El Senado de la Nación le dio media sanción a la reforma laboral de Javier Milei con 42 votos a favor y 30 en contra, y ahora el proyecto deberá tratarse en Diputados. Los votos negativos provinieron del peronismo y los santacruceños. ¿Cómo votó cada Senador?
Este jueves en la madrugada, el gobierno de Javier Milei logró darle media sanción a la reforma laboral en el Senado, con 42 votos a favor y 30 en contra. La votación general se concretó a la 1:22 de la mañana, tras 14 horas de debate con más de 40 oradores, en una sesión presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
A los 21 votos positivos de La Libertad Avanza se sumaron los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, 3 del PRO, 2 de Provincias Unidas y 6 de bloques provinciales que responden a los gobernadores de Misiones, Chubut, Tucumán, Salta y Neuquén.
En contra votaron los 28 senadores del interbloque peronista (que se mantuvo unido sin fracturas pese a tensiones internas) y los 2 representantes de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, que responden al gobernador Claudio Vidal.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, había anunciado horas antes que el oficialismo aceptó 28 modificaciones al texto original para destrabar los votos de los gobernadores dialoguistas, que venían condicionando su apoyo a cambios que protegieran fundamentalmente los recursos provinciales, sin poner el acento en la defensa de los derechos laborales.
El ministro del Interior y pieza clave de las negociaciones, Diego Santilli, estuvo presente desde temprano en el Senado, mientras que Karina Milei y Manuel Adorni se sumaron minutos antes de la votación. Con esta aprobación, el proyecto debe pasar ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
¿Cómo votó cada Senador la reforma laboral?
Los 42 votos a favor del proyecto provinieron mayoritariamente desde el bloque La Libertad Avanza. Además de Bullrich, la lista incluyó a Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia y Joaquín Benegas Lynch.
La lista continúa con Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni y María Belén Monte De Oca.
A ellos se sumó el PRO, con Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero; y la UCR, con Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.
La lista se completa con integrantes de Provincias Unidas y espacios provincialistas que responden a gobernadores, como Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones), Julieta Corroza (Neuquén), Luis Juez (Córdoba), Flavia Royón (Salta), Edith Terenzi (Chubut), y Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo (Provincias Unidas).
El rechazo sumó 30 votos, mayoritariamente del interbloque “Popular” (que nuclea al peronismo de Unión por la Patria). Se trata de Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y María Celeste Giménez Navarro.
La lista de peronistas continúa con María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac.
Pese a las tensiones internas, se sumaron los integrantes del bloque Convicción Federal, que incluye a Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal, Fernando Salino. También votaron en contra los santiagueños Gerardo Zamora , Elia Moreno y José Emilio Neder; y los santacruceños José María Carambia, Natalia Gadano.
¿Qué dice el texto de la reforma laboral?
A la espera del texto oficial que se tratará en Diputados, el último borrador adelantaba modificaciones en más de 41 leyes de la legislación laboral. Uno de los ejes más cuestionados de la iniciativa es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria que funcionará como alternativa al régimen indemnizatorio tradicional.
Las empresas deberán realizar contribuciones mensuales que variarán según su tamaño: las grandes empresas aportarán el 1% de la masa salarial, mientras que las micro, pequeñas y medianas contribuirán con el 2,5%.
Esta diferenciación fue una modificación impulsada por la UCR, ya que el proyecto original establecía un 3% uniforme para todas las empresas. El fondo permitirá a los empleadores reemplazar la indemnización por antigüedad con un esquema de cuenta individual para cada trabajador.
En materia de indemnizaciones, la reforma establece que solo se considerarán conceptos “mensuales, normales y habituales”, excluyendo adicionales no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. Además, la ley determina que la indemnización será “la única reparación frente al despido sin causa”, bajo la excusa de limitar la litigiosidad laboral.
También se modifican las licencias por enfermedad. Si la dolencia del trabajador no derivara de su actividad laboral, percibirá el 50% de su remuneración básica. En caso de que la imposibilidad de trabajar no fuera “producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud”, percibirá el 75% de la remuneración.
La reforma también introduce el mecanismo de “banco de horas”, mediante el cual se pueden establecer cambios en el horario laboral sin que se paguen horas extra, sino de una compensación con días. Entre tanto, las vacaciones podrán tomarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.
Respecto a los trabajadores de plataformas digitales, serán “prestadores independientes” sin relación de dependencia laboral, excluyéndolos del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo cuando medien contratos de obra o servicios profesionales y emisión de facturas. Por lo que no tendrán indemnizaciones, vacaciones pagas, aguinaldo y convenios colectivos.
La reforma declara a la educación, la salud y el transporte como servicios esenciales, estableciendo que en caso de paro deberá garantizarse una prestación mínima del 75%. En otras palabras, se trata de una forma de limitar el derecho a huelga para sectores que vienen reclamando por mejores salarios.
