Gastón Marano, abogado de Gabriel Carrizo, uno de los detenidos y procesados por el atentado contra CFK, se presentó este miércoles en Comodoro Py y denunció a Silvio Robles, el vocero de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y pidió como medida de prueba que se le secuestre el celular. ¿Una denuncia que podría beneficiar a Robles?
Contexto
La filtración de chats del ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, quien pidió licencia tras el escándalo, provocó una serie de denuncias y contradenuncias en tribunales.
En las conversaciones, Robles le “pasaba letra” a D’Alessandro tanto en el debate sobre la designación de los lugares en el Consejo de la Magistratura, como también le adelantaba el fallo favorable de la Corte en la disputa que mantenía la Ciudad de Buenos Aires contra la Nación y las Provincias por los puntos coparticipables.
La denuncia de Marano
Según se desprende del escrito de tres páginas, Marano realizó la denuncia este último martes a título personal, como abogado “y autoridad, miembro o delegado de numerosas asociaciones de profesionales abogados”. En la presentación sostuvo:
“(No) resulta inocuo enterarme de que un funcionario del Poder Judicial podría estar incurso en un ilícito, incluso implicando su conducta un desvío de poder con entidad suficiente para torcer el contenido de resoluciones judiciales”.
La denuncia recayó en el juzgado que comanda Ariel Lijo.
Pese a ser una denuncia en su contra -y a también exigir el secuestro de su celular- la movida de Marano juega a favor de Robles porque le disputa la causa judicial al juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari quien le pidió a Robles que deposite su celular en una secretaría de la Corte para luego chequear los mensajes que intercambió con D’Alessandro. Robles se negó a entregar su celular.
Marano juega en tándem con la alianza Juntos por el Cambio -dado su rol de ex asesor de un legislador de esa fuerza- y apunta a traer a Comodoro Py la causa que se abrió en la justicia de Santiago del Estero, donde el gobernador Gerardo Zamora también denunció a Robles por los chats con D’Alessandro.
Zamora acusó a Robles por los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público.
Como nadie puede ser investigado dos veces por un mismo hecho, las denuncias contra Robles por sus presuntos chats con el ministro porteño –que son al menos tres– deberán acumularse en un solo juzgado, lo que se podría saldar tras un conflicto de competencia si distintos jueces abren la investigación penal.
Tras la denuncia de Zamora apareció la alianza político-mediático-judicial aliada a JxC reclamando que la causa se traslade a Comodoro Py, donde juegan de local por la larga lista de vínculos entre sus magistrados y el macrismo.
Robles no sólo se negó a depositar el celular sino que recusó al juez y, tácitamente, pidió el traslado al edificio de Retiro: sostuvo que Molinari no es juez natural y que hubo una maniobra de “forum shopping”.
Casi en simultáneo, Marano presentó su denuncia en Comodoro Py por “negociaciones incompatibles con la función pública“.
De esta forma, Marano parece beneficiar al dúo Robles-Rosatti porque el juez que resulte sorteado podría pedirle al magistrado de Santiago del Estero, igual que Robles, que se aparte del expediente, con el argumento de que los hechos ocurrieron en CABA.
El disparador de la presentación son los chats filtrados que Marano cita en su escrito.
“He tomado conocimiento, a través de distintos medios de comunicación, de que el Dr. Silvio Federico Robles, quien detenta el Cargo de Director General, de una de las vocalías del Máximo Tribunal de la Nación, habría mantenido conversaciones harto inadecuadas con un funcionario del ejecutivo porteño, Marcelo D’alessandro”, escribió el letrado.
Y añadió:
“Estas conversaciones incluirían consejos por parte del funcionario de la Corte Suprema respecto a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial, desde la faz procesal”.
Acto seguido, el abogado menciona que Robles “no registra matrícula ante el Colegio Público de Abogados de Capital Federal lo que me permite descartar, en principio, que dichos consejos hayan sido brindados en el marco de un asesoramiento profesional”. Y que
“Aún de estar matriculado en alguna otra colegiatura, su carácter de funcionario público dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo inhabilitaría para brindar asesoramiento sobre causas que pudieran terminar ante el mismísimo órgano en el que se desempeña”.
¿Quién es Gastón Marano?
La imagen de la situación se completa al recordar el perfil de Marano: Se trata del abogado que asumió el 15 de septiembre pasado la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de la llamada “Banda de los copitos”, en la causa en que se investiga el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.
Carrizo actualmente está detenido y procesado como partícipe del atentado contra la vicepresidenta.
La aparición de Marano en la causa provocó revuelo mediático porque tomó la representación legal mientras ejercía como asesor del senador del PRO Ignacio Torres nada menos que en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, es decir, la encargada de controlar a los organismos y agentes del mundo del espionaje.
Luego de que ese dato se difundiera, el legislador macrista decidió desvincularlo.
La socia de Marano en la causa del atentado, Brenda Salva, también asesoraba a una legisladora del PRO, Karina Bachey. Y durante 2022, Marano fue convocado por el diputado Ramiro Marra de La Libertad Avanza, el partido político de Javier Milei.
En su momento, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, se preguntó quién paga los servicios de la defensa de Carrizo.
En la causa judicial, la hermanastra de Carrizo declaró que no tenía el dinero ni para comprar el arma que el detenido mencionó que usaría para asesinar a CFK.
Aun así, Carrizo consiguió un letrado que hasta hizo trabajos para la Embajada de Estados Unidos.
Pese a haber afirmado en su momento que tomó la causa porque se trata de “una causa con gran trascendencia pública y mediática”, que contribuye a “visibilizar su trabajo”, la defensa de Marano cuesta al rededor de 100 mil dólares.
Cabe preguntarse cómo un supuesto vendedor de copos de azúcar puede costear un abogado que cobra un centenar de miles de dólares.
Esta capacidad económica recuerda también las multimillonarias transferencias que hiciera la empresa Caputo Hermanos -de la familia del ex ministro macrista Luis “Toto” Caputo- al grupo de ultraderecha Revolución Federal, donde también se hablaba de asesinar a CFK.
