Patricia Bullrich confirmó 28 modificaciones a la reforma laboral para asegurarse los votos dialoguistas y obtener la media sanción en el Senado este miércoles, y aunque el proyecto mantiene su espíritu de avanzar sobre los derechos laborales, los cambios de último minuto no cayeron bien en el sector empresarial.
Patricia Bullrich confirmó 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei llevará este miércoles al Senado, en un intento de última hora por asegurar los votos necesarios para obtener la media sanción.
La senadora y jefa del bloque La Libertad Avanza consensuó estos cambios con los gobernadores dialoguistas, pero lo cierto es que la propuesta mantiene intacto su espíritu de avanzar sobre derechos laborales de los trabajadores.
Sin embargo, los cambios de último minuto provocaron malestar entre un sector que venía apoyando la iniciativa: los empresarios, que expresaron un duro rechazo a modificaciones introducidas, particularmente en lo referido a los aportes patronales a cámaras empresarias.
Con esta situación como telón de fondo, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó formalmente la sesión para este miércoles a las 11 horas, en lo que será la primera jornada legislativa del año en el Congreso. La reforma laboral será el único punto del temario, quedando afuera el tratamiento de la Ley de Glaciares y el pliego para embajador de Fernando Iglesias.
Los cambios que Casa Rosada negoció con sus aliados
En una conferencia de prensa en el Senado, Bullrich detalló las principales concesiones que el oficialismo debió hacer para garantizar la aprobación del proyecto. La senadora estuvo acompañada por legisladores del PRO y la UCR, aliados habituales del oficialismo.
Además, aseguró que el dictamen final fue trabajado por 44 senadores de distintos bloques (es decir, todos menos los peronistas de Unión por la Patria). “Un gran bloque de distintos partidos políticos hemos logrado un acuerdo para tratar mañana la primera ley de trabajo en democracia”, afirmó.
Entre las modificaciones está la eliminación del artículo sobre el Impuesto a las Ganancias, que originalmente proponía reducir la alícuota para grandes compañías del 30% al 27%. Esta decisión respondió a la presión de los gobernadores, que alertaron sobre una pérdida de ingresos provinciales por tratarse de un tributo coparticipable.
“Decidimos postergar el tratamiento del impuesto las ganancias hasta construir un programa de reforma fiscal e integral que tome en cuenta lo nacional, provincial y municipal”, explicó Bullrich.
En materia sindical, el oficialismo cedió en dos puntos clave tras la resistencia de los gremios. Las obras sociales mantendrán el aporte patronal del 6% del salario, cuando la intención original era bajarlo al 5%.
Por otro lado, la cuota sindical (el aporte solidario que realizan todos los trabajadores) permanecerá obligatoria durante dos años con un tope del 2% del sueldo, y recién a partir del 1° de enero de 2028 pasará a ser voluntaria.
El texto definitivo también introdujo modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones. Se redefine la “mejor remuneración” excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo y las vacaciones, y se establece que la indemnización será la única reparación por despido sin causa.
La reforma incorpora además la actualización de créditos laborales mediante un esquema basado en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) más un adicional del 3% anual. Otro cambio relevante es la división del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Este fondo funcionará como un seguro de desempleo financiado con aportes del empleador del 1% mensual en grandes empresas y del 2,5% mensual en pequeñas y medianas empresas. Como contrapartida, las compañías recibirán una reducción de contribuciones a la Seguridad Social en iguales porcentajes, que podrá extenderse con autorización de la Comisión Bicameral.
En cuanto a los estatutos profesionales, se mantiene su derogación pero se extendió el plazo a 180 días desde la sanción de la ley. Esto afecta a viajantes de comercio, peluqueros, empleados administrativos de empresas periodísticas y choferes particulares, entre otros.
La registración laboral quedará simplificada y digitalizada bajo la órbita de ARCA, sin que otras autoridades puedan exigir requisitos adicionales. Los libros laborales se conservarán durante 10 años y se permitirá su digitalización con validez legal.
