo crece, se desarrolla y se construye la riqueza en Argentina. Los recursos van a seguir enterrados con esta concepción retrógrada de no poder explotar los propios recursos naturales”.
La salteña Flavia Royón, que votó a favor, rechazó las críticas al rol provincial: “En las provincias no es la decisión política de un gobernador la que habilita o no un proyecto. Eso es faltarle el respeto a los cuerpos técnicos de muchas provincias, donde hay técnicos capaces”.
“¿Qué les hace creer que los técnicos de Nación son mejores?“, dijo Royón, quien también sostuvo que el texto del proyecto “refuerza la protección” de las reservas de agua, en contraposición a las críticas de la oposición y especialistas sobre este tema.
El catamarqueño Flavio Fama (UCR) intentó encontrar un punto medio para justificar su postura: “Debemos ser cuidadosos con el ambiente, pero no podemos bloquear el desarrollo“.
La presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Edith Terenzi, que votó en contra y firmó el dictamen en disidencia, planteó objeciones constitucionales de fondo: “En esta ley no estamos haciendo ajustes técnicos, estamos introduciendo cambios fundamentales y estructurales“.
Advirtió que la modificación “desnaturaliza el concepto de presupuesto mínimo volviéndolo flexible y negociable” y se aparta del “federalismo ambiental de concertación” que la Corte Suprema había equilibrado en su jurisprudencia.
El Senado aprobó el acuerdo con la Unión Europea
En la misma sesión, el Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea con 69 votos a favor y 3 en contra. Los votos negativos correspondieron a los senadores justicialistas Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” De Pedro y Cristina López.
El tratado, suscrito el 17 de enero en Asunción por el propio Milei, había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados el 12 de febrero.
El oficialismo intentó durante la sesión una maniobra para reducir los tiempos del debate: el senador radical Maximiliano Abad presentó una moción para cerrar anticipadamente la lista de oradores con el objetivo de que Argentina fuera el primer país latinoamericano en ratificar el acuerdo.
La moción no prosperó. Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó el mismo acuerdo, dejando a Argentina en el segundo lugar. El canciller Pablo Quirno, que había concurrido al Senado para presenciar la sesión, fue testigo de la jugada frustrada.
Sin embargo, horas después de la sanción parlamentaria, Milei promulgó el decreto que convirtió el acuerdo en ley, y el propio Quirno anunció que Argentina se había transformado en el “primer país del Mercosur en promulgarlo“, una suerte de premio consuelo para el gobierno nacional.
El tratado eliminará aranceles en más del 90% de los bienes intercambiados entre ambos bloques. Entre sus objetivos figura la consolidación y diversificación del comercio de mercancías agrícolas y no agrícolas, la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, y la facilitación del comercio mediante normas aduaneras y fitosanitarias acordadas.
Aunque el Parlamento Europeo lo había frenado temporalmente y derivado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el acuerdo finalmente avanzó en su proceso de ratificación en ambas regiones.
