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miércoles, mayo 29, 2024

Archivaron la denuncia de Marano contra el vocero de Rosatti por los chats con D'Alessandro

El juez federal Sebastián Ramos archivó la denuncia que impulsó el abogado Gastón Marano contra Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, en una causa derivada del escándalo de los chats con Marcelo D'Alessandro.

Algunos medios afines al macrismo comunicacional informaron la noticia como un supuesto cierre de la causa, pero en verdad sólo se desestimó una de las muchas denuncias contra el hombre cercano a Rosatti.

Los argumentos del juez

El juez Ramos esgrimió que “es inadmisible e insostenible, que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales, y/o lo que es peor aún, que pueda ser iniciada a través de la comisión de un delito penal".

Así el juez decidió archivar una de las denuncias que se iniciaron contra Robles por los diálogos con el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia D’Alessandro.

Ramos basó su fallo en la llamada "doctrina del fruto del árbol envenenado", una doctrina jurídica que sostiene que las pruebas obtenidas de manera ilegítima no pueden ser usadas en un proceso legal.

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Sin embargo, pese a que la prueba sea nula para el proceso, la revelación de ilícitos mediante pruebas ilegales no impide la investigación de esos delitos revelados, esta vez sí por medios legales.

Los chats entre Robles y D'Alessandro se filtraron a fines de diciembre del celular de funcionario de la Capital. En esos mensajes se expuso la convivencia entre el máximo tribunal del país y el gobierno porteño. Y pese a que los chats en sí no pueden ser usados en la causa, la posible comisión de delitos entre ambos funcionarios sí puede ser investigada.

La denuncia de Marano

La resolución de Ramos se tomó en una expediente que se había iniciado tras la denuncia de Gastón Marano, conocido mediáticamente por ser abogado de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los implicados en el atentado contra Cristina Kirchner.

En el fallo, Ramos analizó el dictamen fiscal (realizado por el fiscal Carlos Stornelli) y aseguró que correspondía archivar la denuncia por “imposibilidad de proceder”.

No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, recalcó.

Por este motivo, planteó que se debían excluir los chats, lo que imposibilita el avance penal.

“La consecuencia de excluir una determinada prueba por haber violado en su recolección derechos fundamentales, es la imposibilidad de valorar el elemento de prueba de modo que el órgano jurisdiccional no pueda basar ninguna de sus futuras decisiones ­directa o indirectamente­ en una prueba viciada por esas razones”, remarcó el juez.

“Recomponer, en base a los flagelos sufridos a lo largo de la historia el estado constitucional del derecho, llevó y lleva en la actualidad un arduo trabajo, que involucra a la sociedad en su conjunto, de la cual forman parte tanto los funcionarios públicos como aquellos que se dedican al derecho”, reflexionó Ramos al respecto de lo "inadmisible" que considera el inicio de un proceso con elementos que violen garantías constitucionales, en clara referencia al método por el cual se habrían obtenido los chats.

Las otras denuncias contra Robles

Otro quien denunció a Robles fue el gobernador santiagueño Gerardo Zamora, quien había acusado a Robles de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y trafico de influencias.

El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari, que intimó a Robles a que le entregue sus teléfonos celulares para periciarlos, se declaró incompetente y envío la causa a la Capital Federal.

El juez consideró que los delitos habrían tenido lugar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por lo que la justicia federal de Santiago del Estero, “resulta incompetente para su investigación y juzgamiento”.

Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también denunció a Robles ante la justicia federal riojana. Quintela denunció a Robles y a D’Alessandro por violación de los deberes de funcionarios públicos y por tráfico de influencias.

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