Con el Presupuesto 2026 aprobado, el Gobierno de Javier Milei se aseguró la continuidad del ajuste para el próximo año y ahora La Libertad Avanza busca avanzar con su paquete de proyectos durante el verano, que incluye la reforma laboral.
El gobierno de Javier Milei logró aprobar este viernes el Presupuesto 2026 en el Senado, consiguiendo una de sus escasas victorias parlamentarias del año. La ley fue sancionada con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, tras más de diez horas de debate en la Cámara alta.
La Libertad Avanza contó con el respaldo de sectores colaboracionistas, particularmente de la Unión Cívica Radical y el PRO, además de un puñado de legisladores peronistas con terminales en gobernadores del norte del país.
La aprobación del presupuesto marca un fuerte ajuste en el sector educativo, eliminando pisos mínimos de inversión en áreas estratégicas como educación, ciencia y tecnología, pese a que la semana anterior se había rechazado el Capítulo XI en la Cámara de Diputados, que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
Sin embargo, esta victoria legislativa es apenas el primer paso de una agenda más amplia que el gobierno libertario planea desplegar durante las sesiones extraordinarias de verano, y que logró cosechar rechazos tanto de sindicatos como de organizaciones ambientales y organismos de Derechos Humanos.
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La agenda de La Libertad Avanza para 2026
Con el presupuesto sancionado antes del cierre del año, el gobierno se prepara para una segunda ofensiva legislativa que comenzará a fines de enero o principios de febrero. La estrategia de Milei busca aprovechar el receso parlamentario para reorganizar fuerzas y avanzar con el paquete de leyes que conforman el núcleo de su modelo de ajuste.
La agenda para las sesiones extraordinarias incluye cuatro ejes centrales: la reforma laboral, el nuevo régimen penal, la modificación de la Ley de Glaciares y el Compromiso Fiscal con las provincias. Estos proyectos enfrentan la oposición de sindicatos, organismos de derechos humanos y asambleas ambientales.
La reforma laboral representa, según el propio gobierno, la batalla más importante para el modelo libertario. El proyecto sufrió un tropiezo significativo a mediados de diciembre cuando su tratamiento debió posponerse en el Senado.
La iniciativa busca modificar las relaciones laborales de raíz, afectando tanto a nuevas contrataciones como a contratos vigentes. Entre los puntos más polémicos se encuentran la extensión de los períodos de prueba, la eliminación de multas por mal registro de empleados y un esquema de indemnizaciones que reduce los costos de despido para las empresas.
El segundo eje es la Reforma del Código Penal, presentada por Patricia Bullrich cuando aún era ministra de Seguridad bajo el eslogan “el que las hace, las paga”. El paquete endurece las penas para delitos de calle, baja la edad de imputabilidad y busca legalizar la represión de la protesta social, tipificando como delito los cortes de ruta y manifestaciones que impidan la circulación.
En el plano ambiental, el Ejecutivo insistirá con modificaciones a la Ley de Glaciares, diseñadas para habilitar actividad económica en zonas periglaciares actualmente protegidas, lo que pone en riesgo las principales reservas de agua dulce del país.
El cuarto componente es el Compromiso Fiscal, una herramienta legal para obligar a los gobernadores a replicar el recorte del gasto público en sus distritos. La estrategia de Milei y el ministro de Economía Luis Caputo busca someter por vía judicial y administrativa a las jurisdicciones que no se alineen con el déficit cero, condicionando el envío de fondos.
Los aliados que salieron en ayuda del oficialismo
La aprobación del Presupuesto 2026 fue posible gracias al respaldo de sectores colaboracionistas que vienen mostrando sintonía con el gobierno libertario, y que incluyen al PRO, a la UCR y a espacios provinciales.
Además, aunque la amplia mayoría del peronismo votó en contra de la iniciativa, un grupo de legisladores con terminales en gobernadores del norte aportó votos decisivos para que el oficialismo blindara el proyecto.
Los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy), que responden a los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz respectivamente, votaron a favor del polémico artículo 30, que elimina pisos de inversión en educación y ciencia.
También acompañaron la senadora salteña Flavia Royón, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la tucumana Beatriz Ávila, quien recientemente rebautizó su monobloque como “Independencia”, en sintonía con la bancada de la cámara baja que se “independizó” de Unión por la Patria.
