El gobierno de Javier Milei habilitó anticipos financieros para doce provincias en la previa del tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, y Diego Santilli se reunió con dos gobernadores aliados para procurarse su apoyo parlamentario.
La Cámara de Diputados sesionará este miércoles para tratar la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei. En la previa, la administración libertaria habilitó anticipos financieros por hasta $400.000 millones a doce provincias y envió al ministro del Interior, Diego Santilli, a reunirse con gobernadores para asegurarse su respaldo.
Milei abre la billetera antes de la sesión
El lunes, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto 219/2026, que autoriza la entrega de anticipos de coparticipación a doce provincias. La medida lleva la firma del presidente Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo.
El monto total asciende a $400.000 millones, que deberán ser devueltos dentro del mismo ejercicio fiscal con una tasa fija nominal anual del 15%. La Secretaría de Hacienda definirá cuánto recibirá cada provincia según su capacidad de repago y su participación en la recaudación nacional.
El mecanismo de devolución será automático: el organismo podrá retener directamente recursos coparticipables en caso de que algún distrito no cancele el adelanto en tiempo y forma.
Las provincias beneficiadas son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Varias de ellas tienen legisladores alineados con el oficialismo o gobernadores que respaldaron activamente la reforma de la Ley de Glaciares.
Sin embargo, la medida también es parte de una estrategia para parchar la cada vez más acuciante situación social y financiera que vienen causando las medidas del gobierno nacional. Es que la decisión llega en un contexto de ocho meses consecutivos de caída en la recaudación provincial.
Desde los propios distritos reconocen que la situación es apremiante: las paritarias presionan el gasto y los ingresos no alcanzan. Los anticipos ofrecen oxígeno inmediato, aunque también son parte de la estrategia de diciplina fiscal del gobierno de Milei.
En paralelo al decreto, Santilli recibió en la Casa Rosada a los gobernadores Claudio Poggi (San Juan) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Las reuniones, realizadas por separado, giraron en torno al paquete de proyectos que el Ejecutivo busca aprobar en el Congreso.
Esto no solo incluye la reforma de la Ley de Glaciares, sino también la modificación de la Ley de Tierras Rurales, una nueva ley de desalojos y el endurecimiento de penas para delitos migratorios. Poggi también mencionó en redes sociales que conversaron sobre la posible prórroga de la concesión provincial sobre la Ruta Nacional 7.
El oficialismo espera un resultado positivo
El oficialismo llegó al martes con el dictamen prácticamente asegurado. La reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano fue convocada para ese día con el objetivo de emitir el despacho, dejando el camino despejado para la sesión especial del miércoles a las 15 horas.
La Libertad Avanza cuenta con el respaldo del PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, además de legisladores vinculados a gobernadores de distritos mineros como San Juan, Catamarca, Salta y Tucumán.
El pedido de sesión especial reunió firmas de alrededor de 127 diputados, apenas dos por debajo del quórum de 129, con margen para incorporar adhesiones adicionales. Por lo pronto, parece difícil que la oposición pueda revertir la situación.
El diputado socialista Esteban Paulón comentó: “El dictamen lo van a tener. Hay impulso de gobernadores y es probable que tengan los votos también en el recinto. No pareciera haber dificultad para el Gobierno”. Al mismo tiempo, advirtió sobre lo que viene después: “Después está la parte judicial, donde hay impugnaciones por todo el proceso”.
Al igual que ocurrió en la Cámara alta (donde el Senado otorgó media sanción el 26 de febrero), algunos legisladores peronistas de provincias mineras podrían sumarse al voto favorable, lo que ampliaría el margen oficialista. Si el proyecto se aprueba en Diputados sin modificaciones, pasará directamente a promulgación, sin necesidad de regresar al Senado.
El Senado dio media sanción a las modificaciones de la Ley de Glaciares
Qué cambia la ley y por qué genera rechazo
La reforma modifica la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares sancionada en 2010. Su cambio central es una nueva clasificación del ambiente periglacial: la iniciativa distingue entre las formaciones que cumplen una función hídrica estratégica (recarga de cuencas, reserva de agua dulce) y aquellas que no la tienen.
Solo las primeras mantendrían la protección legal plena. Bajo la normativa vigente, tanto los glaciares propiamente dichos como los ecosistemas de alta montaña compuestos por suelos y sedimentos congelados están resguardados de cualquier intervención económica.