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El espíritu de la reforma: flexibilización y frenos a la protesta
A pesar de las concesiones, el proyecto mantiene su objetivo central de modificar sustancialmente las relaciones laborales en Argentina. La reforma apunta a lo que el Gobierno denomina la “industria del juicio”, limitando las indemnizaciones y estableciendo criterios más restrictivos para la judicialización de conflictos.
Entre los cambios más significativos se encuentra la prelación de convenios. Un convenio de empresa de una provincia prevalecerá por sobre un convenio colectivo nacional, incluso cuando sea menos beneficioso para el trabajador.
Este punto resta poder a los sindicatos nacionales y fortalece la negociación directa entre empleadores y empleados a nivel local, sin tener en cuenta la asimetría que existe en la capacidad de negociación de los empleados frente a sus empleadores.
La ultraactividad también sufre modificaciones. Si un convenio colectivo vence, habrá un plazo de un año para renovarlo, transcurrido el cual caerá su vigencia. Bullrich confirmó que el oficialismo no aceptó cambiar este aspecto pese a los reclamos.
El proyecto habilita el banco de horas, un mecanismo para compensar jornadas extensas con otras más cortas (sin superar el máximo legal semanal) en lugar de pagos extra. Las vacaciones podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días, con acuerdo entre empleador y empleado, y se permitirá tomarlas fuera de la temporada estival.
Un capítulo especialmente conflictivo es el que limita el derecho de huelga. Las actividades declaradas esenciales o de importancia trascendental (aeronáuticas, control de tráfico aéreo, telecomunicaciones, servicios bancarios, hospitalarios y transporte) deberán garantizar una cobertura mínima del 50% durante las medidas de fuerza.
Además, las asambleas laborales en el establecimiento de trabajo requerirán autorización de la empresa, y los trabajadores no percibirán salario durante ese tiempo.
La reforma también incorpora el salario por mérito, que permite al empleador pagar por encima del salario básico cuando observe “mérito personal” del trabajador, aunque quedará a su voluntad.
El proyecto incluye además la eliminación de la ley de Teletrabajo (sancionada durante la pandemia) con un plazo de 180 días desde la aprobación de la norma, y establece la autarquía del INCAA a partir del 1° de enero de 2028, cuando quedará financiado exclusivamente con partidas presupuestarias.
En el caso del estatuto del periodista, se especificó la eliminación inmediata del artículo 43, que establece obligaciones del empleador en caso de despido.
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Expectativas de la CGT y repentino malestar entre empresarios
La CGT comenzó a realizar reuniones de último momento con legisladores para intentar introducir más modificaciones. Según fuentes sindicales, la conducción cegetista mantiene contactos con José Mayans, jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria (formalmente llamado “Popular”), y con Martín Menem, presidente de Diputados.
El secretario de Prensa de la CGT, Horacio Arreceygor, había anticipado que “hay optimismo de que se van a cambiar varios artículos”, aunque ahora las expectativas son menores tras conocerse el dictamen definitivo.
Desde el peronismo, Mayans fue contundente en su rechazo: “Esta es una ley hecha ideológicamente por Milei y Federico Sturzenegger. Es en su denominación mentirosa porque dice que es de modernización laboral y es todo lo contrario“. El senador formoseño apuntó contra el FAL:
“Es un curro que armaron, con el que le sacan plata al sistema previsional, prácticamente el tres por ciento. Es un fondo de más o menos de tres mil millones de dólares que van a manejar ellos, con una comisión del uno por ciento”.
Pero el malestar también brotó desde el sector empresarial, afín a las propuestas desregulatorias del Gobierno. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) emitió un duro comunicado denunciando la modificación introducida a último momento en el artículo 128, que regula los aportes patronales a cámaras empresarias y sindicatos.
