Ante la falta de respuestas del Gobierno de Javier Milei, Los gobernadores enviaron dos proyectos al Senado para reclamar por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles líquidos, que recibieron el respaldo de la amplia mayoría de los bloques legislativos.
Los gobernadores de las 23 provincias y el jefe de Gobierno porteño decidieron presentar dos proyectos de ley en el Congreso para exigir una mayor redistribución de recursos nacionales, tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno de Javier Milei.
Las iniciativas buscan que la administración nacional reparta automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y redistribuya lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, eliminando varios fideicomisos que consideran “poco transparentes”.
Los proyectos cuentan con el respaldo de todos los espacios políticos en el Senado, excepto La Libertad Avanza, lo que configura una coalición transversal que incluye desde el peronismo hasta el PRO y la UCR.
El gobierno nacional ya advirtió que vetará cualquier iniciativa que comprometa el equilibrio fiscal, lo que adelanta una profundización de la escalada de tensiones entre Nación y las provincias, que hasta ahora venían evitando confrontar directamente con Casa Rosada.
Falta de respuestas de Nación y apoyo de casi todos los bloques
La decisión de los mandatarios provinciales de avanzar con la vía legislativa se produjo después de que fracasaran las negociaciones mantenidas con Carlos Guberman, secretario de Hacienda, quien actuó como representante del ministro de Economía Luis Caputo.
Durante estas reuniones, el gobierno nacional se negó a coparticipar el remanente de los ATN y ofreció únicamente transferir a las provincias los recursos destinados a obras viales del impuesto a los combustibles, pero con la condición de que también se hicieran cargo del mantenimiento de las rutas.
Esta propuesta fue rechazada por los funcionarios provinciales, quienes consideraron insuficiente la oferta. El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, expresó su malestar tras la reunión:
“Los ATN son recursos que vienen de la masa coparticipable y tienen como destino a las provincias. Cuando un estado nacional recauda ATN y no distribuye, lo que está contabilizando es un superávit por el retraso del envío a las provincias, por lo tanto, está generando un superávit con plata de las provincias“.
Las iniciativas contaron con el apoyo de la amplia mayoría de los bloques legislativos. Entre los firmantes estuvieron los jefes de bloques de Unión por la Patria José Mayans (Frente Nacional y Popular), Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana) y Fernando Salino (Convicción Federal).
A ellos se sumaron Martín Lousteau, de la UCR; Eduardo Vischi, de la Unión Cívica Radical; y Alfredo De Angeli, del PRO. Finalmente, el listado de firmas se completó con representantes de bloques provinciales como Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Carlos Espínola (Unidad Federal).
Los gobernadores se unieron en un reclamo conjunto a Milei por los fondos del impuesto a los combustibles y los ATN
¿Qué dicen los proyectos de los gobernadores?
El primer proyecto apunta a modificar la distribución de los recursos generados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), eliminando seis fideicomisos y fondos nacionales que los gobernadores consideran “poco transparentes”.
Estos incluyen el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte, el de Infraestructura Hídrica, el Sistema Vial Integrado, el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, el Fondo Compensador del Transporte y el Fondo Nacional de la Vivienda.
La propuesta establece terminar con este “mecanismo de distribución sectorial” y redistribuir los recursos según los parámetros de la Ley de Coparticipación Federal. Lo paradójico es que pese a la negativa de los libertarios, la eliminación de estos mecanismos iría en línea con el relato de Milei sobre la necesidad de aumentar la transparencia.
Para implementar este cambio, sugiere modificar la Ley 23.966, redefiniendo la distribución del ICL de la siguiente manera: 57,02% para las provincias, 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social (ANSES) y 14,29% para el Tesoro Nacional.
En cuanto a la distribución entre las provincias, el proyecto establece que el 25% se repartirá en partes iguales entre todas las jurisdicciones, mientras que el 75% restante se distribuirá de acuerdo con los índices establecidos en la coparticipación federal.
El segundo proyecto complementa al primero y se enfoca específicamente en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Propone agregar un artículo a la Ley 11.672 que establezca que estos recursos deben distribuirse según los artículos 3°, 4° y 8° de la ley de coparticipación.
El aspecto más significativo de esta iniciativa es que establece que la redistribución será “diaria y automática”, eliminando la discrecionalidad del gobierno nacional en el manejo de estos fondos (que le viene sirviendo a Casa Rosada como herramienta de negociación para impulsar sus proyectos).
Los gobernadores argumentan que los ATN “son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional pero que no son propios”, por lo que su redistribución automática no debería afectar las finanzas nacionales.
Esta lógica busca neutralizar el principal argumento del gobierno nacional, que sostiene que cualquier modificación en la distribución de recursos comprometería el equilibrio fiscal. En otras palabras, no se trata de forzar al gobierno a aumentar el gasto, sino a cambiar la administración de recursos ya existentes.
Avanza el proyecto de jubilaciones en el Senado y está en duda que Milei pueda sostener un veto
Amenaza de veto y defensa del ajuste
El jefe de Gabinete Guillermo Francos ya anticipó la posición del gobierno nacional ante estos proyectos. En declaraciones realizadas el 29 de junio, Francos fue categórico: “Los gobernadores han hecho una propuesta que no podemos aceptar en aras del equilibrio fiscal”.
“Estamos dispuestos a discutir, pero si no hay acuerdo, el tema se debatirá en el Congreso. No vamos a hipotecar el orden fiscal por presiones políticas”, agregó.
El funcionario advirtió que, siguiendo el patrón de otros casos similares, cualquier ley que afecte el equilibrio fiscal será vetada por el presidente Milei. Se trata del mismo latiguillo con el que la administración bloqueó las mejoras de las jubilaciones y el financiamiento universitario el año pasado.
Francos reconoció que la reforma de la coparticipación “es una deuda desde la Constitución del ’94” y admitió que el gobierno busca avanzar con un nuevo esquema. Sin embargo, aclaró que este proceso debe realizarse sin comprometer el ajuste fiscal que considera el principal logro de la administración.
Más allá de la insistencia del oficialismo, lo cierto es que hasta ahora la Nación no ha presentado ninguna alternativa a las demandas de los gobernadores, ni ha avanzado en dicha reforma. “Es uno de los puntos incluidos en el Pacto de Mayo“, se excusó Francos, “hay gobernadores que lo impulsan y otros que no, pero lo vamos a intentar”.
“Hemos hecho un esfuerzo histórico en reducción del gasto, en personal del Estado, en organismos innecesarios”, remarcó una vez más el funcionario, “no podemos desarmar todo de golpe. Si uno vuelve al camino de la emisión o del impuesto fácil, volvemos al fracaso“.
La amenaza de veto tiene como telón de fondo una situación completa para La Libertad Avanza, ya que el bloque requeriría el apoyo de sus bloques aliados para defenderlo y hasta ahora han sido claves los aportes de los mandatarios provinciales.
Sin embargo, son justamente los gobernadores los que impulsan estas iniciativas, que además obtuvieron respaldos que van desde el peronismo hasta el PRO y el radicalismo. Esto abre la posibilidad de que puedan defender la iniciativa ante un eventual veto (salvo que el oficialismo logre acuerdos de último momento, como ha ocurrido en oportunidades anteriores).
