Con 149 votos a favor y 100 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la Reforma Penal Juvenil impulsada por La Libertad Avanza, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ahora el proyecto deberá tratarse en el Senado.
Tras avanzar con la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei consiguió este jueves otra victoria legislativa al obtener media sanción en la Cámara de Diputados para el proyecto de Ley Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La votación en general arrojó 149 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención, con siete ausencias. El expediente ahora pasará al Senado, donde enfrentará su última instancia antes de convertirse en ley.
La iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, logró el respaldo de los 95 diputados de La Libertad Avanza, junto con sus aliados tradicionales: 21 legisladores del interbloque Fuerza del Cambio (que agrupa al PRO y la UCR), 19 del bloque Provincias Unidas, los 7 de Innovación Federal, los 3 de Independencia, los 2 del MID, los 2 de País Federal y los 2 de Producción y Trabajo, entre otros bloques provinciales.
La oposición estuvo encabezada por Unión por la Patria: Votaron en contra sus 92 diputados presentes, a los que se sumaron los 4 legisladores del FIT, los 3 de Elijo Catamarca (que se habían separado del bloque peronista) y la diputada cordobesa Natalia de la Sota.
Aunque votó en contra en la elección general, durante la votación de artículos particulares el Frente Renovador respaldó el que habilita puntualmente la reducción de edad, en línea con un proyecto que ya había presentado en 2015.
Qué establece el Régimen Penal Juvenil
El texto aprobado crea un régimen penal aplicable a personas de 14 a 18 años cuando sean imputadas por delitos tipificados en el Código Penal o en leyes penales especiales. La pena máxima será de 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros.
Para infracciones con condenas menores a 10 años de prisión, la ley prevé una serie de penas alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, restricciones de circulación y prohibición de conducir vehículos.
Respecto a las penas privativas de libertad, estas podrán cumplirse en domicilio, en un instituto abierto, o en un instituto especializado de detención. El proyecto prohíbe la prisión perpetua y establece que, cuando el adolescente haya cumplido dos tercios de la condena, el juez podrá considerar sustituir el encierro por otras medidas.
En todos los casos se prohíbe expresamente la convivencia con detenidos mayores de edad, aunque cuando discutía el texto en comisiones, la oposición había puesto en duda que el oficialismo cumpliría con su cronograma para llevar obras de infraestructura y adecuación de las cárceles para garantizar esto.
La norma establece la creación de institutos especializados donde se garantice el derecho a la educación, atención médica y tratamiento de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar capacitado en infancia y adolescencia.
El proyecto también habilita la suspensión del proceso a prueba para delitos cuyo mínimo de pena no exceda los 3 años de prisión, así como la mediación penal juvenil en infracciones leves con penas máximas de hasta 6 años, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro eje central es el reconocimiento de los derechos de las víctimas (en sintonía con la situación de los mayores de edad), que incluyen ser informadas, escuchadas, contar con asistencia jurídica y psicológica, y participar en instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando corresponda.
Para la implementación, el texto estipula un presupuesto de más de 23 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil millones saldrían del Ministerio de Justicia y los 20 millones restantes de la Defensoría General de la Nación. Las provincias están autorizadas a firmar convenios para “dar cumplimiento al presente régimen”.
La ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, y busca reemplazar la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad, vigente desde 1980 durante la dictadura. Primero debe ser sancionada en el Senado de la Nación.
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¿Cómo votó cada diputado la Ley Penal Juvenil?
A favor, votó la totalidad de la banca de La Libertad Avanza, encabezada por Gabriel Bornoroni. A ellos se sumaron los diputados del PRO Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando De Andreis, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Álvaro González, Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza.
Por Provincias Unidas, aportaron sus votos Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, Carolina Basualdo, Juan Fernando Brugge, Sergio Capozzi, Mariela Coletta, Pablo Farías, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Pablo Juliano, Martín Lousteau, José Núñez, Esteban Paulón, Jorge Rizzotti, Gisela Scaglia, Juan Schiaretti, Alejandra Torres.
Desde la UCR, votaron a favor Guillermo César Aguero, Karina Banfi, Gerardo Cipolini, Diógenes González, Lisandro Nieri, Darío Schneider, Pamela Verasay. Por Innovación Federal, apoyaron Alberto Arrúa, Bernardo Biella, Oscar Herrera, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Yolanda Vega.
