El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla habilitó la feria para tratar la denuncia del gobernador bonaerense Axel Kicillof contra el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, vocero de Horacio Rosatti, por “tráfico de influencias” y “violación de los deberes de funcionario público”. El magistrado ordenó una medida de prueba que complica al fiscal Carlos Stornelli. El trasfondo de la causa.
Kicillof denunció a Robles y D’Alessandro porque, según los chats filtrados, ambos intercambiaban mensajes sobre dos casos sensibles: la coparticipación y la conformación del Consejo de la Magistratura. Las conversaciones dejan entrever la complicidad entre el máximo tribunal del país y el gobierno porteño.
Esta filtración provocó diversas denuncias penales. Dos de ellas recayeron en Comodoro Py a instancias del fiscal procesado por espionaje ilegal Carlos Stornelli, quien no le dio impulso penal a la acusación.
El entramado del macrismo judicial
Una de esas denuncias archivadas la presentó el abogado Gastón Marano, exasesor de un senador del PRO y defensor de Nicolás Gabriel Carrizo, procesado por el atentado contra CFK.
Tras recibir este miércoles la denuncia de Kicillof, Ramos Padilla solicitó “una amplia certificación” para evaluar la existencia de otras causas con idéntico objeto procesal al denunciado por el gobernador bonaerense.
En la misma línea, solicitó “un amplio relevamiento de la información periodística” que se dio sobre el tema.
Esta medida exhibirá que Stornelli y el juez Sebastián Ramos no actuaron correctamente y se apuraron en cerrar el caso cuando había otras causas en trámite de similares características y que se habían iniciado con anterioridad a la de Marano, puntualmente se trata de las denuncias realizadas por los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Marano presentó su denuncia un día después que Zamora anunciara por redes sociales su presentación judicial contra D’Alessandro y Robles.
La denuncia que hizo Quintela contra D’Alessandro y Robles también fue previa a que la denuncia de Marano fuera asignada al juzgado que subrogaba Ramos. Quintela hizo pública su acusación el 5 de enero y la denuncia de Marano tuvo un cambio de asignación de juzgado el 6 de enero.
Marano -que no era un damnificado– se apuró en presentar la denuncia para llevar el caso de Robles y D’Alessandro a Comodoro Py cuando avanzaba en Santiago del Estero la acusación que había hecho Zamora.
Por otro lado, Stornelli y Ramos se apresuraron en cerrar la denuncia del abogado en pos de beneficiar al macrismo.
La jugada del abogado defensor de Carrizo buscaba que el caso contra la mano derecha de Rosatti -presidente de la Corte- tramite en los tribunales de Retiro, donde el macrismo juega de local por los diversos magistrados con vínculos aceitados con el PRO.
Así, se buscaba trasladar el caso cuando avanzaba una causa por los mismos hechos en la justicia federal de Santiago del Estero.
Marano logró su objetivo porque, por un lado, la justicia de Santiago del Estero se declaró incompetente y envió la investigación a la Ciudad de Buenos Aires y, por otro, se archivó la denuncia que él presentó.
El trasfondo
El argumento de Kicillof, Quintela y Zamora es que pese a las abismales asimetrías entre la Capital Federal y el resto del país, los gobernadores no fueron escuchados por la Corte Suprema en la disputa por los puntos de Coparticipación Federal, y el máximo tribunal decidió fallar en favor del territorio gobernado por Horacio Rodríguez Larreta, en detrimento de las provincias.
Justamente la denuncia de Kicillof apunta a que el fallo de la Corte se explica únicamente por lo que se vio en los chats entre Robles y D’Alessandro: una trama a escondidas entre Rosatti y el macrismo.
La presentación de la denuncia se hizo este miércoles, pasadas las 9 de la mañana, en los tribunales federales de La Plata. El juzgado que resultó sorteado fue el 3 que encabeza Ernesto Kreplak. Como está de feria, interviene Alejo Ramos Padilla y la fiscal es Laura Roteta.
En el escrito de 13 páginas, firmado por el propio Kicillof, se habla de:
“Una espuria connivencia en la cual coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta”.
Sigue el texto:
“La connivencia ha quedado al desnudo en los chats publicados… y consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la presidencia de la Corte hacia los funcionarios de CABA”.
La denuncia se centra en una detallada enumeración de cómo Robles le va recomendando estrategias a D’Alessandro para desconocer, por ejemplo, la designación de los senadores para el Consejo de la Magistratura. Esos consejos fueron seguidos “al pie de la letra por la alianza política opositora”, afirma el gobernador.
El punto central que menciona Kicillof es que:
“En el marco de la revelación periodística de las conversaciones, aparecen menciones directas a la decisión de la Corte sobre la disputa en torno al porcentaje de fondos coparticipables. Ese fallo atenta contra el federalismo y la democracia de nuestro país, si bien afecta a todas las provincias argentinas, impacta de modo especialmente negativo en la Provincia de Buenos Aires, habida cuenta que resulta la jurisdicción más perjudicada por el sistema de coparticipación”.
Por eso, considera el gobernador que la justicia federal de La Plata debe actuar.
