Con los vencimientos de enero encima y sin los dólares para pagarlos, Luis Caputo presiona por la aprobación del Presupuesto 2026 para poder tomar nueva deuda, aunque tras el fiasco del último bono en dólares que impulsó, ahora asegura que no quiere depender de Wall Street.
El 9 de enero de 2026, el gobierno de Javier Milei deberá enfrentar vencimientos de deuda por aproximadamente 4.200 millones de dólares, que corresponden a Bonos Globales y Bonares.
Sin embargo, la administración libertaria aún no logró reunir la totalidad de los fondos necesarios para afrontar estos compromisos y ahora el ministro de Economía Luis Caputo se encuentra en una carrera contrarreloj para conseguir los dólares.
La situación financiera se ha vuelto tan apremiante que en apenas unos días, Caputo pasó de pedir que La Libertad Avanza insista con la incorporación del rechazado Capítulo XI del Presupuesto 2026 en el Senado, a presionar para que se sanciones tal como salió de la Cámara de Diputados.
La razón es clara: el proyecto incluye autorizaciones clave para la emisión de nueva deuda que el Tesoro necesita urgentemente si quiere cumplir con los compromisos de enero y las negociaciones por la modificación de la ley de leyes podrían dilatar aún más los tiempos.
Tras el fracaso de la colocación del BONAR 2029 a principios de diciembre, el ministro de Economía optó por abrir el paraguas y asegurar públicamente que no tiene intención de colocar deuda en Wall Street y que el objetivo es “eliminar la dependencia que el país tiene” con los mercados internacionales.
¿Pero qué opciones le quedan al Gobierno de Javier Milei para cumplir con los vencimientos?
La desesperación de Caputo por conseguir dólares
Según datos de la consultora Invecq, entre el 4 de diciembre y mediados del mes, el Tesoro Nacional logró incrementar sus depósitos en dólares en el Banco Central desde 97 millones de dólares hasta cerca de 2.000 millones.
Este salto del 2.000% se explica por múltiples fuentes de financiamiento que el equipo económico ha activado en las últimas semanas: Giros de préstamos internacionales, el avance de la privatización de empresas públicas, el lanzamiento de un bono en dólares, entre otras medidas.
En paralelo, el Banco Central aceleró las compras directas de divisas en el mercado oficial, que alcanzaron aproximadamente 630 millones de dólares, aunque no sin contratiempos. Si bien el gobierno anunció el lunes de la semana pasada una nueva política de acumulación de reservas, terminó vendiendo dólares para controlar el tipo de cambio.
El jueves de esa semana, el Tesoro vendió 150 millones de dólares para frenar la cotización, después de haber comprado 320 millones el lunes. El viernes, el volumen operado llegó a 610 millones de dólares, más del triple de lo habitual.
A las compras en el mercado se sumaron 360 millones de dólares en desembolsos netos de organismos internacionales, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, la colocación del BONAR 2029 permitió recaudar 910 millones de dólares, aunque a un costo más alto del esperado.
El gobierno también cuenta con ingresos adicionales por 700 millones de dólares provenientes de la concesión de las represas del Comahue. Sumando todos estos conceptos, el Tesoro ha logrado reunir aproximadamente la mitad de los fondos necesarios para afrontar el vencimiento de enero.
Para cubrir la diferencia, Caputo está negociando un crédito REPO con bancos internacionales, un instrumento que el gobierno asegura tener asegurado por una capacidad de hasta 7.000 millones de dólares.
El problema es que esta herramienta implica un costo financiero más elevado que la acumulación genuina de reservas. Sin embargo, esta negociación enfrenta trabas por las exigencias de garantías que solicitan las entidades financieras.
El ministro también mencionó como alternativas los swaps con Estados Unidos (que se activó en parte durante las elecciones de octubre) y China. La consultora de Fernando Marull estimó que, aun sumando todas las fuentes disponibles, faltarían unos 2.300 millones de dólares para completar el monto necesario.
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La urgencia del oficialismo por aprobar el Presupuesto 2026
Esta situación explica las idas y vueltas del gobierno con el Presupuesto 2026. Caputo fue el impulsor de incorporar el artículo 75 que modificaba las leyes de financiamiento universitario y de movilidad jubilatoria, lo que terminó arrastrando todo el Capítulo XI que incluía varios ajustes fiscales instrumentales para su estrategia económica.
Como era de esperar, esa decisión (que Diego Santilli y los Menem sabían que les iba a detonar los acuerdos laboriosamente tejidos con los gobernadores del Norte) generó el rechazo de este capítulo en la Cámara de Diputados.
El oficialismo estuvo a tres votos de salvarlo, pero no llegó. Tras dos años de incumplimientos por parte del gobierno, los gobernadores comenzaron a exigir una devolución de favores antes de acompañar al oficialismo.
Después de la derrota parlamentaria, Caputo presionó a la senadora Patricia Bullrich para que reincorporara las modificaciones rechazadas en el dictamen del Senado, hasta que le explicaron que esto solo generaría otra derrota. El ministro insistió hasta el viernes previo a la votación en introducir cambios que hubieran obligado a devolver el proyecto a Diputados.
Con los vencimientos en el horizonte, el ministro de Economía comprendió que necesitaba el Presupuesto urgentemente. Es que el proyecto incluye una autorización para administrar pasivos por 288,7 billones de pesos, equivalentes a 202.891 millones de dólares al tipo de cambio previsto en la norma.
El artículo 41 del Presupuesto permite al Tesoro emitir títulos públicos en moneda extranjera y bajo jurisdicción externa por hasta el 18% del endeudamiento total autorizado, unos 36.500 millones de dólares. Además, el artículo 56 modifica restricciones impuestas durante la gestión anterior para los canjes de deuda.