También tipifica como “infracción muy grave” los bloqueos a empresas, habilitando el despido con causa de los responsables. Otro punto es la derogación de la Ley de Teletrabajo a partir del 1 de enero de 2027, y se incorporan nuevos condicionamientos para la realización de asambleas sindicales en los lugares de trabajo, requiriendo autorización previa del empleador.
Para asegurar los votos necesarios, el oficialismo debió ceder en algunos puntos. El cambio más importante para los gobernadores fue la eliminación de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades, una medida que amenazaba la recaudación provincial por afectar la masa coparticipable.
En favor del sector financiero, se determinó que las billeteras virtuales no quedarán habilitadas para el pago de haberes, restringiendo esa posibilidad exclusivamente a entidades bancarias. Esta decisión generó críticas del PRO, que emitió un comunicado defendiendo a las fintech y señalando que “restringir opciones digitales es cerrar alternativas en lugar de ampliarlas”.
Los sindicatos lograron preservar sus herramientas de financiamiento, algo que el oficialismo aceptó para evitar un aumento de la conflictividad. Se mantendrá la facultad de cobrar aportes solidarios a los trabajadores con un tope del 2% y sin fecha de vencimiento.
Los aportes obligatorios que perciben las cámaras empresarias continuarán vigentes con el tope actual del 0,5% mensual. Además, se sostuvo el aporte patronal del 6% a las obras sociales, que en la versión inicial se buscaba reducir al 5%.
Se estableció también un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, y se postergará hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.
Bullrich tuvo que aceptar cambios en la reforma laboral para no exponerse a una derrota en el Senado
“Es una ley abiertamente inconstitucional“
Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, defendió la reforma en el cierre del debate: “No estamos prometiendo milagros, estamos trayendo alternativas concretas, Argentina necesita generar trabajo y eso se genera con competitividad“.
En otras palabras, un aumento de la “competitividad” se traduce en peores condiciones laborales que hacen más “atractivo” al empleado frente al empleador, aunque no está claro cómo esto generaría más trabajo en un país que se encuentra al borde de la recesión y que ya ha perdido decenas de miles de puestos de trabajo durante la administración libertaria.
El principal cuestionamiento provino del jefe del interbloque peronista, José Mayans, quien calificó la iniciativa como “una ley abiertamente inconstitucional, que va a traer alta litigiosidad“.
El formoseño fue contundente: “¿Cuál es el problema que tiene la República Argentina? ¿Los trabajadores? No. El problema que tiene la República Argentina es el plan económico del Gobierno y que tienen unos economistas que están dedicados a la usura”.
Mayans denunció además un “avasallamiento y una violación al reglamento del cuerpo” por la conformación de las comisiones. “Nos robaron siete senadores”, señaló, y agregó: “Acá se hablaba de 28 modificaciones y vinieron con 50 modificaciones hoy a las 7 de la mañana“.
El senador formoseño advirtió que “este modelo ya fue probado, fracasó y va a fracasar”, mencionando gobiernos anteriores que implementaron reformas similares.
Mariano Recalde calificó el proyecto como “revanchista” y recordó que en la Ley Bases “se habilitó la contratación de hasta tres colaboradores sin ningún derecho laboral pero no se generó trabajo”. Además, citó declaraciones anteriores de Bullrich cuando era ministra de Trabajo: “No crean empleo las normas laborales“, advirtió.
Anabel Fernández Sagasti fue más incisiva: “Se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, ante los bancos, ante la CGT y lo único que hacen con esta ley es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores”.
La senadora mendocina también le recordó a Bullrich los episodios de las coimas en el Senado para aprobar una reforma laboral en 2000: “Pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”.
Lucía Corpacci se quejó por la forma en que se manejó la negociación: “No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores. De 200 artículos, 50 fueron modificados y nos enteramos hoy a las 8 de la mañana”.
Carolina Moisés confirmó el rechazo de Convicción Federal pero con críticas internas: “Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”. Sin embargo, aclaró: “Argentina necesita una reforma laboral, pero no es esta”.
Fernando Salino alertó sobre la judicialización que se avecina: “A diez minutos de la votación en particular, todavía no se sabe qué texto se va a votar”. El senador puntano calificó el procedimiento como “una falta de respeto” considerando que se modifican 41 leyes.
Desde el radicalismo, Edgardo Vischi reflexionó: “La ley es mejorable y podemos seguir discutiendo todo el año porque la tecnología está haciendo cambios importantes, por lo menos es una invitación a discutir el tema. Fue positivo sacar el impuesto a las Ganancias como beneficio que afectaba a las provincias”.
Por su parte, Mariana Juri (también radical) opinó que “una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega”. El libertario Ezequiel Atauche aseguró que “los sindicatos son parte de una mafia que apañó el peronismo. El camino del verdadero progreso de la Argentina son las empresas”.
