Desde los aumentos jubilatorios hasta los proyectos enviados por los gobernadores para modificar la distribuir recursos nacionales: la oposición en el Senado le impartió una dura derrota legislativa al gobierno de Javier Milei, aprobado por amplia mayoría todas las iniciativas tratadas en el recinto.
Este jueves el Senado de la Nación le propinó un duro revés legislativo al Gobierno de Javier Milei, aprobando todos los proyectos resistidos por el oficialismo de La Libertad Avanza gracias al impulso del peronismo, los gobernadores y varios opositores dialoguistas.
Durante la sesión se sancionaron los proyectos dedicados a actualizar los haberes previsionales y el bono jubilatorio, así como la prórroga de la moratoria previsional. La Cámara Alta también convirtió en ley la declaración de emergencia para discapacidad.
Posteriormente, se rechazó con amplio margen el veto del libertario a la declaración de emergencia para Bahía Blanca, que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, donde también deberán discutirse los dos proyectos enviados por los mandatarios provinciales para modificar la distribución de fondos nacionales.
En torno a las 14 horas la oposición reunión a 42 presentes en el recinto (5 más de los que necesitaba para obtener el quórum reglamentario). Además de la bancada de Unión por la Patria, estuvieron los radicales Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Pablo Blanco; así como los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela.
A ellos se sumaron la larretista Guadalupe Tagliaferri, la tucumana Beatriz Ávila, los dos representantes de Por Santa Cruz, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola. La presencia de los correntinos (que normalmente acompañan al oficialismo) fue la primera señal de alarma para Casa Rosada.
Luego, con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel (quien luego se retiró)se procedió a discutir cuestiones reglamentarias. Los libertarios también se retiraron al momento de votar y Milei adelantó que pretende vetar todas las iniciativas. A sabiendas de que no tiene el apoyo asegurado para esto, el libertario incluso amenazó con judicializar la sesión.
Aumento de las jubilaciones y prórroga de la moratoria
El primer proyecto al que se le dio tratamiento fue el que propone actualizar los haberes previsionales y que fue sancionado con 52 votos a favor, ningún voto en contra y 4 abstenciones. La iniciativa incluye un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones.
Además, ordena la suba del bono extraordinario (actualmente congelado en 70 mil pesos) a 110 mil pesos, con actualización mensual según el índice de movilidad. También incluye la transferencia de fondos del ANSES a provincias con cajas previsionales no transferidas y la incorporación por ley de la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24.
La propuesta recibió el apoyo del interbloque que comanda José Mayans (Unión por la Patria), a quienes se sumaron parte del bloque radical, el PRO y bancadas provinciales. Las abstenciones corresponden a Andrea Cristina y Edith Terenzi (PRO) y los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut.
Entre tanto, se retiraron del recinto los libertarios (que venían insistiendo en que la sesión era irregular), parte del bloque PRO (Carmen Rivero, Lucila Crexell, Alfredo De Ángeli, Martín Goerling, Juan Romero) y 4 representantes de la UCR (Mariana Juri, Stella Maris Olalla, Rodolfo Suárez y Víctor Zimmermann). En total, sumaron 16 ausentes.
Si bien desde Casa Rosada se niegan a convalidar los aumentos bajo la excusa de que afectaría las cuentas del Estado, y reclaman a la oposición que explique de dónde saldrían los fondos para financiarlo, lo cierto es que la iniciativa incluye una serie de propuestas para financiar las subas:
- Eliminar exenciones de IVA para directores de empresas y de Ganancias para sociedades de garantía recíproca.
- Redirigir partidas destinadas a la SIDE (ex Agencia Federal de Inteligencia).
- Utilizar fondos ahorrados por la renegociación de sobrecargos con el FMI.
Una vez aprobados los aumentos jubilatorios, se pasó a la discusión por la prórroga de la moratoria previsional, que había vencido en marzo, y que fue aprobada con 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. La iniciativa restablece el Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705), permitiendo que personas en edad jubilatoria regularicen sus aportes adeudados.
En la Cámara de Diputados, el proyecto había obtenido media sanción con un ajustado margen (111 votos a favor vs. 100 en contra), y en el Senado la oposición logró imponerse pese al rechazo de LLA y aliados.
Avanza el proyecto de jubilaciones en el Senado y está en duda que Milei pueda sostener un veto
Declaración de la Emergencia en Discapacidad
A continuación, la Cámara Alta convirtió en ley la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2026, con 55 votos a favor y ningún voto en contra, aunque con 17 ausencias del oficialismo y sus aliados más cercanos.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados (obtuvo 149 votos a favor en junio), busca garantizar financiamiento para prestadores, actualizar pensiones y agilizar trámites en un sector golpeado por el ajuste que viene impulsando el Gobierno de Javier Milei.
Puntualmente, el proyecto declara la emergencia pública en discapacidad e incluye medidas como el refuerzo presupuestario para saldar deudas con prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes, transportistas), muchos de los cuales no cobran hace meses.
