El reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan forzó al Gobierno de Javier Milei a anunciar un aumento salarial para residentes a través de un comunicado en el que acusó a los empleados de ñoquis y, como es usual, responsabilizó a la “militancia kirchnerista” por las medidas de fuerza.
El Hospital Nacional de Pediatría Pedro Garrahan, referente médico de América Latina y pieza clave del sistema de salud pública argentino, atraviesa una profunda crisis producto de las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
Es que la institución, que atiende casos de alta complejidad pediátrica y funciona como centro de formación médica de primer nivel, enfrenta un éxodo masivo de profesionales y un deterioro salarial que amenaza su capacidad operativa.
La situación derivó en una serie de medidas de fuerza y reclamos que se profundizan día a día, y que obligaron al Ministro de Salud, Mario Lugones, a anunciar este domingo un aumento salarial de forma unilateral que elevaría los salarios de los residentes de 797 mil pesos a 1.3 millones.
Sin embargo, el realizado a través de las redes sociales del hospital y a través de un comunicado cargado de agravios contra los empleados, no fue bien recibido por los trabajadores, que señalaron que se trata de una decisión unilateral que excluye al 90% de la planta del hospital (entre quienes se encuentran médicos de planta, enfermeros y personal técnico).
La denuncia de los trabajadores: “Nos quieren dividir”
Los gremios nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazaron categóricamente el anuncio gubernamental, calificándolo como una estrategia divisionista que busca fragmentar la unidad del reclamo laboral.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, expresó que “el anuncio excluye a más del 90% del personal del Garrahan” y que “al dejar afuera todo el resto del personal, que también estamos reclamando por salarios iniciales de pobreza, el conflicto se profundiza”.
La crítica sindical apunta los residentes representan menos del 7% del total de empleados de la institución, por lo que una solución parcial no resuelve el problema estructural que afecta a la mayoría de los trabajadores.
En respuesta a la propuesta gubernamental, los gremios convocaron a una asamblea general para el martes, donde participarán personal de planta permanente, contratados y residentes para definir las próximas medidas de acción. Los trabajadores anticipan que es probable que se acuerde continuar con el paro y convocar a una movilización de mayor envergadura.
No es la primera vez que el Estado Nacional apela a este tipo de estrategias. El año pasado, en medio de los reclamos de las universidades por la situación de asfixia presupuestaria, desde Casa Rosada había intentado desactivar las protestas con un aumento del 140%, aunque solo para gastos de funcionamiento (que representan un 5% del presupuesto total de las instituciones).
Al caso del Garrahan se suma la violencia con la que se comunicó la suba. Teresa Alfaro, enfermera y delegada de ATE, denunció que el anuncio es “totalmente ilegal” y criticó la estrategia gubernamental de señalar como “ñoquis” a los trabajadores.
Por su parte, los residentes afirmaron que “no hemos recibido ninguna propuesta salarial en mesa de diálogo por parte del Ministerio de Salud”, desmintiendo así cualquier acuerdo o negociación en curso.
Además, señalaron que “el sueldo de los residentes depende únicamente del Ministerio mencionado, por lo tanto el manejo del presupuesto del Hospital Garrahan no impacta en el mismo”.
En el comunicado que publicaron también se cuestionó la forma en que las autoridades se expresaron: “Lamentamos profundamente las vías de comunicación y los términos elegidos por los organismos que nos representan como ciudadanos”.
Casta, ñoquis y kirchnerismo: Las acusaciones usuales
El repudio de los gremios se da luego de que la administración del hospital emitiera un violento comunicado en el que además de referirse al aumento unilateral para los residentes, acusó a los empleados de “ñoquis” y aseguró que el repentino anuncio no tiene nada que ver con las medidas de fuerza.
Lo más llamativo es que el documento no lleva la firma de ninguna autoridad, pero sigue punto por punto la retórica usual de los funcionarios libertarios para referirse a las instituciones estatales y sus trabajadores.
Bajo el título de “orden, eficiencia y reconocimiento al mérito”, el texto asegura que “el Hospital Garrahan avanza en un proceso de transformación profunda” y asegura que “los recursos del Estado fueron dilapidados durante años por una casta de militantes y privilegiados”.
Sobre el incremento salarial, asegura que “es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos”.
El documento también destaca la implementación del control biométrico de asistencia. “Desde el 1° de junio el Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido”, se indicó. Y agrega: “Esta gestión premia el esfuerzo, no la pertenencia política”.
junto a esto va a acompañada la usual promesa de realizar auditorías y una revisión de normativas y licitaciones, al tiempo que prometen eliminar “gastos superfluos”. Esto permitiría -según el gobierno- ampliar la capacidad del hospital con “más camas pediátricas, nuevo equipamiento y mejor infraestructura”.
La administración advirtió que descontará los días de paro a todos los trabajadores y que aquellos que acumulen cinco faltas quedarán automáticamente desafectados enmarcando estas medidas dentro de una “limpieza estructural”. Por lo pronto, el sistema biométrico de control de asistencia costó más de 100 millones de pesos.
El ministro Lugones también amenazó a los residentes con la pérdida o desaprobación de su residencia si participan en las medidas de fuerza, una estrategia de presión que busca quebrar la adhesión al paro a través del temor a las consecuencias profesionales.
El intento de deslegitimar las protestas se da luego de que la viceministra de Salud Cecilia Loccisano, el vocero Manuel Adorni y hasta el presidente Javier Milei aseguraran que la planta administrativa de la institución duplica a la de médicos, alegando que se trata de “ñoquis”.
Según el Gobierno, el Hospital Garrahan cuenta con 953 trabajadores administrativos contra solo 478 médicas. Sin embargo, desde ATE desmintieron estas cifras utilizando el propio anuario estadístico publicado por la Dirección Médica Adjunta en la que se informa que en 2024 había 473 personas en el tramo administrativo.
Lipcovich comentó que “hablamos de un número real que representa la mitad del falso número dado por el gobierno” y remarcó que “el personal directamente asistencial representa casi el 70% del total de la planta”.
“El 30% restante cumple tareas de las más diversas, desde las administrativas hasta el mantenimiento, pasando por las maestras del Jardín Maternal, el transporte horizontal o la limpieza de las sábanas y ropa de trabajo, para todo un hospital que es enorme”, completó.
El contexto de la crisis: un hospital de excelencia en riesgo
Lo cierto es que El Hospital Garrahan no es una institución más dentro del sistema de salud argentino. Se trata de un centro de altísima complejidad que funciona como referencia para toda América Latina, donde se investigan y ensayan tratamientos de vanguardia para patologías pediátricas complejas.
Su importancia estratégica trasciende las fronteras porteñas: aunque está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibe pacientes y asesora a distancia a familiares y pediatras de todas las provincias del país.
La institución concentra el 40% de los casos de cáncer infantil y adolescente a nivel nacional y realiza el 50% de los trasplantes pediátricos del país. Además, cumple un rol fundamental en la formación de recursos humanos especializados, entrenando anualmente a más de 250 residentes de pediatría.
Sin embargo, la crisis actual amenaza seriamente esta capacidad operativa y formativa. Según datos proporcionados por los trabajadores, más de 200 médicos ya abandonaron el hospital, dejando servicios descubiertos y comprometiendo la atención de pacientes críticos.
El impacto económico sobre los trabajadores ha sido devastador. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), todos los trabajadores del Garrahan sufrieron un recorte del 35% de sus salarios reales desde el inicio de la gestión Milei. Los salarios médicos cayeron un 35,5% en términos reales entre noviembre de 2023 y mayo de 2025.
Esta situación coloca a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Los residentes, con sus 797 mil pesos iniciales, se encuentran en una situación particularmente vulnerable, especialmente aquellos con familias a cargo.
Cabe señalar que el financiamiento del hospital proviene en un 80% del Estado Nacional y en un 20% del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con una planta de 4.728 empleados según datos oficiales de 2024, la institución mantiene una estructura donde 3.190 trabajadores están abocados completamente a la asistencia de pacientes.
La crisis del Garrahan se inscribe en un contexto más amplio de ajuste en el sector salud público, donde el gobierno nacional implementa políticas de reducción presupuestaria que impactan directamente en la calidad y accesibilidad de los servicios.
En este contexto se llevará adelante la habitual marcha de los jubilados frente al Congreso, aunque este 4 de junio contará con la presencia de organizaciones feministas, personas con discapacidad, médicos del Hospital Garrahan y científicos del CONICET, además de los pensionados.
Cada vez más sectores se suman a las convocatorias de los miércoles, que ahora se articulan bajo la consigna “la resistencia crece”, con un llamado a toda la comunidad para “movilizar, compartir y difundir” esta situación de crisis que están atravesando.
