Milei sufrió un duro golpe en Diputados, pero logró evitar que se trate el veto a la Ley de Emergencia para Bahía Blanca

La oposición en la Cámara de Diputados logró dar media sanción a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, al tiempo que rechazó varios decretos firmados por Javier Milei, aunque el oficialismo logró esquivar el tratamiento de la Ley de Emergencia para Bahía Blanca.

La Cámara de Diputados llevó adelante este miércoles 6 de agosto una sesión que se extendió hasta pasada la medianoche y que representó otra derrota histórica para el gobierno de Javier Milei.

La oposición logró reunir el quórum necesario y aprobó múltiples proyectos resistidos por el oficialismo, mientras rechazó en bloque todos los decretos delegados impulsados por el Ejecutivo en las últimas semanas.

El oficialismo había desplegado una intensa presión sobre gobernadores y el radicalismo para hacer caer la sesión, pero la estrategia fracasó. La oposición logró media sanción para el financiamiento universitario, declaró la emergencia pediátrica para garantizar fondos al Hospital Garrahan, y rechazó cinco decretos delegados del gobierno nacional.

Sin embargo, la Casa Rosada logró un alivio parcial al conseguir que se postergara el tratamiento del veto a la Ley de Emergencia para Bahía Blanca. La diputada radical Karina Banfi justificó la decisión argumentando que no estaban los dos tercios necesarios para derribar el veto presidencial.

Cabe recordar que el veto de Milei ya había sido rechazado por unanimidad en el Senado de la Nación y cuestionado duramente desde varios sectores del arco político bahiense, bonaerense y nacional.

En aquella La Libertad Avanza se había ausentado para no aportar sus votos bajo el argumento de que el decreto de Javier Milei ya brinda asistencia a la ciudad, pero una comparación entre ambos instrumentos revela lo acotado de la propuesta del presidente.

A esto se suman los problemas persistentes con el “Subsidio SUR”, presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como respuesta ante la catástrofe climática que azotó Bahía Blanca en marzo de este año.

Lo cierto es que, a 5 meses de la inundación, hay alrededor de 6.000 familias que aún esperan la ayuda económica prometida por el Gobierno de la Nación y sus casos aún están siendo analizados por la cartera de Bullrich.

En medio de idas y vueltas por los problemas con el mecanismo de inscripción al subsidio (que, cabe mencionar, no se extiende a comercios y empresas), la cuarta parte del total de los inscriptos aún espera una respuesta del Gobierno Nacional.

Por qué el Senado rechazó el veto: el decreto de Milei vs. la ley que aprobó el Congreso para asistir a Bahía Blanca

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El quórum que el gobierno no pudo quebrar

A pesar de los esfuerzos de la Casa Rosada por presionar a fondo a gobernadores y sectores del radicalismo, la oposición logró reunir 133 diputados para abrir el debate, alcanzando con relativa holgura el número necesario para el quórum.

Este número se alcanzó principalmente con el grueso del bloque peronista Unión por la Patria (encabezado por Germán Martínez), las bancadas de Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Facundo Manes (Democracia para Siempre), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, un sector del radicalismo y algunos diputados independientes como la exlibertaria Lourdes Arrieta.

Las ausencias más resonantes dentro de la UCR incluyeron a Rodrigo De Loredo junto a Soledad Carrizo y los mendocinos cornejistas Pamela Verasay y Lisandro Nieri. También contribuyó a la estrategia oficialista el gobernador jujeño Carlos Sadir, quien ordenó la ausencia de Natalia Sarapura (del bloque UCR) y Manuel Aguirre (del bloque de Manes).

Cabe señalar que se trató de la primera vez que se pudo observar el posicionamiento de “Provincias Unidas”, el nuevo frente de gobernadores que pretende posicionarse como oposición dialoguista al gobierno de Javier Milei.

El comportamiento de sus diputados fue dispar.  Mientras el gobernador cordobés Martín Llaryora envió a todos sus diputados a dar quórum, Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) optaron por no colaborar.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe) jugó a medias con un diputado presente (Mario Barletta) y una ausente (Melina Giorgi). Similar fue la estrategia del gobernador santacruceño Claudio Vidal, con Sergio Acevedo presente y Manuel Garrido ausente.

También favorecieron al oficialismo los diputados de Salta, Misiones y Río Negro que responden a sus respectivos gobernadores. Sorprendió particularmente la ausencia de los tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, quien había comenzado a distanciarse de Milei.

La oposición busca debatir el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica: ¿Están los números para el quórum?

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Financiamiento universitario: segundo intento consecutivo

Por segundo año consecutivo, Diputados avanzó con un proyecto de financiamiento universitario similar al que fue vetado por Milei en 2024. El proyecto impulsado por los bloques opositores Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica obtuvo 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

La votación en particular arrojó resultados similares: los artículos del 1 al 4 fueron aprobados con 158 votos a favor, 74 en contra y 2 abstenciones; el artículo 5 con 141 afirmativos, 83 negativos y 9 abstenciones; y del 6 al 9 con 158 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá recomponer al 1 de enero de 2025 el monto de gastos de funcionamiento de las universidades públicas según la inflación del INDEC entre mayo y diciembre de 2024, con actualizaciones bimestrales durante el año que viene.

Respecto a los salarios de docentes y no docentes, el Ejecutivo deberá actualizarlos teniendo en cuenta los cambios en el poder adquisitov desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor.

