El juez Ariel Lijo se quedó con el control de la causa que investiga el entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, poco después de que el juez saliente dictara el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros 18 acusados.
El juez Ariel Lijo quedó al frente de la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) apenas días después de que su colega Sebastián Casanello dictara 19 procesamientos, incluyendo al exdirector del organismo Diego Spagnuolo.
La investigación comenzó con la filtración de audios de Spagnuolo en los que revela un entramado de coimas que luego fue probado por la investigación del fiscal Franco Picardi y en los que se menciona a funcionarios cercanos al círculo presidencial, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Ahora, una de las causas más sensibles para el gobierno de Javier Milei estará bajo el control del juez que el libertario había promovido para integrar la Corte Suprema de Justicia, de la Nación.
Ahora Ariel Lijo controla la Causa ANDIS
La designación de Lijo como subrogante del Juzgado Federal N° 11 se concretó este miércoles mediante sorteo, después de que Casanello informara a la Cámara Federal que no solicitaría prórroga en ese rol. El despacho, que quedó vacante tras el fallecimiento de Claudio Bonadio, había estado bajo responsabilidad de Casanello desde el año pasado.
El sorteo se redujo a solo dos opciones: Lijo y la jueza María Eugenia Capuchetti. Según informaron desde Comodoro Py, varios magistrados quedaron fuera de la votación: María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi solicitaron ser excluidos, mientras que Julián Ercolini ya está subrogando otro juzgado.
A partir de la semana próxima, Lijo, titular del Juzgado Federal N° 4, asumirá formalmente todas las causas del juzgado 11 por un plazo mínimo de un año. Entre ellas figura el expediente ANDIS, una de las investigaciones de corrupción más relevantes que enfrenta el actual gobierno (y que derivó en el primer procesamiento de un funcionario de la gestión).
El magistrado tiene ante sí varias definiciones clave. Deberá fijar fechas para las nuevas indagatorias convocadas por Casanello, que se concentran en la pista financiera del esquema descubierto. Entre los citados figura Sergio Mastropietro, exsocio del acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado, vinculado al exdiputado libertario José Luis Espert.
Una decisión crucial será pronunciarse sobre la veracidad de los audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones, el entonces titular de la ANDIS habría mencionado un sistema de corrupción con retornos del 3% destinados a Karina Milei.
La Cámara Federal porteña, con votos de Roberto Boico y Martín Irurzun (disidencia de Eduardo Farah), ordenó al juez expedirse sobre este punto tras revocar el rechazo inicial que había hecho Casanello a un planteo de nulidad presentado por la defensa.
Spagnuolo sostiene que los audios fueron adulterados. Su abogado defensor, Mauricio D’Alessandro, se escudó en una pericia privada que luego presentó en la Justicia. El entorno legal del exfuncionario asegura que los procesamientos dictados deberían ser declarados nulos.
Lijo podría declarar la nulidad de la causa, lo que implicaría cerrar el expediente y representaría un beneficio directo para el gobierno. Se trataría de una decisión escandalosa, especialmente si se tienen en cuenta los hallazgos de la investigación hasta ahora.
También tiene la potestad de quitar la delegación de la investigación que actualmente tiene el fiscal Franco Picardi, quien lideró el trabajo que sustentó los procesamientos de Casanello. Sin embargo, cualquier movimiento en este sentido requeriría el consentimiento de la Cámara Federal.
Procesaron a Diego Spagnuolo por el entramado de coimas en ANDIS
¿Quién se beneficia con la salida de Casanello?
El lunes pasado, Casanello dictó procesamientos contra Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete, Daniel Garbellini y otras 16 personas vinculadas al entramado de coimas.
A los tres primeros los imputó por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada y cohecho, además de considerarlos parte de una asociación ilícita. Les fijó embargos superiores a los 200 mil millones de pesos.
El puntapié inicial del expediente tuvo lugar luego de la filtración de los audios de Spagnuolo, aunque le investigación posterior reveló las operaciones ilícitas, al punto que Picardi evitó sustentar su investigación en las grabaciones. En su resolución, Casanello describió:
“Una agencia que fue pensada para asegurar el derecho a la salud y bienestar a personas con discapacidad, madres con más de siete hijos, mayores de setenta años en situación de pobreza, entre otros, se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió, a costa de los fondos públicos que debían garantizar aquellos derechos esenciales”.
La investigación apunta a que el organismo habría sido utilizado para direccionar contrataciones y favorecer a proveedores específicos del sector salud.
Aunque los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker (propietarios de la Droguería Suizo Argentina) no fueron incluidos en esta primera ronda de procesamientos, su situación permanece bajo análisis y la empresa aparece mencionada en audios y comunicaciones del expediente.
Casanello advirtió que la investigación está abierta y que deben examinarse otras áreas del Estado, sugiriendo que el alcance de la corrupción podría extenderse más allá de lo descubierto hasta ahora.
Por otro lado, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, por presunta obstrucción durante el allanamiento realizado en agosto de 2025 en la vivienda de Jonathan Kovalivker.
Según la investigación, De Vicentis realizó llamados para interiorizarse del procedimiento e impartió instrucciones para no facilitar información. El episodio derivó en la huida de Kovalivker a bordo de un Audi mientras se ejecutaba la orden judicial.
Si bien resulta evidente por qué al gobierno le conviene que Lijo (su candidato frustrado a la Corte) tenga control sobre este expediente, en Comodoro Py también circulan otras teorías, según consignó el portal LPO.
El fallo de Irurzun y Boico que ordenó revisar el origen de la causa apareció horas antes de que finalizara la subrogancia de Casanello, lo que generó sospechas sobre una posible maniobra de los laboratorios para frenar el avance del expediente.
La teoría se refuerza porque un día antes de ese fallo, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (integrada por Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar) había rechazado un reclamo de los Kovalivker para paralizar la causa. La teoría es que el pronunciamiento de segunda instancia activó los mecanismos de defensa de los laboratorios implicados.
