La Libertad Avanza se quedó con la presidencia de todas las comisiones de la Cámara de Diputados dedicadas a tratar los proyectos que el oficialismo pretende aprobar en las sesiones extraordinarias y se allanó el camino para avanzar con su reforma penal juvenil.
La Libertad Avanza se quedó con la presidencia de la totalidad de las comisiones constituidas en la Cámara de Diputados para el tratamiento de los proyectos del gobierno de Javier Milei durante las sesiones extraordinarias.
Se trata de los espacios legislativos que debatirán la reforma penal juvenil y la reforma laboral, además de los acuerdos comerciales internacionales, allanando el camino para impulsar su iniciativa de reducir la edad de imputabilidad.
El oficialismo se quedó con todas las presidencias
Durante la jornada del martes se conformaron siete comisiones que se suman a las dos establecidas en diciembre, todas bajo conducción libertaria. Martín Menem, presidente de la Cámara baja, logró imponer figuras de su confianza en cada uno de estos espacios estratégicos.
Entre las comisiones constituidas, la de Familia, Niñez y Juventudes quedó a cargo de la salteña María Gabriela Flores (de LLA y militante antiabortista), quien reemplazó a la radical Roxana Reyes. Esta comisión será parte del plenario que debatirá la reforma penal juvenil.
La comisión de Justicia, clave para el debate de la reforma, será presidida por el mendocino Álvaro Martínez, uno de los primeros diputados del PRO en sumarse a La Libertad Avanza al inicio de la gestión Milei. Su designación fue propuesta por el jujeño Manuel Quintar, quien ocupó ese cargo en el período anterior.
En Legislación del Trabajo, que tendrá a cargo la reforma laboral, asumió el correntino Lisandro Almirón, candidato a gobernador correntino en 2025 y hombre de confianza de Karina Milei. Su designación fue respaldada por César Treffinger, quien recordó que Almirón es presidente del partido libertario en Corrientes.
Juliana Santillán se quedó con Relaciones Exteriores y Culto, una comisión fundamental para el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea en febrero y eventualmente el acuerdo con Estados Unidos a partir de marzo.
La diputada marplatense es impulsora de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) en el fútbol y recientemente debió aclarar su visita a China tras filtrarse imágenes de un viaje con otros legisladores invitados por el Partido Comunista.
La comisión de Mercosur quedó bajo la conducción del exPRO Damián Arabia (cercano a Patricia Bullrich), propuesto por Silvana Giudici. También se constituyó la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el sanjuanino José Peluc (LLA), que deberá tratar la ley de glaciares, actualmente frenada en el Senado.
En diciembre ya se habían conformado las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, con las reelecciones de Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, ambos de LLA. De las nueve comisiones actualmente en funcionamiento, la oposición no encabeza ninguna.
Es por esto que Unión por la Patria cuestionó las designaciones. Germán Martínez, jefe de la bancada, consideró que la distribución no cumple con el reglamento: “Esta tanda de febrero no hubo ningún acuerdo político de cómo se iban a generar la distribución de los roles y la integración de la mesa directiva de cada una de las comisiones”, expresó en la comisión de Familia.
La principal queja se centró en la comisión de Mercosur, que hasta el recambio legislativo presidía el bloque opositor. El oficialismo se negó a ceder cualquiera de las presidencias para este período extraordinario. Como protesta, Unión por la Patria decidió dejar vacías las vicepresidencias que le correspondían.
El reglamento obliga a que la composición respete la proporción de fuerzas del recinto, y en diciembre, durante la sesión preparatoria, el presidente de la Cámara fue habilitado por la mayoría que obtuvo LLA para hacer los cálculos, asegurándose el control de los espacios más importantes.
Bullrich tuvo que aceptar cambios en la reforma laboral para no exponerse a una derrota en el Senado
Dictamen el miércoles, votación el jueves
El próximo paso en la agenda del gobierno de Javier Milei es dictaminar este miércoles el proyecto de ley penal juvenil en un plenario de comisiones, para luego darle media sanción el jueves en el recinto de la Cámara de Diputados. La sesión también contempla la votación del proyecto de ratificación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, y Presupuesto y Hacienda se desarrollará desde las 10.30 horas con la conducción de Laura Rodríguez Machado (LLA). La sesión fue convocada para las 11 horas del jueves.
Según fuentes del oficialismo, no habría mayores inconvenientes para firmar el despacho de mayoría junto a sectores aliados, e incluso se espera atraer algunas firmas del peronismo, particularmente del Frente Renovador. El oficialismo también cuenta con el respaldo de Provincias Unidas.
El camino hacia la votación estuvo marcado por un insólito ida y vuelta. Pese a que ya existía un acuerdo consolidado con sectores aliados para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, el Poder Ejecutivo sorprendió el lunes por la mañana al ingresar un nuevo proyecto que insistía con fijar el umbral en 13 años.
El disgusto que generó en los aliados este movimiento obligó a la Casa Rosada a retirar el proyecto por la noche. En realidad, el oficialismo no necesitaba enviar una nueva iniciativa, ya que el plenario de comisiones está habilitado para usar cualquiera de los 15 proyectos presentados sobre la materia e introducir los cambios necesarios.
El principal aporte del proyecto retirado era la asignación de fondos para financiar la implementación: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia.
Existe un compromiso verbal para que estas partidas específicas queden incluidas en el dictamen que se firme el miércoles, además de fijar en 14 años la edad de responsabilidad penal. La incógnita es si la tropa libertaria lo cumplirá.
Más allá de esto, el proyecto deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y pretende fijar un máximo de 15 años de prisión para menores. Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca terminar con la “puerta giratoria” de entrada y salida permanente de menores a la delincuencia.
Con los repetidos latiguillos de que “el que las hace las paga” y “delito de un adulto, pena de adulto“, el oficialismo pretende avanzar sobre la ley vigente (22.278), que abarca a los jóvenes mayores de 16 años.
Aunque el gobierno asegura que pretende reducir la delincuencia, la realidad es que no hay evidencia empírica real en Latinoamérica ni en el mundo que respalde la idea de que aplicar más severamente el Código Penal sobre menores reduzca los índices de criminalidad.
Brasil, por caso, bajó la edad de imputabilidad a 12 años y la tasa de homicidios, lejos de disminuir, trepó a 23.1 cada 100 mil habitantes. Además, la cantidad de menores de edad que delinquen y no son cubiertos por la actual ley es minúscula.
La oposición sostiene que el problema de la criminalidad juvenil es estructural y obedece a un sistema histórico de exclusión social que deja a la deriva a miles de jóvenes que sienten que no tienen nada que perder y son empujados al delito por desesperación y falta de oportunidades.