A ellos se sumaron las abstenciones de Alejandra Vigo (Córdoba) y Julieta Corroza (Neuquén). El apoyo de estos legisladores compensó la pérdida de tres votos radicales que se opusieron al artículo 30: Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger (aunque antes votaron a favor del presupuesto en la votación general).
Más allá de estas excepciones, el bloque de la UCR, liderado por Eduardo Vischi, fue determinante para la victoria oficialista. Los 10 legisladores radicales representan el 13% del Senado y, junto a La Libertad Avanza y sus aliados, permitieron alcanzar la mayoría necesaria.
Fama había adelantado que no respaldaría los artículos más polémicos y exigió discutirlos en proyectos separados: “No puedo acompañar estos artículos. Quiero que el Presupuesto 2026 se apruebe pero no puedo aprobar estas cosas”.
Abad, por su parte, denominó al artículo 30 como “el artículo escoba”, explicando que “barre los pisos de educación pero también las proyecciones en inversión que establecen las leyes de educación y ciencia en la Argentina”.
Es que se trata de una propuesta que provoca tensiones al interior del radicalismo, que solía identificarse como defensor de la educación pública, pero que sigue sin unificar una postura al respecto desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
Las idas y vueltas con respecto a la Ley de Financiamiento Universitario son prueba de esto, tanto en 2024 como en la versión de 2025, que de hecho recibió el respaldo del partido Centenario en Diputados.
Sea como fuere, durante las negociaciones finales el asesor presidencial Santiago Caputo intervino cuando parecían flaquear los respaldos para el capítulo 2. El ministro del Interior Diego Santilli, junto a Martín y Lule Menem y Carlos Guberman, se instalaron en el despacho de Bullrich para terminar de asegurar acuerdos que evitaran modificaciones al texto.
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Quiénes apoyaron y quiénes rechazaron el Presupuesto 2026
La votación en general del Presupuesto 2026 arrojó un resultado de 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Del total de 72 senadores, participaron 71 legisladores en la sesión que se extendió hasta pasada la medianoche del viernes. Votaron a favor los siguientes senadores:
De La Libertad Avanza (20): Patricia Bullrich, Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, María Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni.
De la UCR (10): Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Gabriela Valenzuela y Eduardo Vischi. Del PRO (3): Andrea Cristina, Martín Goerling y Victoria Huala. De Convicción Federal (3): Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés.
Además, votaron a favor: Luis Juez (Frente Cívico de Córdoba), Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia), Beatriz Ávila (Independencia), Julieta Corroza (La Neuquinidad), José Carambia y Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).
Votaron en contra los 25 senadores del interbloque “Popular“, el nombre oficial de la bancada que comparte el peronismo de Unión por la Patria/Fuerza Patria dentro del Senado de la Nación.
Se trata de José Mayans, Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo “Wado” De Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, Florencia López, Juan Manzur, Ana Marks, Elia Moreno, José Neder, Mariano Recalde, Fernando Rejal, Fernando Salino, Martín Soria, Sergio Uñac y Gerardo Zamora.
Se abstuvo: Alejandra Vigo (Provincias Unidas).
El polémico Capítulo 2: ajuste en educación, ciencia y defensa
La votación del Capítulo 2 del presupuesto, que incluye el controversial artículo 30, generó mayor tensión en el recinto. El resultado fue de 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones.
Este capítulo propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas estratégicas como Educación, Ciencia y Tecnología, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).
La legislación vigente establece destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto educativo a la Educación Técnico Profesional y el 0,8% del gasto presupuestario al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. El nuevo presupuesto deroga estos pisos obligatorios.
El senador chaqueño Jorge Capitanich reclamó votación separada para el artículo 30, pero los libertarios Bartolomé Abdala y el jujeño Ezequiel Atauche sostuvieron que el plan de labor aprobado impedía ese mecanismo.
La senadora bonaerense Anabel Fernández Sagasti pidió una cuestión de privilegio y acusó a los libertarios de impulsar un artículo inconstitucional que viola el principio de progresividad: “No tiene nada que ver con el déficit fiscal, lo que se hace es borrar por tierra todos los consensos que logramos en la Argentina para la educación y la ciencia y la tecnología”.