La ley anterior (la llamada “ley Guzmán”) establecía que para canjear deuda era necesario mejorar dos de tres condiciones: monto, tasa o plazo. Caputo pretende mejorar solo la tasa, pero para los acreedores, es decir, la Argentina pagaría más por su deuda, pero más adelante (postergando el problema).
Con esta situación como telón de fondo, el Senado tiene previsto aprobar el Presupuesto el viernes de esta semana, y será inmediatamente promulgado por el presidente Milei. Esto dejaría allanado el camino para poder emitir deuda a partir del 2 de enero, cuando la norma entre legalmente en vigencia.
Sin embargo, los tiempos son extremadamente ajustados. Caputo tendría que salir el mismo viernes 2 con el anuncio, recibir las ofertas el lunes 5 y liquidar el miércoles 8, utilizando la “contabilidad creativa” para girar ese mismo día contra las reservas del BCRA al agente pagador internacional, el Bank of New York Mellon.
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Caputo abre el paraguas tras el fiasco del BONAR 2029
El 10 de diciembre, el gobierno lanzó con bombos y platillos la colocación del primer bono suscripto y pagadero en dólares desde 2018. Se trató de un bono con vencimiento a 4 años (noviembre de 2029) y un cupón del 6,5%, por un monto total de 1.000 millones de dólares.
Aunque el bono fue emitido bajo legislación local, el gobierno lo presentó como un regreso a los mercados internacionales. Caputo destacó en su momento que “luego de casi ocho años de falta de acceso al mercado de financiamiento en dólares de mediano y largo plazo, el Gobierno Nacional vuelve a colocar un título en moneda extranjera en el tramo medio de la curva soberana”.
El propio Javier Milei celebró entonces en redes sociales: “Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local”. “El mejor de todos los tiempos”, lanzó, abundando en signos de exclamación.
Sin embargo, la licitación no salió como el equipo económico esperaba. La Secretaría de Finanzas informó que la Tasa Nominal Anual fue del 9,26%, que se eleva al 9,47% tomando la Tasa Efectiva Anual que incorpora los retornos tras los vencimientos intermedios. El propio Caputo había admitido públicamente que aspiraba a una tasa “menor al 9%”.
Esta tasa elevada para una emisión bajo legislación local dejó en evidencia que el gobierno no podría afrontar una colocación bajo legislación extranjera, que requeriría tasas aún más altas. A esto se suma el ajustado tiempo restante para los vencimientos del 9 de enero, que no permite realizar las instancias de promoción necesarias ante los inversores de Wall Street.
El BONAR 2029 logró recuperar el precio de colocación y actualmente rinde 9,5%, mejor que el AL29 que ya estaba en el mercado y rinde 9,8% en la versión MEP y 11,3% en contado con liquidación. El equivalente de legislación internacional, el GD30, tiene un rendimiento de 7,6% en MEP y 9,1% en CCL, que sería la tasa a la que el gobierno podría aspirar a colocar.
El problema adicional es que desde la llegada de Milei, las empresas privadas colocaron Obligaciones Negociables por 25.014 millones de dólares, y solo entre noviembre y diciembre recolectaron 5.200 millones. También hubo colocaciones de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe por unos 1.500 millones, lo que reduce el margen para colocaciones de Nación.
Ante este escenario, Caputo cambió su discurso. En respuesta a consultas en la red social X por la posibilidad de tener emisión en Nueva York, el ministro escribió: “Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”.
Cuando le preguntaron si los vencimientos de enero se afrontarían con un REPO o con emisión bajo ley local, agregó: “El repo ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro”.
“Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)”, completó. Apenas unas semanas atrás, todo el gobierno celebraba el regreso al mercado de capitales como un hito histórico.
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El programa económico del Fondo Monetario Internacional
El giro en la política cambiaria que el gobierno anunció a mediados de mes también dejó expuestas las tensiones entre las prioridades oficiales y las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Milei y Caputo resistieron inicialmente el sistema de bandas cambiarias y la acumulación de reservas, que el presidente había cuestionado apenas una semana antes del cambio de política. En ambos casos, se impuso la visión del organismo internacional.
El economista Ricardo Arriazu, considerado cercano al pensamiento de Milei, advirtió sobre los riesgos del nuevo esquema en una economía bimonetaria. “Anunciaron la suba del techo de la banda, lo que genera incertidumbre”, señaló, aunque reconoció que el riesgo país perforó los 600 puntos, indicando que el mercado ve con buenos ojos la flotación cambiaria.
Arriazu recordó que con el crawling peg aplicado desde el inicio de la gestión, la inflación bajó, se compraron 25.000 millones de dólares de reservas y la actividad económica se recuperó tras la caída inicial. En contraste, desde la implementación de las bandas aumentó el riesgo país, la actividad se estancó y no se compraron dólares.
Es que el gobierno quiere que el dólar llegue “planchado” como señal de estabilidad cambiaria antes de cualquier emisión internacional y para evitar que el nuevo esquema presione rápidamente por una devaluación.
Con las intervenciones de fines de la semana pasada y el lunes de la semana pasada, el oficialismo forzó una baja del precio mayorista a 1.450 pesos, con los financieros en 1.493 pesos el MEP y 1.542 pesos el contado con liquidación.
A partir de enero arranca el nuevo esquema cambiario, con una devaluación de la banda superior de flotación equivalente a la inflación pasada, y el programa del Banco Central para comprar reservas internacionales con emisión monetaria por un piso de 10.000 millones de dólares a lo largo del año.