El proyecto también exige negociación paritaria obligatoria con periodicidad máxima de tres meses, garantizando actualización mensual no inferior a la inflación. La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (Unión por la Patria), tomó la palabra en el rol de miembro informante para remarcar que:

“En esta iniciativa figuran la recomposición presupuestaria, la convocatoria a paritarias y la actualización, la recomposición al bienestar estudiantil y a las becas, e incluye, además, las auditorías por tema universitario”.

“El sistema educativo nacional está vapuleado y ha sido empobrecido, y el salario de los docentes del país está por debajo de la línea de pobreza”, agregó en referencia a las políticas de ajuste que viene implementando el gobierno nacional.

Además, hizo referencia al veto de Milei en 2024. “Es insólito“, comentó, “otra vez venimos a la carga por la necesidad de darle una respuesta a la universidad pública argentina, la cual es un emblema institucional del rol del Estado”.

En ese sentido, recordó que “el reclamo viene desde marzo del año pasado” y destacó el apoyo de sindicatos y el Consejo Interuniversitario Nacional a la ley, que quedó a un voto de alcanzar los dos tercios necesarios para resistir un nuevo veto.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario a pesar de la multitudinaria marcha por la educación

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Emergencia pediátrica: blindaje al Hospital Garrahan

El proyecto que declara la emergencia pediátrica y busca garantizar los fondos para el Hospital Garrahan obtuvo 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones, alcanzando los dos tercios de los votos de los presentes. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida implicaría un gasto anualizado de más de 133 mil millones de pesos.

La iniciativa declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales por un año, “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”. Además, establece al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad“.

Entre las medidas contempladas se incluye la asignación prioritaria de recursos para bienes de uso, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos y personal esencial. También establece la recomposición inmediata de salarios del personal de salud, incluyendo residentes nacionales, que no podrá ser menor a la que recibían en noviembre de 2023.

El proyecto prevé además la exención del impuesto a las Ganancias para todo el personal de salud que desempeñe actividades críticas, horas extras o guardias, y la creación de una comisión de seguimiento que emitirá informes trimestrales públicos.

Como titular de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), explicó que “el Hospital Garrahan no es solo un hospital pediátrico, es la punta de la máxima complejidad que tiene esta especialidad en todo el país. Es la punta de la máxima complejidad del sector de salud de la Argentina, no solo del sector público sino muchas veces del sector privado”.

“A lo largo de su historia en la Argentina ha tenido muchos conflictos, no es la primera vez que el Hospital Garrahan tiene un conflicto, pero como tantas medias verdades que este Gobierno dice y vuelve a decir, no todos los conflictos son iguales, no todas las situaciones son iguales”, agregó.

Asimismo, planteó que tras visitar el hospital, “la situación que encontramos fue de enorme preocupación”. Entre otras cuestiones, “estaba el conflicto de los residentes nacionales que venían sin aumentos salariales desde el inicio de la gestión de este Gobierno, un 53% por debajo del índice inflacionario”.

Hoy la situación del hospital es de crisis“, agregó, “está en riesgo la continuidad del Hospital Garrahan y eso pone en riesgo a la salud de los niños de la Argentina”, alertó y precisó: “Son 355.000 niños de provincias argentinas por año”.

Esto es un llamado a todas las políticas de Argentina. Este proyecto declara la emergencia. Establece que el Hospital Garrahan es el centro pediátrico derivación importante en la Argentina y obliga al gobierno nacional a poner un aumento”, completó.

Lugones intentó frenar los reclamos con un aumento que deja afuera al 90% de los trabajadores del Garrahan

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Decretos rechazados y comisiones emplazadas

En una votación que el oficialismo cuestionó por no contar con los dos tercios, todos los decretos delegados fueron rechazados con amplitud. La oposición argumentó que no necesitaba esa mayoría especial para el rechazo.

El decreto 462/25, que modifica organismos como el INTI y el INTA, fue rechazado por 141 votos afirmativos, 65 negativos y una abstención. El decreto 345/25, de modificación de organismos de la Cultura, resultó rechazado por 134 votos a favor, 68 negativos y 3 abstenciones.

El decreto 351/25, que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos, obtuvo 133 votos a favor del rechazo y 69 en contra, con 2 abstenciones. El DNU 340/25, que modifica la Marina Mercante y reduce el derecho a huelga fue rechazado por 118 votos a favor, 77 en contra y 8 abstenciones.

Finalmente, el decreto 461/25, que modifica organismos como la Secretaría de Transportes y Vialidad Nacional, fue rechazado por 138 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones.

La oposición también logró aprobar múltiples emplazamientos que llevarán a comisión diversos proyectos estratégicos. Se aprobó una convocatoria para tratar los dictámenes por el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, impulsados por los gobernadores.

Sumado a todo esto, se registró con la aprobación del emplazamiento para destrabar la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, con 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento deberán reunirse el próximo martes 12 para tratar un proyecto que busca modificar aspectos de la comisión investigadora.

También se aprobó un emplazamiento para tratar la emergencia en Ciencia, Tecnología e Innovación y otro proyecto sobre promoción de la salud cerebral, con reunión programada para el miércoles 13.

Todos los proyectos aprobados pasarán ahora al Senado, donde la oposición planea completar la tarea antes de fin de mes. Los números en la Cámara Alta sugieren que existe mayoría para continuar con estas iniciativas.

En el recinto ya se habla de una nueva sesión en dos semanas para tratar los proyectos emplazados, con un resultado que probablemente sea similar al de esta jornada. En esa oportunidad, si se reúnen los votos necesarios, podría tratarse también el rechazo a los vetos presidenciales en materia de jubilaciones y discapacidad.

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