Con la reforma, las áreas periglaciares sin función hídrica comprobada quedarían habilitadas para actividades industriales y extractivas, sujetas a evaluaciones ambientales a cargo de las autoridades de cada provincia.
El Inventario Nacional de Glaciares se mantiene y seguirá bajo la órbita técnica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Sin embargo, la autoridad de aplicación pasaría a ser la Secretaría de Energía, y serán las jurisdicciones provinciales las que tengan un rol determinante para definir qué áreas quedan bajo protección.
El oficialismo sostiene que la reforma aporta precisión técnica y previsibilidad jurídica. Los gobernadores cordilleranos, que impulsaron la iniciativa desde el inicio, la presentan como una condición necesaria para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
En cambio, el diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana sostuvo que es “una ley que quieren las mineras” y advirtió que la reforma “desprotege los periglaciares” y debilita el rol del Estado nacional en la gestión de recursos compartidos entre jurisdicciones.
Desde La Rioja, la representante María Pía Silva fue más terminante: calificó la reforma de “inconstitucional” por vulnerar el artículo 41 de la Constitución Nacional y el principio de no regresividad ambiental.
También señaló que “la adecuación de las normas jurídicas a las exigencias del sector cooperativo transnacional no es un hecho nuevo” y que esta ley “responde a la urgencia y presión de las empresas mineras transnacionales”.
Pablo Villagra, presidente del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), rechazó la reforma en las audiencias públicas y planteó que “la ley aprobada por el Senado no representa una mejora respecto de la ley vigente porque tiene áreas con hielo sin proteger”.
“No elimina las ambigüedades planteadas”, continuó, “por el contrario, genera nuevas ambigüedades y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia”.
Villagra también precisó el alcance del inventario existente: el organismo identificó 16.078 glaciares en el área continental y casi 17.000 incluyendo las islas, lo que representa apenas el 0,8% de la superficie de la cordillera. Esos datos, señaló, están disponibles públicamente en la plataforma Glaciares Argentino Global.
El gobierno obturó la participación en las audiencias
El camino hasta la sesión estuvo marcado por la polémica en torno a las audiencias públicas realizadas a fines de marzo. Más de 100.000 personas se inscribieron para participar, pero menos de 400 llegaron a exponer. Ese recorte masivo generó cuestionamientos de organizaciones ambientales, bloques opositores y algunos de los propios expositores.
Desde distintos sectores se cuestionó la metodología de selección de participantes y se plantearon dudas sobre la validez legal del proceso, dado que la legislación ambiental vigente y compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú establecen estándares de participación ciudadana que, según los impugnantes, no fueron respetados.
Algunos de los primeros oradores en las jornadas (entre ellos representantes de Buenos Aires, La Rioja y Misiones) rechazaron no solo el proyecto sino también el formato de las audiencias. La tensión se trasladó a la calle, donde hubo manifestaciones en los alrededores de la Cámara.
El oficialismo decidió hacer oídos sordos a los reclamos y prefirió mantener un perfil bajo ante la creciente exposición política del tema. En el plenario de comisiones, la defensa del proyecto quedó a cargo de funcionarios técnicos de segunda línea vinculados a las áreas de minería y ambiente, sin la presencia de ministros del gabinete ni de los principales impulsores del proyecto.
Se trata a todas luces de una estrategia deliberada para no amplificar el debate en un momento en que el Gobierno atraviesa otros frentes abiertos (como los escándalos por los vuelos de Manuel Adorni y los préstamos del Banco Nación).
La oposición, por su parte, anticipó que intentará introducir en la sesión del miércoles referencias a los escándalos recientes que rodean al Ejecutivo. Paulón resumió la lógica del oficialismo: “Seguramente haya planteos por todos esos escándalos de las últimas semanas en la sesión, pero los van a aceptar con tal de que se apruebe la ley”.
Las impugnaciones judiciales ya están en preparación. Organizaciones ambientales y bloques opositores anticiparon que, independientemente del resultado del miércoles, llevarán el proceso a la Justicia.
El argumento central es que las audiencias públicas no cumplieron con los requisitos legales mínimos, lo que podría abrir un frente de litigio sobre la validez del procedimiento legislativo, con independencia del contenido sustantivo de la ley.