También abarca la actualización de pensiones no contributivas, que hoy rondan los 213.286 pesos, y agilización de trámites (para poner en contexto, en los últimos 14 meses, solo se aprobaron 586 de 500.000 solicitudes), al tiempo que se prohibió recortar partidas destinadas a “Servicios Sociales”.
Asimismo, se sancionó un aumento de salarios para trabajadores en talleres protegidos, cuyo sueldo está congelado en 28 mil pesos desde febrero de 2023. También se reclamó activar el diálogo institucional con organizaciones de personas con discapacidad y crear de mecanismos para garantizar sus derechos.
Una vez más, la ley logró el apoyo de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y partidos provinciales. Sin embargo, el oficialismo y algunos aliados evitaron votar, retirándose del recinto o ausentándose.
17 senadores no estuvieron presentes, incluidos libertarios, parte del PRO (como Alfredo De Ángeli y Carmen Rivero) y radicales disidentes (Mariana Juri, Rodolfo Suárez). Sin embargo, senadores amarillos como Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri y Beatriz Ávila votaron a favor.
Declaración de emergencia en Bahía Blanca
En otro revés para el Gobierno nacional, el Senado rechazó por unanimidad el veto presidencial a la Ley de Emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales, ciudades afectadas por las inundaciones de marzo de 2025. La iniciativa obtuvo 51 votos a favor y ninguno en contra, aunque con 21 ausencias del oficialismo y aliados.
El proyecto, impulsado por Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria) y Maximiliano Abad (UCR), declara la emergencia pública en ambos municipios y crea un Fondo Especial de 200 mil millones de pesos.
Entre los objetivos se encuentran: reconstruir infraestructura pública (escuelas, hospitales, redes de agua), reparar viviendas afectadas y otorgar subsidios a familias damnificadas, eximir de impuestos a los vecinos y comercios perjudicados. También se otorga un plazo de gracia de 180 días para deudas y obligaciones financieras.
La ley había sido aprobada por unanimidad en el Senado en mayo, incluso con el voto de LLA, pero el presidente Javier Milei la vetó el 24 de junio argumentando “restricciones fiscales”. Paradójicamente, luego destinó 2 billones de pesos ese mismo mes para pagar deuda pública.
Como ocurrió con las iniciativas anteriores, los votos positivos llegaron por parte de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y bloques provinciales. Sin embargo, en este caso hubo varias ausencias, como las de Bartolomé Abdala (LLA), Alfredo De Ángeli (PRO) y Mariana Juri (UCR).
Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) acusó al Ejecutivo de mentir en los fundamentos del veto: “Si no los conmueve la muerte y la pérdida, es un gobierno que no le conmueve nada”. Por su parte, Martín Lousteau (UCR) cuestionó que “YPF gasta 100 mil millones en publicidad, la mitad de lo que necesita Bahía Blanca”.
Ahora, para levantar el veto el proyecto debe tratarse en Diputados, donde necesita dos tercios de los votos (129 votos afirmativos). El proyecto ya había sido aprobado allí en junio con 153 votos a favor (solo LLA votó en contra), por lo que la oposición espera repetir el resultado.
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Los dos proyectos impulsados por los gobernadores
Sobre el final de la sesión, se aprobó el tratamiento sobre tablas los dos proyectos impulsados por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para discutir los reclamos por la distribución de los recursos nacionales.
En este contexto, los gobernadores volvieron a amargar a Milei, ya que ambas iniciativas fueron aprobadas por amplia mayoría. Con 56 votos a favor y uno en contra (correspondiente a Juez) se aprobaron tanto el proyecto para modificar el reparto del impuesto a los combustibles como el que reforma la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Los proyectos deberán pasar ahora a Diputados, donde necesitarán dos tercios de los votos (129) para convertirse en ley. Sin embargo, la situación encendió las alarmas en Casa Rosada, y es que no solo significa que la oposición logró avanzar con varios proyectos en un día, sino que además el malestar de los mandatarios provinciales se tradujo en acciones legislativas concretas.
La iniciativa para redistribuir los ATN pretende eliminar la discrecionalidad del Gobierno nacional en el reparto de los fondos, que actualmente se asignan según decisiones políticas y se constituyeron como una herramienta de negociaciones para el oficialismo.
Puntualmente, el texto propone que el 1% de los recursos coparticipables (que hoy se destina a ATN) se distribuya en forma automática y diaria, como el resto de los fondos federales. Las provincias recibirán estos recursos según los coeficientes de la Ley de Coparticipación, sin intervención del Poder Ejecutivo.
En cuanto a la redistribución del impuesto a los combustibles, en este caso se busca suprimir 6 fideicomisos y fondos nacionales (como el Fondo de Infraestructura Hídrica y el de Vivienda) financiados con este impuesto, y derivar esos recursos directamente a las provincias.
El nuevo reparto establece que el 57,02% sea para las provincias (frente al 10,4% actual), el 28,69% para el Sistema Previsional Nacional y el 14,29% para el Tesoro Nacional. Además, propone que la suma se distribuya en un 25% en partes iguales para todas las jurisdicciones y el otro 75% según coeficientes de coparticipación.