A ellos se sumaron Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal); Claudio Álvarez y Gerardo Gustavo González (País Federal); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); los tucumanos Elia Marina Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera (Independencia); José Luis Garrido (Por Santa Cruz); Karina Maureira (La Neuquindad); Carlos Jaime Quiroga, Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo); y Eduardo Falcone y Oscar Zago (MID).
Votaron en contra todos los presentes de Unión por la Patria, la banca liderada por Germán Martínez. A ellos se sumaron los del Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola.
También rechazaron el proyecto Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóbrega (Elijo Catamarca), Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) y Jorge Fernández (Primero San Luis, otro diputado que optó por salirse del bloque peronista).
Los ausentes fueron Carlos Cisneros y Roxana Monzón (de Unión por la Patria), Mónica Frade (CC), Daiana Fernández Molero (PRO), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Marcela Pagano (Coherencia) y María Inés Zigaran (Provincias Unidas).
El debate por la baja de la imputabilidad
Si bien la jornada duró menos que la dedicada a tratar la reforma laboral, la sesión dedicó alrededor de 8 horas para tratar el tema. Luego, los diputados se avocaron a la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europera.
La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría, consideró que el nuevo régimen será “un gran paso para Argentina”. Destacó que “la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas”.
Sobre la edad consensuada, señaló que “el consenso del Congreso ha establecido 14 años”. Cabe recordar que La Libertad Avanza había intentado impulsar una reducción a 13 años de la edad de imputabilidad en un texto que pocas horas después debió retirar por falta de consensos.
Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz calificó como “mamarracho jurídico” al proyecto del oficialismo. Defendió el dictamen de su espacio que fija “una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años”.
Advirtió que el proyecto oficial “no tiene la solución al problema; ésta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker”.
El jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, cuestionó que no se hayan tenido en cuenta “un montón de aportes” de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría.
Criticó que hay “un vacío de política pública alrededor de los niños y adolescentes no punibles” y que el proyecto “no dice una palabra sobre la cuestión preventiva”. También observó “un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo, que no incluye a las provincias”.
El diputado Ramiro Gutiérrez (también peronista) advirtió sobre posibles cuestionamientos judiciales: “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo esta ley, esta ley va a tener destino”.
“Sino va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria“, agregó.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman aseguró que esta ley es “para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes“. Sostuvo: “No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora”.
Su compañera de bloque, Romina del Plá, advirtió que “lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12″.
El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, resaltó que “estamos dando un debate necesario que la política viene postergando hace décadas”. “Hay más de 90 proyectos presentados para hacer esta reforma”, señaló, “bloquear este debate, no responsabilizar a un menor que tiene consciencia que está cometiendo un delito no es un acto de humanidad, sino de abandono”.
La presidenta de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, argumentó desde la perspectiva santafesina: “Santa Fe reclama obviamente un régimen penal juvenil. A muchos jóvenes el narcotráfico los capta para ser soldaditos de redes penales”.
Consideró que la imputabilidad “hace que, a muchos chicos, por ser punibles, los narcos no los agarren y los salvemos”. Sin embargo, advirtió: “Pero no se resuelve el tema que nos toca atravesar con represión; obviamente hay que tener inversión social, pero esa inversión tiene que darse en conjunto, no la puede poner el Estado provincial”.
Miguel Pichetto expresó su apoyo a la reducción de edad, pero comentó que duda que el gobierno nacional gire los fondos presupuestarios establecidos.
“El metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares“, explicó, y agregó que la ley “requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.
La diputada cordobesa Natalia de la Sota cuestionó si el proyecto soluciona el problema de la inseguridad o previene delitos: “Esto no soluciona la inseguridad, porque sabemos que el número del delito juvenil es ínfimo. Creemos que esto tiene que ver con buscar un título rimbombante, porque es más fácil decir que estamos haciendo algo que hacerlo de verdad”.
El diputado libertario Santiago Santurio defendió la iniciativa señalando: “Esta es una función prioritaria del Estado, dar respuesta a la delincuencia con estos delitos graves”. “Es una respuesta fundamental que es reclamada hace tiempo y va a ser beneficioso tanto para los que cometen delitos, como para todas las víctimas”, aseguró.
