Javier Milei oficializó el veto total a Ley de Financiamiento Universitario pocas horas después de la multitudinaria marcha contra el desfinanciamiento educativo, y acusó a los legisladores de hacer “hacer populismo demagógico” e intentar “dañar al gobierno políticamente“.
A través del Decreto 879/2024, el Presidente Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento que había sido sancionada por el Congreso el pasado 12 de septiembre. La medida fue publicada en el Boletín Oficial en torno a la medianoche del jueves, tras la masiva marcha contra el desfinanciamiento del sistema educativo.
Esta es la segunda oportunidad en la que el mandatario veta una ley aprobada por los legisladores. Anteriormente, ya hecho lo mismo con la ley de movilidad jubilatoria, cuyo freno luego ratificó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en esta oportunidad el oficialismo no parece tener asegurados los votos para repetir el resultado.
Además de Milei, firmaron el decreto el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello; Economía, Luis Caputo; Seguridad, Patricia Bullrich; Salud, Mario Lugones; Desregulación, Federico Sturzenegger; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y la canciller, Diana Mondino.
Horas antes, la Oficina del Presidente había publicado un comunicado confirmando la decisión presidencial y advirtiendo que vetará cualquier otro proyecto que “atente contra el equilibrio fiscal” y acusó a los legisladores de hacer “populismo demagógico“.
Ahora quedará en manos del Congreso de la Nación definir la continuidad de la medida y rechazar el veto del Presidente. Para esto, la oposición deberá reunir dos tercios en ambas cámaras. En caso contrario, la ley se descartará definitivamente y no podrá tratarse nuevamente en 2024.
¿Qué dice el decreto?
El extenso documento hace oficial el veto al proyecto de ley tenía como objetivo principal garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales durante el año 2024.
En su primer artículo indica: “Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757“. “Devuélvase al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”, confirma a continuación.
Entre sus justificaciones, el Gobierno Nacional afirma que la medida incurre en una violación del marco jurídico vigente al no contemplar el impacto fiscal de la medida. En ese sentido, señala que “tampoco determina la fuente de su financiamiento“.
Por otro lado, asegura que afecta la planificación presupuestaria y demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional. “No pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales”, dice sobre el proyecto, sino que “procura dañar al gobierno políticamente“.
“Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas“, continúa, y “significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.
Finalmente, argumenta que la actualización salarial propuesta en el proyecto de ley establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional, “por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo“.
El supuesto “privilegio” al que hace referencia el texto se da en un contexto en que alrededor del 70% del personal docente universitario se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
El propio Consejo Interuniversitario Nacional había indicado semanas atrás que “es inadmisible y profundamente injusto que quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales sean hoy los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados“.
Decreto 879/2024
El mensaje del gobierno tras la marcha
Poco antes de publicarse el decreto en el Boletín Oficial, la Oficina del Presidente confirmó la decisión e insistió en que la medida sancionada por el Congreso fue “irresponsable” y adelantó que Milei vetará futuros proyectos:
“La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado en el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”.
“Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos”, continua el comunicado, “y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico”.
“El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025“, indica el texto, que también apuntó contra los dirigentes y figuras políticas que participaron de la marcha.
Entre los mencionados están Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes fueron acusados de “unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente“.
“Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política“, aseguraron desde el Gobierno, apelando a sus recurrentes acusaciones contra la “casta” y tildando a todos sus opositores de socialistas o comunistas.
“La universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten“, completa el texto.
Se trata de un nuevo ataque injustificado contra las casas de altos estudios, que se emite luego de que el Secretario de Educación Carlos Torrendell acusara a las instituciones de “inventar alumnos” para recibir más presupuesto, algo que fue desmentido categóricamente por los rectores.
