A pedido del abogado Gastón Marano, se postergó para la semana próxima la ampliación de la indagatoria de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los detenidos y procesados como partícipe secundario del atentado contra CFK. Marano es el ex asesor del PRO que esta semana presentó una conveniente denuncia contra Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
La declaración del exjefe de la llamada “Banda de los Copitos” está prevista ahora para el próximo martes a las 10 de la mañana, en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien lo citó a su pesar por orden de la Cámara Federal porteña a partir del planteo de los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Semanas después de que Capuchetti lo procesara como partícipe secundario, es decir como un personaje menor, un análisis del celular del detenido reveló nuevos mensajes que lo complican aún más en la causa: “Recién intentamos matar a Cristina”, admitió Carrizo dos horas después del ataque, convencido además de que Fernando Sabag Montiel había gatillado el arma que él le había aportado.
Los abogados de la ex presidenta, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, insistieron para que se lo impute como coautor y miembro de la asociación ilícita que se formó para asesinarla, pero la jueza se negó a cambiar la situación procesal de Carrizo.
¿Quién es Nicolás Gabriel Carrizo?
Se trata del hombre que se presentaba como dueño de la máquina de hacer copos de azúcar que se usó como pantalla para realizar tareas inteligencia entre la militancia que acompañaba a CFK frente a su departamento.
Carrizo también se presentaba como supuesto jefe de la “Banda“, organizando las reuniones del grupo y siendo una de las voces principales en los chats. Desde el inicio de la causa hasta la fecha se encontraron incontables mensajes suyos -tanto a amigos como a familiares- donde se jacta del atentado y lamenta que las balas no hayan salido del arma utilizada.
Fue procesado a fines de septiembre, junto a la ahora liberada y desprocesada Agustina Díaz, “en calidad de cómplices” del intento de magnicidio. Junto con Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados como coautores, fueron parte del “plan común”, de un “acuerdo premeditado” para consumar el crimen. Al ser tres individuos organizados para realizar un ilícito, es que la querella de CFK busca que se los considere justamente como una “asociación ilícita“.
Capuchetti -la jueza a cargo de la causa- tomó nota de que Carrizo aportó un arma que finalmente no se usó, que tenía “pleno conocimiento del plan criminal” y conversaba con Uliarte sobre “la intención de darle muerte” a Cristina, y que después del hecho volvió a comunicarse con la mujer para hablar sobre cómo encubrir su participación en el atentado, aunque terminaron doblando la apuesta y prometiéndose intentarlo de nuevo.
En septiembre habían suficientes elementos para dudar del rol secundario de Carrizo, pero desde el 26 de octubre, cuando la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para la Investigación Penal (DATIP, órgano del Ministerio Público Fiscal) realizó un informe sobre el celular del detenido revelando una importante cantidad de nuevos mensajes que despejan cualquier duda sobre su rol como coautor.
“Recién intentamos matar a Cristina”, le escribió a un tal “Kevin Bargas 2” horas después del episodio. “Mi empleado. Le quiso disparar”, apuntó. “El arma es mía amigo. Te lo juro por dios. Estamos con el grupo. Todos juntos”.
En base a esas nuevas pruebas, la querella que representa a la vicepresidenta pidió que se le ampliara la indagatoria, que se lo imputara como coautor y también que se sumara la figura de “asociación ilícita” a todos los involucrados.
Capuchetti rechazó el pedido y los abogados de CFK volvieron apelar la negativa. Así se llegó a la breve resolución de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, los jueces que Mauricio Macri ubicó a dedo en la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, quienes admitieron la necesidad de volver a tomarle declaración. En disidencia votó Mariano Llorens.
Finalmente, Capuchetti había convocado a Carrizo a declarar el pasado jueves 5 de enero, pero accedió a postergar la cita a pedido del abogado del procesado, Gastón Marano, quien le informó que por cuestiones vinculadas a la feria judicial no iba a poder estar presente en la indagatoria.
¿Quién es Gastón Marano?
Marano es el abogado que tomó la defensa de Carrizo el pasado 15 de septiembre, apenas dos semanas después del atentado.
La aparición de Marano generó revuelo mediático ya que el letrado que realizó trabajos para la Embajada de Estados Unidos cobra honorarios de al rededor de 100 mil dólares, y el último trabajo en blanco registrado de Carrizo data de 2016.
Lo cual generó la duda sobre cómo un supuesto vendedor de copos de azúcar puede costear un abogado que cobra un centenar de miles de dólares.
Para completar la imagen, Marano es un ex asesor del senador nacional del PRO Ignacio Torres en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia.
Marano tiene otros vínculos además con los partidos de derecha: en 2022 fue convocado por Ramiro Marra, legislador porteño de La Libertad Avanza -partido de Javier Milei-; y su socia en la defensa de Carrizo, Brenda Salva, también fue asesora de una legisladora del PRO, Karina Bachey.
Esta semana, Marano volvió a aparecer en titulares periodísticos cuando presentó una denuncia nada menos que contra Silvio Robles, el operador principal de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.
Robles está en la mira de la Justicia federal por sus escandalosos chats con Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, con quien conversaban sobre dos tópicos de alta impacto político-judicial.
Por un lado, Robles “le pasaba letra” a D’Alessandro para fortalecer la posición del PRO en la polémica por la conformación del Consejo de la Magistratura, donde la Corte Suprema busca quitarle una banca al peronismo y para hacerlo interfiere en los asuntos internos del Senado.
Por otra parte, el vocero de Rosatti le adelantó al ministro porteño cuestiones vinculadas al fallo supremo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento del resto del país en la disputa por la coparticipación federal.
Por este escándalo, Robles fue denunciado por Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, por tráfico de influencias. Desde ese momento, el coro mediático-político-judicial macrista puso el grito en el cielo para hacer la caer la causa.
Y para ello, buscan trasladarla de la Justicia Federal santiagueña, a los tribunales porteños de Comodoro Py, donde el macrismo juega de local con sus jueces afines.
Justamente, la denuncia de Marano quedó radicada en Comodoro Py, en el juzgado del juez Ariel Lijo.
Como nadie puede ser investigado dos veces por un mismo hecho, las denuncias contra Robles por sus presuntos chats con el ministro porteño deberán acumularse en un solo juzgado, lo que se podría saldar tras un conflicto de competencia si distintos jueces abren la investigación penal.
De allí que la denuncia de Marano, lejos de complicar a Robles, en verdad se trata de un favor judicial. Y es justamente por esa denuncia contra el vocero de Rosatti que el abogado no iba a poder estar presente en la indagatoria de Carrizo.
Marano radicó la denuncia el jueves 5, el mismo día que Carrizo estaba citado. Curiosas coincidencias.
