El escrito de uno de los asesores del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Carlos Rosenkrantz, resalta las contradicciones detrás de la decisión de archivar una de las denuncias contra Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles por los chats filtrados por “haber sido obtenidas ilegalmente” y deja al descubierto la doble vara de la maquinaria judicial.
Se trata de Federico Morgenstern, uno de los principales asesores de Carlos Rosenkrantz (vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia), quien en 2014 redactó una tesis sobre la “relativización de la regla de exclusión de prueba ilegal“.
El texto fue escrito en el marco de su maestría de Derecho Penal y publicado en un Tratado de Derecho Constitucional de la editorial jurídica Abeledo Perrot.
Cabe recordar que previamente el juez federal Sebastián Ramos había archivado la denuncia que impulsó el abogado Gastón Marano (el abogado de Gabriel Carrizo) contra Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, en una causa derivada del escándalo de los chats con Marcelo D’Alessandro. En su argumentación, el magistrado había expresado que:
“Es inadmisible e insostenible, que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales, y/o lo que es peor aún, que pueda ser iniciada a través de la comisión de un delito penal”.
En contraposición, el escrito de Morgenstern remarca que “la exclusión probatoria indiscriminada y automática es una solución equivocada“, al tiempo que declara que “el sistema vigente debe ser reconfigurado”.
En ese sentido, “no hay un imperativo constitucional que imponga la exclusión de la prueba ilegal“, salvo en “los casos de tortura y/o presión física o psicológica”. En cuanto a la reconfiguración del sistema vigente, propuso:
“Un esquema normativo alternativo, basado en una ponderación que incorpore y le dé peso a factores como el descubrimiento de la verdad, la necesidad de mantener una justicia funcional y eficaz, la existencia de cierta proporcionalidad entre la intensidad de la lesión producida y la gravedad del delito investigado”.
Por otro lado, el asesor de Rosenkrantz destaca que argumentaciones como las de Ramos contribuyen a frustrar la investigación, y lamenta que “es realmente fácil, demasiado simple, hacer que un proceso penal fracase y brindarle así impunidad al mayor criminal“.
“La potencial connivencia entre abogados defensores y policías o peritos corruptos sería (o mejor dicho es) difícil, casi imposible de probar”, detalla Morgenstern. “Si el Estado excluye ese material probatorio”, comenta, “también se está contaminando moral y políticamente porque el juez pasaría a ser un encubridor obligado de la maniobra“.
“Hay muchos intereses válidos involucrados”
Sin embargo, el asesor de Rosenkrantz aclara que “la solución al uso de prueba ilícita no es evidente“, porque “hay muchos intereses válidos involucrados” y “en el plano nacional y regional no hay una previsión legal expresa que la prohíba”.
“No pienso que la regla de exclusión deba ser abrogada, sí reevaluada y usada en un espectro de casos mucho más acotado que en la actualidad”, agrega.
“Imaginemos una investigación penal por un mega caso de corrupción gubernamental”, dice el escrito, “cualquier infracción a un derecho individual de cualquier imputado tumbaría la potestad punitiva estatal“.
“A veces el respeto por las formas se convierte en perversión de las mismas“, resalta, al tiempo que agrega que:
“Es paradójico que en muchas instancias los mismos sectores, […], que en ciertas situaciones de la vida institucional menosprecian las formas como pura cosmética de un esquema burgués o liberal, alegan que la valoración de pruebas ilícitas es un ultraje a la integridad judicial y el Estado de Derecho”.
El asesor se refiere, según aclara en su tesis, a los sectores “entregados a la lucha a favor de los derechos individuales” y “a reducir el poder punitivo estatal”. Sin embargo, “en los hechos” están dedicados a “fortalecer estrategias de imputación contrarias a las garantías individuales” y “a festejar prisiones preventivas y condenas a cadena perpetua”.
El caso de la Causa de los chats
Las definiciones de Morgenstern, aunque emitidas en 2014, parecen una respuesta directa al manejo de la causa de los chats, donde el juez Ramos recogió un dictamen del fiscal Carlos Stornelli y consideró que “aquellas supuestas comunicaciones” podrían “haber sido obtenidas ilegalmente, producto de presuntas maniobras de inteligencia ilegal“.
En ese contexto, aseguró que convalidar la investigación “colisionaría con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales” y cerró la investigación sobre D’alessandro. Además, remarcó que:
“El único motor de arranque de esta investigación penal sería una conducta presuntamente ilícita, lo que iría directamente en detrimento de las más básicas garantías constitucionales de nuestro país”.
Según había argumentado Stornelli, “la existencia de obstáculos legales insalvables” impedía “analizar el fondo de los hechos”.
Sin embargo, el fiscal no argumentó de la misma manera cuando se refirió a la Causa Cuadernos, en la que recibió la supuesta prueba en forma de fotocopias debido a que los originales habrían sido quemados.
Las idas y vueltas de la causa
Cabe recordar que el 2 de enero, el Gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó la primera denuncia contra Robles ante el juez Guillermo Molinari. En ese momento, el magistrado exigió al asesor de Rosatti que entregara su celular. Sin embargo, Robles se negó. Luego, Molinari se declaró incompetente.
El 3 de enero, Gastón Marano presentó su denuncia en Comodoro Py. Poco después, un individuo llamado Nicolás Nahuel Giasanti presentó una denuncia casi igual.
El 5 de enero, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó su denuncia. La fiscal María Florencia Cáceres consideró que había razones para “instar la investigación” alegando un presunto abuso de autoridad y tráfico de influencias. Sin embargo, también se declaró incompetente.
Entre tanto, el juez Ramos resolvió rápidamente las causas de Marano y Giasanti, que fue archivada.
En el caso de la denuncia de Zamora, ésta llegó al juzgado federal 4, de Ariel Lijo. Como el juez se encontraba de licencia, la causa pasó a manos de la jueza María Servini, quien también se corrió de la investigación.
En este contexto, la Cámara Federal que preside Leopoldo Bruglia debería haber asignado a otro subrogante. Sin embargo, resolvió cambiar el juzgado y sortear uno nuevo. Esto permitió que la causa llegara a María Eugenia Capuchetti.
Como Capuchetti comenzaba sus vacaciones, fue reemplazada por Julián Ercolini (uno de los implicados en el viaje secreto a Lago Escondido), quien dejó pasar los días.
Luego de Ercolini, llegó Ramos, a quien le toco ser subrogante entre el 16 al 23 de enero y que en un día archivó la denuncia de Marano y su melliza.
