El gobierno de Javier Milei logró darle media sanción al Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, pero la oposición rechazó el cuestionado Capitulo XI, con el que La Libertad Avanza pretendía derogar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Presupuesto 2026 y a la ley de Inocencia Fiscal, ambas iniciativas que ahora pasarán al Senado para su tratamiento definitivo.
Sin embargo, el oficialismo sufrió una inesperada derrota cuando la oposición logró rechazar el capítulo que buscaba derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, dos normativas que el gobierno de Javier Milei se niega sistemáticamente a implementar pese a haber sido ratificadas por el Congreso con mayoría agravada.
Media sanción del Presupuesto 2026
La sesión comenzó con tensión cuando el oficialismo estuvo a punto de no conseguir quórum. Finalmente, a las 14:28 del miércoles, se alcanzaron los 129 diputados presentes necesarios para iniciar el debate, gracias al aporte decisivo del bloque Unidos, liderado por Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, quienes ocuparon sus bancas en el último momento.
El proyecto obtuvo su aprobación en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. La mayoría se consolidó con el respaldo de La Libertad Avanza y un entramado de aliados que incluyó al PRO, sectores de la UCR, el MID y bloques provinciales como Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz y Producción y Trabajo.
Victoria Tolosa Paz, diputada de Unión por la Patria, expresó durante el debate que el oficialismo “han elegido cerrar la discusión de un presupuesto que quiere cerrar un rumbo que le quiere dar a la Argentina Milei”, y advirtió que este impulsa “más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, salario, baja de consumo y la destrucción del entramado PyME e industrial”.
El presupuesto proyecta para 2026 un dólar a $1.423, una inflación del 10%, un crecimiento económico del 5% y espera alcanzar un superávit financiero del 0,3% del PBI. Varias de estas proyecciones son, a todas luces, irrisorias.
Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, señaló que “este sistema de bandas significa el ajuste del dólar por inflación. Por lo tanto, lo que está en el presupuesto 2026 ya está desactualizado“. Es que en la actualidad el dólar ya se encuentra muy por encima de la proyección, e incluso si se cumpliera la meta de inflación, implicaría una suba de la divisa.
Martín Lousteau (Provincias Unidas) sostuvo que “para cumplir la proyección de inflación del 2025 hace falta que en noviembre y diciembre sean deflacionarios, por ende, la proyección no se cumple”. También cuestionó las metas de crecimiento, explicando que el proyecto “plantea que para el año que viene vamos a crecer en promedio 5% eso sería el 7,4%”.
La estrategia oficialista para proteger los artículos más polémicos consistió en imponer una votación por capítulos en lugar de artículo por artículo, como reclamaba la oposición. Esta moción, presentada por el libertario Gabriel Bornoroni, fue aprobada con 130 votos afirmativos.
En paralelo, el gobierno comenzó a sumar artículos al cuestionado Capítulo XI para forzar su aprobación. La estrategia no solo no resultó, sino que terminó dejando a Milei sin la totalidad del apartado.
Detrás de la construcción de esta mayoría estuvo el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, denunció que “el último mes repartieron 66 mil millones de pesos”. El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo “recibió 20 mil millones de pesos” y al catamarqueño Raúl Jalil “le están dando 10.500 millones por mes”.
Los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, San Juan y Santa Cruz resultaron clave para la media sanción. El ministro del Interior, Diego Santilli, junto a “Lule” Menem, negociaron hasta último momento obras y recursos para estas provincias desde los pasillos del Congreso.
La batalla por el Capítulo XI y la derrota oficialista
El momento más tenso de la jornada llegó pasada la 1:30 de la madrugada, cuando se votó el Capítulo XI del presupuesto. Este capítulo contenía el controvertido artículo 75, que disponía la derogación de las leyes 27.793 (Emergencia en Discapacidad) y 27.795 (Financiamiento Universitario).
Cabe recordar que ambas habían sido sancionadas por el Congreso, pero luego fueron vetadas por Milei. Sin embargo, luego los legisladores insistieron y rechazaron los vetos en ambas cámaras con más de dos tercios de los votos. Pese a esto, y en una decisión sin precedentes, el libertario decidió no poner en práctica las leyes y ahora quiso derogarlas.
En un intento por blindar el capítulo, minutos antes de la votación el oficialismo incorporó artículos adicionales. Uno facultaba al Jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación de CABA. El otro asignaba $21.347 millones para el Poder Judicial, bajo administración del Consejo de la Magistratura.
Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, denunció la maniobra: “Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora“.
