La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició este jueves la etapa de citación de testigos que den cuenta -o nieguen- del mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos de parte de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. El interbloque de JxC se retiró de la sesión.
En la sesión de este jueves declararán dos magistrados federales y funcionarios del máximo tribunal.
Si bien el juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se sustenta en 60 denuncias distintas, para el FdT existe un hilo conductor que une gran parte de estas acusaciones: los chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles y el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
Para el oficialismo, esos chats configuran el puntapié inicial para la investigación. Por otro lado, la oposición insiste en que las conversaciones no pueden ser tomadas como prueba por ser, presuntamente, el trabajo de “espionaje ilegal”.
El debate principal sobre este tópico lo protagonizarán los jueces Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla. El primero afirma que no se puede utilizar los chats como medida de prueba en la investigación debido al origen ilegal de los mismos, el segundo en cambio sostiene que sí había que investigar porque no había elementos de prueba “serios y objetivos” que permitieran afirmar que las comunicaciones provenían de espionaje ilegal.
El jueves, a su vez, se presentarán cinco de los siete secretarios de la Corte que habían sido convocados. El FdT busca cuestionarlos respecto de los movimientos de algunas causas que circularon por sus secretarías, principalmente la de coparticipación y la del Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, la mayoría de los legisladores oficialistas se muestran escépticos de que vayan a brindar muchos detalles sobre el accionar de sus jefes, y esperan que se amparen en el secreto de la confidencialidad.
En el caso de los ausentes -que serán Mario Jorge Cimadevilla (ex consejero de la Magistratura y testigo solicitado a pedido de la Coalición Cívica) y Adriana Valinotti (de la vocalía de Rosatti)-, estos justificaron su ausencia.
De todos modos, los testigos están obligados a comparecer, por lo que si los funcionarios se niegan a presentarse en el futuro se le podrá pedir a un juez que expida una orden para que los vaya a buscar la fuerza pública.
La sesión de la Comisión, que inició a las 11 de la mañana de este jueves, tuvo momentos de tensión cuando cerca del mediodía el interbloque de Juntos por el Cambio abandonó sus lugares por considerar que el proceso es “irregular e ilegítimo”.
Si bien se levantaron de la reunión, aclararon que podrían volver a participar en el futuro únicamente para desempeñar un rol del control o para evitar que se hostigue a alguno de los testigos citados. “Vamos a ver caso por caso, cómo continúa este proceso”, adelantó Juan Manuel López de la Coalición Cívica.
Los primeros testigos citados
- Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema.
- Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración.
- Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional.
- Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.
- Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti de la vocalía de Horacio Rosatti.
- Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura a pedido de una diputada de la Coalición Cívica.
La defensa mediática de los supremos
En la previa a la jornada de este jueves, distintos medios afines al macrismo comunicacional hicieron públicos una serie de medidas judiciales que datan de diciembre pasado, con la intención de “lavar” la imagen de los jueces de la Corte.
Particularmente, los fallos difundidos esta semana son dos.
Por un lado, el juez federal Ariel Lijo rechazó un pedido de sobreseimiento del fiscal Carlos Stornelli -es decir, el fiscal favoreciendo al acusado-, que pidió que se libere de toda responsabilidad al supremo Juan Carlos Maqueda, imputado en el escándalo del desmanejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ).
El argumento flojo de papeles del fiscal fue que “Maqueda no ha sido individualizado como imputado ni aparece en las hipótesis delictivas investigadas”.
En realidad, hubo maniobras poco claras en un organismo manejado por un hombre de confianza de Maqueda y una sobrina del ministro de la Corte, quien manejó la administración sin siquiera tener designación.
El otro de los fallos difundidos fue el sobreseimiento de Horacio Rosatti en una causa por enriquecimiento ilícito. El pedido de cierre del expediente fue del fiscal de Cámara, Raúl Plee, el mismo que apeló el sobreseimiento de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros funcionarios en la causa conocida como dólar-futuro.
