Pese a que el Gobierno de Javier Milei había denunciado ante la Justicia una deuda de la administración anterior con 38 proveedores de la Secretaría de Turismo, Daniel Scioli ignoró la investigación para pagarle a uno de ellos: Franco Colapinto.
Tras su desembarco en la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli frenó el pago de deudas a proveedores correspondientes a la gestión de Alberto Fernández, de la que él había sido parte antes de continuar sus funciones dentro del Gobierno de Javier Milei.
Puntualmente, objetó los pagos que ya tenía comprometidos con 38 proveedores el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), todos correspondientes a publicidad. Además, en sintonía con el relato libertario, ordenó una auditoría de la institución.
En este contexto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos (funcionario que le permitió a Scioli integrarse a la administración libertaria) impulsó una denuncia ante la Justicia Federal, que desembocó en el juzgado del juez Ariel Lijo (quien fuera candidato de Casa Rosada para la Corte Suprema) y cuyo expediente terminó en manos de Daniel Rafecas.
Lo llamativo es que, en medio de la investigación judicial en curso por supuestos comportamientos deshonestos, el Secretario de Deportes ordenó apurar el pago de la deuda de la entidad, aunque específicamente con Franco Colapinto.
Así, el corredor argentino recibió 400 mil euros en concepto de patrocinio para el campeonato de Fórmula 3 de 2023 que iniciaba el 1 de abril en Melbourne, Australia, a través de la empresa Bullet Sports Managment.
Según consignó el portal LPO, el desembolso fue habilitado gracias a una resolución del Banco Central correspondiente al 28 de agosto de 2024, pese a que el contrato con el corredor era uno de los que estaban siendo investigados por la Justicia.
Esta situación causó malestar en el juzgado de Rafecas, especialmente teniendo en cuenta que había sido el propio gobierno el que había denunciado supuestas irregularidades. Para colmo, desde el juzgado manifestaron que no veían delito en los contratos con los 38 proveedores.
“Si bien se puede entrever algún tipo de desprolijidad o irregularidad administrativa, o algún tipo de omisión contractual, las mismas podrían llegar a ser materia de sanción interna o disciplinaria, o en todo caso resolverse en sede administrativa, pero no se vislumbra algún tipo de maniobra fraudulenta organizada, que pueda ser parte de un reproche penal”, comentó el juez.
Como era de esperar, el favoritismo que Scioli demostró por Colapinto derivó en que los otros 37 proveedores reclamaran el pago correspondiente a sus deudas. En este contexto, el funcionarios les adelantó que les pagarían, pero en pesos. Quienes aceptaron se encontraron con que INPROTUR no podía pagarles por la investigación administrativa en curso.
