El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó esta mañana ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles -el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti- y Marcelo D’Alessandro -ministro de Justicia porteño en uso de licencia- por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Puntualmente, la administración de Kicillof pone la mira en los chats filtrados entre los funcionarios donde el hombre de confianza de Rosatti "le pasa letra" al ministro de Horacio Rodríguez Larreta sobre el fallo supremo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias en materia de la Coparticipación Federal.
Según informaron desde el equipo de prensa de la gobernación que la provincia de Buenos Aires "es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación", y que esa situación:
"Ahora se ve agravada por una decisión injusta e ilegal de la Corte Suprema, que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
"Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno", denunció el gobierno de Kicillof.
En ese sentido, la gestión provincial resalta que "las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos".
Y además recuerda que "hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional".
"Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires".