La Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Gobierno de Javier Milei y lo dejó sin excusas para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que deberá actualizar el salario del personal y recomponer las becas estudiantiles.
La Corte Suprema de Justicia falló en favor de las universidades públicas y dejó al Gobierno de Javier Milei sin margen para seguir evitando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo y dejó firmes las medidas cautelares que ordenan actualizar los salarios del personal docente y no docente de las casas de altos estudios, además de recomponer el fondo de becas estudiantiles.
Desde el rectorado de la Universidad Nacional del Sur (UNS), las autoridades agradecieron el acompañamiento de toda la comunidad en este reclamo. “Esto es posible porque la sociedad entiende el valor de la universidad pública como factor de movilidad social y de mejora de la calidad de vida, y se mostró dispuesta a defenderla”, expresaron.
Además, se agregó que el reclamo por la plena aplicación de la Ley continuará: “Esta decisión abarca salarios y becas, que son importantísimos y urgentes por la crítica situación de nuestros estudiantes, docentes e investigadores, pero todavía falta la implementación plena de la ley, por la que seguimos pidiendo, ya que no es otra cosa que reclamar que prevalezca el Estado de Derecho”.
Ver esta publicación en Instagram
El fallo obliga a Javier Milei a cumplir la ley
La resolución lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según argumentó el tribunal, el recurso presentado por la Procuración del Tesoro no se dirigía contra una sentencia definitiva, motivo por el cual fue desestimado.
También quedó sin efecto el pedido de excusación que había planteado el Gobierno, que sostenía que los tres magistrados debían apartarse de la causa por ejercer la docencia universitaria.
La causa se originó a partir de una acción presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, con el que el Ejecutivo había dispuesto suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
Esos artículos establecen la actualización de los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 y la recomposición de los montos de las becas estudiantiles.
Cabe recordar que en agosto de 2025 el Senado sancionó la ley de presupuesto universitario, pero Milei la vetó un mes después al considerar que implicaba un “costo fiscal inaceptable”, pese a que la Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado su impacto en 0,23% del PBI.
En octubre, el Congreso rechazó el veto, y el Ejecutivo respondió con el decreto que suspendía la aplicación de la norma hasta que se definieran las fuentes de financiamiento. Frente a esa decisión, el CIN inició una acción de amparo. El 23 de diciembre, el juez Martín Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, fallo que el Gobierno apeló.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó esa decisión, lo que llevó al Ejecutivo a presentar el recurso extraordinario que ahora la Corte terminó rechazando. En total, transcurrieron 247 días de incumplimiento de la ley desde su sanción hasta el fallo del máximo tribunal.
El pronunciamiento llega quince días después de un acuerdo paritario alcanzado el 10 de junio entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios del sector, que estableció una recomposición salarial del 24,33%, dividida en un 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre.
Según el cálculo de los gremios docentes, para cumplir efectivamente con lo que exige la ley (que prevé actualizaciones no inferiores a la inflación medida por el INDEC) resta aplicar un aumento adicional cercano al 30%.
El fallo también compromete al Gobierno a actualizar el sistema de becas. Entre ellas, las Becas Manuel Belgrano, fijadas en $82.000, que el Ejecutivo se había comprometido a incrementar un 50%, y las Becas Progresar, congeladas en $35.000 desde 2023 y que habían quedado fuera del acuerdo paritario. También se incluyen las becas de Enfermería.
Un comunicado conjunto del CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios docentes, difundido en el marco de la cuarta marcha federal universitaria, había detallado el deterioro presupuestario del período.
Se trata de una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias a universidades nacionales entre 2023 y 2026, con partidas de Ciencia y Tecnología que en 2025 alcanzaron solo el 38% de lo ejecutado en 2023, las de Extensión apenas el 1%, las Becas Progresar el 26% y una inversión en infraestructura universitaria que fue directamente cero.
Javier Milei se niega a aplicar las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario
Universidades y gremios celebraron el fallo
El fallo generó múltiples respuestas entre autoridades académicas, gremios y estudiantes.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, escribió en redes sociales: “Luchar por lo correcto siempre vale la pena“. Consultado luego sobre el impacto de la medida, agregó que la decisión “sirve y mucho para que no se sigan yendo los docentes. Es un triunfo de toda la sociedad argentina”.
El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Francisco Marull, calificó el fallo como “una muy buena noticia” y aclaró que la vía judicial es independiente del acuerdo paritario:
“Ese acuerdo, en definitiva, termina reflejando lo que siempre fue. Una paritaria en la cual el Gobierno nacional con los gremios acordaron una mejora salarial que, de ninguna manera, resigna lo que el dictado de la ley involucra, que son las actualizaciones del 2024 completo y las actualizaciones del 2025 y 2026″.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, sostuvo que la noticia trasciende al ámbito universitario: “Es una gran noticia, pero no solo para la comunidad universitaria. Esto es saludable para todas las instituciones de la nación”.
También señaló que lo ya cumplido por el Gobierno deberá computarse: “Si hay cosas que ya se fueron cumpliendo respecto de lo estipula la ley, deberán ser contenidas como parte del cumplimiento ya hecho y deberán cumplir lo que resta”. En un video difundido en la red social X, agregó:
“Es un paso más. No llegamos a ningún lado. A seguir trabajando por la universidad que queremos”.
La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, remarcó la magnitud del fallo: “Es un fallo que, con toda la comunidad universitaria, estábamos esperando hace mucho tiempo. Le marca un límite al Ejecutivo que insiste en incumplir una ley votada unas cuantas veces por el Congreso y reafirmada por el Poder Judicial también”.
“Es un hecho sin antecedentes este nivel de incumplimiento”, comentó y advirtió: “El porcentaje que queda por recuperar es alrededor de un 30% más, pero este gobierno no es un actor predecible. De cumplirse todo lo firmado, queda por recuperar ese 30%, pero para eso debe convocar a paritaria y ejecutarlo lo más pronto posible”.
En la misma línea, la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, remarcó que “existe la deuda que excede ese 24.9%” y afirmó que “se tiene que pagar y que esa seguirá siendo la bandera: cumplir con la ley y con la paritaria que es lo que dice la ley”.
El presidente de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carvalho, advirtió que el conflicto continúa abierto: “Es una señal importante, pero el conflicto universitario sigue abierto. Mientras los salarios continúen deteriorados y las becas Progresar permanezcan congeladas miles de estudiantes seguirán viendo vulnerado su derecho a estudiar”.
“Ahora el Gobierno tiene que cumplir la ley y garantizar los recursos que nuestras universidades necesitan”, completó.
El rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez, subrayó el carácter definitivo de la decisión: “La última instancia es la Corte Suprema, por lo que se terminó. Al Gobierno le queda cumplir con la resolución. Para recurrir a otra instancia, el Gobierno tendría que acudir a un tribunal internacional y demostrar que se violó algún derecho, algo que no ocurrió”.
Sobre la situación salarial, señaló: “La mitad de los no docentes y muchos docentes tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza. La pérdida salarial es de alrededor del 50%, que la inflación se lo comió. La situación es muy crítica”.
Con el fallo firme, el Gobierno deberá definir los próximos pasos para hacer efectivo el pago de las actualizaciones salariales y de becas, en un conflicto que, según coincidieron varios de los protagonistas consultados, continúa sin resolverse de fondo.
