La Libertad Avanza se negó a aportar sus votos para defender la Ley de Emergencia para Bahía Blanca bajo el argumento de que el decreto de Javier Milei ya brinda asistencia a la ciudad, pero una comparación entre ambos instrumentos revela lo acotado de la propuesta del presidente.
El Senado de la Nación rechazó por unanimidad el veto presidencial a la Ley de Emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales, con 51 votos a favor y ninguno en contra, aunque con 21 ausencias de La Libertad Avanza y sus aliados. La decisión se produce tras las devastadoras inundaciones que afectaron a estas localidades el 7 de marzo pasado.
El presidente Javier Milei había vetado la ley el 24 de junio argumentando que el gobierno ya había destinado los 200.000 millones de pesos que establecía la norma a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 238/25, conocido como “DNU SUR”.
Sin embargo, al comparar ambos instrumentos queda claro que hay numerosas diferencias entre ambas respuestas ante las inundaciones sufridas por la ciudad en marzo, y que el decreto emitido por el libertario tiene un alcance notablemente menor que la ley.
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Las diferencias clave entre la ley y el DNU
La primera diferencia significativa es el alcance geográfico. Mientras que el DNU 238/25 se limita exclusivamente a la ciudad de Bahía Blanca, la ley declara la emergencia en toda la Provincia de Buenos Aires, mencionando específicamente tanto a Bahía Blanca como a Coronel Rosales, y abarcando múltiples municipios afectados.
Esta limitación territorial del decreto no es menor: el propio gobierno admitió en los fundamentos del veto que incluir a Coronel Rosales resultaba de “imposible cumplimiento” para el programa del DNU, lo que confirma que la ley cubría zonas que el decreto dejaba desatendidas.
En cuanto a la duración, las diferencias son igualmente notables. La ley establece 180 días de emergencia declarada. Por el contrario, el DNU no establece un plazo específico de emergencia y define su programa de asistencia como “por única vez”.
La diferencia más significativa radica en los tipos de asistencia que ofrece cada instrumento. La ley adopta un enfoque integral y multisectorial que incluye:
- Subsidios familiares no reintegrables para las familias afectadas
- Subsidios y créditos específicos para pequeñas y medianas empresas (PyMEs)
- Financiamiento para la reconstrucción de infraestructura pública, incluyendo escuelas, hospitales y redes de servicios
- Líneas de crédito preferenciales del Banco Nación con tasas especiales
- Exención de impuestos, tasas y contribuciones para los sectores afectados
- Plazos de gracia para obligaciones civiles, comerciales, bancarias, financieras e hipotecarias
En contraste, el DNU se limita únicamente al “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, que consiste en una prestación monetaria por única vez, con un máximo de un beneficiario por inmueble catastral. Su enfoque está restringido a la compensación de pérdidas materiales directas a personas físicas.
La diferencia en los beneficiarios es otra distinción clave. La ley contempla un amplio espectro de destinatarios: familias damnificadas, pequeñas y medianas empresas afectadas, el sector público para la reconstrucción de infraestructura, y el conjunto de la comunidad a través de exenciones fiscales y plazos de gracia financieros.
El DNU, por su parte, se dirige exclusivamente a “residentes de las viviendas afectadas” en Bahía Blanca, con requisitos de elegibilidad estrictos y un enfoque individualista que deja afuera gran parte de las necesidades de los municipios.
En términos de gestión, la ley establece que la Jefatura de Gabinete de Ministros (a cargo de Guillermo Francos) será la autoridad de aplicación, con articulación explícita con el Poder Ejecutivo Provincial y los gobiernos locales. Esta estructura busca una coordinación federal entre los distintos niveles de gobierno.
El DNU, en cambio, centraliza la gestión en el Ministerio de Seguridad Nacional, que dirige Patricia Bullrich, en un enfoque más centralista y concentrado en la administración federal, omitiendo a los demás gobiernos (que, casualmente, pertenecen a espacios no oficialistas).
Fuentes de financiamiento y alcances
Uno de los argumentos centrales del veto fue la supuesta falta de especificación de fuentes de financiamiento en la ley. Sin embargo, esto no concuerda con lo que dice la ley, que la ley establece que el financiamiento provendrá de “reasignaciones de las partidas que disponga el Jefe de Gabinete”, además de contemplar una línea de crédito adicional del Banco Nación.
Esta formulación es similar a la que utiliza el propio DNU, que también instruye al Jefe de Gabinete a “reasignar las partidas presupuestarias necesarias”. Además, cabe señalar que el DNU menciona que se financia “en parte” con el Préstamo BID AR-00016, pero no especifica qué porcentaje del fondo provendrá de esta fuente ni cómo se completará el financiamiento restante.
Otro argumento del gobierno fue que el 85,43% de los inscriptos en el programa S.U.R. ya había recibido el pago, lo que haría innecesaria la ley. Esto no solo ignora que ambos instrumentos abordan aspectos diferentes de la emergencia, sino que además omite los problemas que varios ciudadanos tuvieron a la hora de inscribirse en el programa.
Además, aunque el DNU efectivamente avanzó en la entrega de compensaciones directas a damnificados individuales, la ley contemplaba aspectos que el decreto no cubre: la reconstrucción de infraestructura pública, el apoyo a sectores productivos, las exenciones fiscales y los plazos de gracia financieros.
Además, la cronología de los eventos muestra que cuando el Congreso sancionó la ley el 4 de junio, ya conocía la existencia del DNU (emitido el 31 de marzo y publicado el 8 de mayo). Si los legisladores decidieron aprobar la ley de todas formas, fue precisamente porque consideraron que el decreto era insuficiente para abordar la complejidad de la emergencia.
Es justamente por estas diferencias que el Senado decidió rechazar el veto del presidente, que insiste en que su decreto es suficiente para atender la crisis. Tras su último revés legislativo, el mandatario adelantó que vetaría todas las propuestas sancionadas y aseguró que tras las elecciones tendrá el respaldo legislativo para deshacer las normativas.
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