Incluso aliados como Cristian Ritondo, del PRO, cuestionaron el método: “Por el articulado deben ir en el Capítulo II ambos artículos. No se ponen en cualquier capítulo. Sino hagan un capítulo nuevo. Tenemos que ser un poco más leales”.
A pesar de todos los esfuerzos oficialistas, el Capítulo XI fue rechazado por 123 votos contra 117, con 2 abstenciones. La derrota expuso las fisuras en la mayoría oficialista y representó la tercera vez en el año que el Congreso se pronuncia a favor de estas leyes sociales.
Resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider, así como el voto en contra de la catamarqueña Fernanda Ávila y los legisladores de Innovación Federal (Salta) y del bloque Independencia (Tucumán), quienes se apartaron de la línea de sus gobernadores y se plegaron a la oposición.
La diputada Cecilia Moreu (Unión por la Patria) celebró en redes sociales: “Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas”.
“Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional“, expresó.
Varios diputados habían advertido que judicializarían la norma de aprobarse. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Eduardo Valdés señalaron que la maniobra vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que el presupuesto “no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes“.
El rechazo del capítulo también dejó sin efecto otros artículos polémicos, como la eliminación de la indexación automática de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares, así como la restricción del régimen de zonas frías, que beneficia a municipios de Buenos Aires (como Bahía Blanca), la Patagonia y la Puna.
Durante el debate, la diputada de La Libertad Avanza Juliana Santillán defendió el proyecto sosteniendo que “por primera vez en mucho tiempo estamos discutiendo un proyecto equilibrado, realista, basado en reglas y no en relato, con una premisa de sentido común: el Estado no puede gastar más que lo que recauda“.
El libertario Lisandro Almirón también quiso defender el proyecto y destacó una supuesta reactivación de la obra pública, al tiempo que agradeció a Milei. Sin embargo, como luego señaló Martínez, el diputado correntino estaba leyendo el despacho de minoría enviado por Unión por la Patria, no el proyecto libertario.
Quien sí defendió intencionalmente el dictamen de minoría fue la diputada Julia Strada, quien además explicó que “ayer, entre gallos y medianoche, metieron la derogación de las leyes insistidas por más de dos tercios”. “Este Presupuesto se monta sobre un acuerdo con EE.UU., swap y tasas que desconocemos”, advirtió.
Aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal
En la madrugada, la Cámara también aprobó y giró al Senado el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que busca incentivar el uso de dólares no declarados. La iniciativa obtuvo 130 votos positivos, 107 negativos y 2 abstenciones.
El proyecto introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario, basado en la “presunción de inocencia”. Redefine los criterios para la configuración de delitos fiscales, priorizando la intervención penal solo en casos de “evasión relevante”.
Los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión aumentan significativamente: de $1,5 millones a $100 millones para evasión simple y de $15 millones a $1.000 millones para evasión agravada. Para evasión de seguridad social, el piso sube de $200.000 a $7 millones, y para uso de facturas apócrifas aumenta de $1,5 millones a $100 millones.
El Régimen Simplificado de Ganancias establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir y garantiza que no será necesario informar sobre variaciones patrimoniales ni se controlarán los consumos. El ARCA solo cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos facturados.
Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años y se establece que ARCA no iniciará acciones penales si se cancelan las deudas y sus intereses, aunque este beneficio correrá solo una vez por contribuyente.
Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, defendió la iniciativa señalando que “este proyecto establece un cambio de paradigma; implica una concepción distinta de lo que son los ciudadanos en la Argentina. Hace un tiempo atrás, durante el período kirchnerista, se consideraba que los contribuyentes eran sospechosos por defecto“.
Sin embargo, la izquierda lanzó duras críticas. Miriam Bregman denunció que se trataba de “una ley para beneficiar la evasión y el narcotráfico” y Romina del Plá la calificó como “una ley al servicio de los narcos”.
Juan Grabois, de Unión por la Patria, intervino a los gritos afirmando que “esta ley fue presentada por un narcotraficante que le bajamos de las listas“, en referencia a Lorena Villaverde, quien tuvo que renunciar a asumir en el Senado por su vinculación con hechos de narcotráfico.
El debate sobre esta ley fue mucho más breve que el presupuestario, en un recinto ya agotado tras más de diez horas de sesión. La diputada Silvana Giudici cortó las discusiones pidiendo pasar directamente a la votación.
Ambos proyectos ahora deberán ser tratados en el Senado, donde el oficialismo buscará su aprobación definitiva antes del cierre del período de sesiones extraordinarias. La Casa Rosada pretende tener el presupuesto sancionado antes de fin de año, mientras que la reforma laboral también aguarda tratamiento en el Congreso.