El conflicto se centra en que, desde la sanción de la ley, las contribuciones patronales a cámaras empresarias no podrán superar el 0,5% de los salarios, y a partir del 1° de enero de 2028 serán estrictamente voluntarias. Sin embargo, el artículo mantiene un tope del 2% para las contribuciones a organizaciones de trabajadores.
CADAM denunció un “conflicto de intereses” en el que la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) participan de la mesa paritaria y simultáneamente son beneficiarias de la administración de aportes obligatorios a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
Según la entidad mayorista, el INACAP recauda más de $30.000 millones anuales sin detallar cuánto se destina efectivamente a capacitación, lo cual genera “una doble garantía para que se continúen recaudando fondos millonarios sin rendición a la que haya acceso público”.
El ministro Federico Sturzenegger había intentado establecer el carácter voluntario de estos aportes mediante el Decreto 149/2025, pero la redacción final de la ley mantiene la obligatoriedad hasta 2028.
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Medidas de fuerza y movilización al Congreso
La CGT convocó a una movilización frente al Congreso para este miércoles, aunque sin paro general. La central obrera liberó a los gremios que deseen tomar medidas de fuerza complementarias para facilitar la participación de los trabajadores en la protesta. El objetivo es superar la convocatoria del 18 de diciembre frente a la Casa Rosada.
“Se está laburando con la movilización. Calculamos que va a ser muy importante y vamos a tratar de evitar los quilombos”, anticipó Arreceygor. La concentración está prevista para las 12 horas en la intersección de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.
El oficialismo confía en obtener más de 40 votos en el Senado y acelerar el tratamiento en Diputados antes del 1° de marzo, cuando finalizan las sesiones extraordinarias.
Sin embargo, la CGT ya advirtió que, si no logran modificaciones sustanciales en el recinto, avanzarán tanto con nuevas medidas de fuerza como con la judicialización de la ley, especialmente en lo referido al derecho de huelga. El verdadero partido, según coinciden oficialismo y oposición, recién comienza.
Algunos sindicatos decidieron ir más allá y convocar paros. La UOM, los metrodelegados y el gremio de Aceiteros anunciaron cese de actividades desde las 21 horas hasta el cierre.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, optó por paros parciales desde las 13 horas, con el objetivo de “garantizar que la gente llegue” a la movilización.
Las dos CTA convocaron a paro nacional en todos los gremios que nuclean. Rodolfo Aguiar, líder de estatales de ATE, llamó a “paralizar todas las actividades para este miércoles para impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores”.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) emitió un comunicado anunciando una Huelga Nacional con paro activo desde la medianoche del miércoles 11 de febrero.
El gremio, que forma parte del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), convocó a concentrar a las 12 horas en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen para movilizar al Congreso. En su comunicado, la federación de aceiteros cuestionó duramente la iniciativa oficial:
“El proyecto de reforma laboral del gobierno nacional es un ataque a la clase trabajadora argentina. No incluye ni un sólo artículo que favorezca a las y los trabajadores, sólo fortalece la posición de las patronales”.
El documento señala que “esta reforma no va a modernizar nada. Busca hacer retroceder el tiempo, debilitando y eliminando conquistas que costaron muchos años conseguir y que constituyen la fortaleza del sindicalismo argentino, como los convenios colectivos de trabajo, el ejercicio irrestricto del derecho de huelga, las asambleas y las comisiones internas”.
Los aceiteros también rechazaron el argumento oficial de que la reforma generará empleo: “La reforma no va a crear empleo de calidad. Ninguna ley regresiva crea trabajo de calidad, no ocurrió en los años 90 en nuestro país ni pasó nunca en ningún lugar del mundo. El empleo se crea gracias a políticas económicas que generan crecimiento, aumentan los salarios y el consumo”.
El comunicado concluye con un llamado a la movilización: “La reforma laboral del gobierno tiene como objetivo fundamental quitarnos derechos, que no podamos organizarnos, impedirnos luchar. Compañeras, compañeros, es hora de defender todo lo que hemos logrado”.