Para 2026, el proyecto asigna a la función Educación y Cultura un total de $7,7 billones. Ajustado por la inflación prevista por el gobierno, el presupuesto implica una caída real del 1% frente a 2025 y un recorte del 47,7% respecto de 2023.
En el detalle de partidas, el texto prevé unos $90 mil millones para el esquema de vouchers educativos, representando una baja real del 13,5% en relación con 2025. En contraste, la inversión destinada a becas educativas, incluyendo el programa Progresar, mostraría un incremento real del 4,1%.
Un rubro que escapa a la lógica de ajuste es el Plan Nacional de Alfabetización, creado en junio de 2025. Sin embargo, el Presupuesto 2026 destina $4.872 millones a las universidades nacionales, cifra que implica una reducción del 7,2% respecto de 2025 y una caída del 34,3% en comparación con 2023.
En la votación del Capítulo 2, los tres senadores radicales que habían adelantado su rechazo cumplieron su palabra: Abad, Fama y Kroneberger votaron en contra. Sin embargo, los otros siete radicales mantuvieron su apoyo, al igual que todo el bloque de La Libertad Avanza, el PRO y los legisladores peronistas de Convicción Federal.
También cambiaron su voto respecto a la votación general: Julieta Corroza pasó de votar a favor en general a abstenerse en el Capítulo 2, mientras que los senadores de Convicción Federal Fernando Rejal y Fernando Salino votaron en contra de este capítulo específico, pese a que en la votación general no se habían opuesto.
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El debate en el Senado de la Nación
La sesión comenzó con fuertes cuestionamientos del peronismo. El jefe del interbloque Fuerza Patria, José Mayans, denunció un “tratamiento exprés” y advirtió que, al no haber acuerdo de labor parlamentaria, el gobierno necesitaba reunir dos tercios para avanzar. El legislador formoseño acusó a La Libertad Avanza de “violentar el reglamento y la Constitución”.
Mayans apuntó directamente contra Bullrich, a quien responsabilizó por el manejo de la sesión: “Bullrich se olvida o no conoce el reglamento. Inoperante como ministra de Seguridad, inoperante como presidenta del bloque”. También denunció un avasallamiento a los fueros parlamentarios:
“Tratan a los fueros de los senadores como basura. No se pueden meter a nuestros despachos”.
Se trata de una referencia a la situación que sufrió la senadora fueguina Cristina López, quien denunció penalmente al personal de Seguridad del Congreso por lesiones, amenazas y manoseos. luego de que Villarruel mandara a cerrar su despacho. Durante la sesión, la legisladora recibió burlas cuando se refirió al tema en el recinto.
El senador Capitanich cuestionó el enfoque del proyecto: “No sólo es equilibrio fiscal, que es muy importante, sino también equilibrio monetario y equilibrio del sector externo”. Reclamó que el Senado discuta “la tendencia secular del estancamiento en la Argentina” antes de convalidar el rumbo económico propuesto.
El pampeano Daniel Bensusán calificó al Presupuesto 2026 como “ilegal, ilegítimo e inmoral”, advirtiendo sobre el impacto del artículo 61 en las cajas previsionales provinciales. Según explicó, el gobierno nacional busca condicionar a las provincias en el giro de fondos para jubilaciones: “Nación tiene que emprolijar los números y pagar lo que le deben a las provincias“.
Desde el oficialismo, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero celebró que el presupuesto prioriza el equilibrio fiscal como principio innegociable: “Vimos como las discusiones de presupuesto, las emergencias se volvieron permanentes, transformando lo que debe ser excepcional, en regla. Eso vació en contenido el presupuesto y de control a este Congreso”.
El senador Eduardo “Wado” De Pedro criticó la falta de obras públicas y los recortes en Educación y Ciencia: “Podemos ver con claridad cómo se castiga la Educación, el acceso a la Salud y a la vivienda. Parece hecho por un gobierno de consultores financieros, no nos dice para dónde vamos”.
La vicepresidenta Victoria Villarruel condujo el inicio de la sesión pero se ausentó antes de la votación del Capítulo 2, siguiendo su patrón de no presidir momentos donde la derrota del oficialismo parece posible.
