El gobierno de Javier Milei suspendió la desregulación del servicio de practicaje en los puertos por la protesta que paralizó las principales terminales del país, incluyendo la de Bahía Blanca. Inicialmente, Nación había amenazado con sanciones contra los trabajadores.
El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás y suspendió la aplicación del Decreto 690/2026, que buscaba desregular el servicio de practicaje en los puertos nacionales. La decisión llegó tras la protesta que paralizó todas las terminales portuarias del país, incluyendo la de Bahía Blanca, donde dejó inmovilizado un buque clave para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur.
La medida impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, generó un rechazo transversal de trabajadores, empresas agroexportadoras y el sector energético, forzando al Ejecutivo a ceder ante la protesta pese a que inicialmente había amenazado con sanciones penales.
El gobierno da marcha atrás con el decreto
Tras una reunión encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el Gobierno acordó suspender los efectos del decreto y conformar una mesa intersectorial de diálogo para rediscutir la regulación del practicaje.
El encuentro se realizó el martes 4 de agosto en el Ministerio de Seguridad Nacional y se extendió por más de una hora y media. Por el lado del gobierno participaron Fernando Kusnier, titular de la Unidad Gabinete de Asesores; Martín Ferlauto, secretario de Seguridad Nacional, y Daniel Barberis, director general de Asuntos Prioritarios.
Los negociadores del sector (Miguel Ángel Donate, John Eric Ryan y Mónica Navarro), en representación de empresas, entidades y profesionales de practicaje, plantearon inicialmente una reducción del 10% en las tarifas.
El Gobierno respondió que aceptaría la suspensión del decreto y la creación de la mesa de trabajo, pero exigía una rebaja tarifaria del 30%. Tras las negociaciones, ambas partes llegaron a un punto intermedio: una reducción del 20% en las tarifas vigentes del servicio.
Según lo consensuado, la mesa de trabajo estará integrada por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y representantes del sector privado, con la misión de elaborar un nuevo reglamento para el practicaje.
El acuerdo quedó plasmado en un acta que será elevada a la Presidencia de la Nación para su evaluación. Mientras se alcance ese consenso, la suspensión del decreto permanecerá vigente. Los prácticos se comprometieron a reanudar de inmediato sus servicios en los puertos del país.
Sturzenegger había presentado la desregulación como una medida clave para reducir lo que el Gobierno denomina el “costo argentino“, el costo de los trabajadores y las medidas de seguridad del país.
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio“, había argumentado en redes sociales. Sin embargo, la presión combinada de trabajadores, empresas exportadoras y el sector energético obligó al Ejecutivo a replantear la estrategia.
Una medida de Sturzenegger desató una protesta que paralizó los principales puertos del país
De amenazar con sanciones a buscar acuerdos
El Decreto 690/2026 buscaba realizar cambios profundos en la regulación del practicaje, un servicio que lleva 35 años bajo el mismo marco normativo desde el gobierno de Carlos Menem en 1991.
La norma eximía a las empresas navieras de la obligación de contratar prácticos, ampliaba las dimensiones de los buques para los que no era obligatoria esa asistencia, y permitía que personal de Prefectura realizara las tareas que hasta entonces ejecutaban profesionales especializados.
Los prácticos son encargados de asistir obligatoriamente a los capitanes de buques de gran porte en las complejas maniobras de ingreso, egreso y amarre en terminales fluviales.
Su conocimiento de las características de ríos como el Paraná y el Río de la Plata resulta crítico para evitar encallamientos, colisiones y derrames. Cada operación de ingreso o egreso de un buque ronda los 15.000 a 20.000 dólares por prestación, una tarifa que Sturzenegger había señalado como “exorbitante“.
Ante el anuncio del decreto, los prácticos paralizaron sus tareas el lunes en rechazo a una medida que consideraban destructiva para sus condiciones laborales y las normas de seguridad.
Lo distintivo fue que, aunque la mayoría no está sindicalizada, tomaron una decisión coordinada de no aceptar nuevos contratos, convirtiendo el conflicto en una acción colectiva difícil de encuadrar legalmente como un conflicto laboral tradicional.
Es decir que, irónicamente, Sturzenegger terminó provocando que los trabajadores se unificaran espontáneamente sin la necesidad de estar unificados en sindicatos. Inicialmente, el vocero presidencial Adrián Ravier amenazó con sanciones durante la conferencia de prensa del martes.
“Va a haber sanciones, es algo que está ocurriendo en este momento. Esto es un servicio esencial y tienen la obligación de sostener ese servicio”, afirmó. La Prefectura Naval conminó a los 536 prácticos a retomar las actividades bajo amenaza de sumarios y denuncias penales que podrían acarrear penas de hasta ocho años de prisión.
Sin embargo, la parálisis de los puertos generó un costo que el Ejecutivo no había previsto. Empresas agroexportadoras, refinerías y proyectos estratégicos comenzaron a reportar pérdidas significativas. En apenas un día de inactividad, el sector cerealero perdió el equivalente a lo que invierte en un año completo en sueldos de prácticos.
El presidente de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera Argentina), Gustavo Idígoras, advirtió que “cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día”. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Practicaje y Pilotaje señaló que Alejandra Monteoliva fue clave para encontrar una salida del conflicto.
Otros actores, como el presidente del Centro de Capitanes, Jorge Tiravassi, definieron la medida de Sturzenegger como “un disparate, una locura” y “una torpeza, una impericia”. Incluso empresarios del sector portuario cuestionaron la falta de consulta previa.
El PBI se desploma un 1% y complica el relato de Milei para el segundo semestre
¿Cómo impactó la situación en Bahía Blanca?
El impacto de la protesta se notó en Bahía Blanca. El HL White Marlin, uno de los buques semisumergibles de transporte pesado más importantes del mundo, llegó frente a las costas del puerto transportando la flota especializada que instalaría la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).
El buque debía descargar las embarcaciones que participarían en la construcción de la terminal de Punta Colorada, infraestructura desde la cual se exportaría buena parte del petróleo producido en Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.
Se trataba del comienzo de una nueva etapa del proyecto, tras meses de planificación luego de que Milei decidiera relocalizar el proyecto fuera de la ciudad para perjudicar al gobierno bonaerense. Una vez descargada la flota, debería iniciarse el despliegue de equipos para instalar las monoboyas, los sistemas de amarre y la infraestructura submarina.
Sin embargo, la suspensión de los servicios de practicaje impidió realizar las maniobras necesarias para descargar las embarcaciones. El HL White Marlin quedó fondeado frente a Bahía Blanca, con toda la flota aún sobre su cubierta, a la espera de poder iniciar operaciones.
La Cámara Argentina de Energía (CADE) alertó que las operaciones portuarias estaban interrumpidas debido a la “indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector”.
Además de Bahía Blanca, la paralización afectó a muelles en Campana, Dock Sud, La Plata y Caleta Córdova en Comodoro Rivadavia, impidiendo tanto el ingreso de crudo a refinerías como el despacho de combustible hacia centros de distribución.
Con el acuerdo alcanzado y la reanudación de los servicios de practicaje, las operaciones en Bahía Blanca podrían reactivarse. Sin embargo, los días perdidos representaron un retraso en un proyecto que Vaca Muerta Oil Sur considera estratégico para incrementar las exportaciones de petróleo argentino en los próximos años.
La decisión de Sturzenegger, que supuestamente buscaba reducir costos logísticos, terminó generando exactamente lo opuesto: un paro que paralizó la actividad portuaria, frenó exportaciones e interrumpió proyectos clave de la infraestructura nacional.
