Ariel Oscar Lijo nació el 19 de octubre de 1968 en Buenos Aires. En 1993, se recibió de la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En 2001, completó el posgrado de Especialización en Administración de Justicia, también en la UBA.
Ingresó al Poder Judicial en 1991 como meritorio y luego pasó a formar parte del equipo de trabajo María Riva Aramayo, a cargo de la Fiscalía ante la Cámara del Crimen. En 1993, Lijo paso a trabajar como secretario de Cámara, luego de que Riva Aramayo ingresara a la Cámara Federal.
En 2004, fue designado como titular del Juzgado Federal №4, junto con Daniel Rafecas, Julián Ercolini y Guillermo Montenegro, por el entonces presidente Néstor Kirchner.
A lo largo de su carrera, también se desempeñó como profesor de diversas materias en la UBA, en la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en la Universidad del Museo Social Argentino y en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Tuvo a su cargo casos de alta incidencia pública, como algunas causas de lesa humanidad, entre ellas la del Batallón de Inteligencia 601. También procesó a Alberto Kohan, Secretario General de la Presidencia y Ministro de Salud de Carlos Menem, por enriquecimiento ilícito. Llevó a cabo investigaciones en torno al encubrimiento en el caso del atentado a AMIA, por las que procesó al exjuez Juan José Galeano y al extitular de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Hugo Anzorreguy. Tiene a su cargo el caso Ciccone, donde se investiga al exvicepresidente Amado Boudou y la causa por la negociación Grupo Macri-Correo Argentino, relacionada a la familia del expresidente Mauricio Macri.
En 2018, Elisa Carrió presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, coimas, lavado de dinero y tráfico de influencias contra Ariel Lijo y su hermano, Alfredo Lijo. En 2021, el juez Julián Ercolini y fiscal Franco Picardi cerraron esta causa. Sin embargo, existen denuncias pendientes contra el juez que aún no han sido investigadas.
En 2024, el gobierno del presidente Javier Milei lo propuso como candidato a Juez de la Corte Suprema de Justicia, para reemplazar a Elena Highton de Nolasco. Múltiples instituciones judiciales y organismos han presentado su rechazo ante esta postulación, como por ejemplo el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), la Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina (REJIA), la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la Junta de Tribunales Orales Federales, entre otros.
