Después de voltear cinco decretos impulsados por el ministro Federico Sturzenegger, la oposición en el Senado de la Nación sancionó por más de dos tercios dos leyes resistidas por el gobierno de Javier Milei: la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia para el Hospital Garrahan.
Ambas normas fueron aprobadas con amplias mayorías que superaron los dos tercios. e incluyeron a todos los integrantes de Unión por la Patria, la mayoría del radicalismo y varios legisladores de bloques provinciales.
Aunque el mandatario ya adelantó su intención de vetar al menos la iniciativa universitaria, lo cierto es que en el recinto La Libertad Avanza solo tuvo el apoyo de sus 6 integrantes, a quienes se sumaron el formoseño Francisco Paoltroni y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero.
Durante la sesión, en la que también se rechazaron los 5 decretos firmados por Milei, ocasionalmente también votaron en sintonía con el oficialismo el misionero Martín Goërling Lara (PRO) y la santafesina Carolina Losada (UCR).
Malas noticias para Sturzenegger: La oposición en el senado volteó 5 decretos desregulatorios
Financiamiento universitario, otra vez sancionada
La Cámara alta aprobó la ley de financiamiento universitario con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, replicando el escenario de 2024 cuando una normativa similar fue sancionada y posteriormente vetada por el Ejecutivo mediante el decreto 879/2024.
El amplio respaldo incluyó a los 34 miembros del interbloque de Unión por la Patria (interbloque comandado por José Mayans), junto con 12 de los 13 integrantes del bloque radical que lidera Eduardo Vischi.
También votaron a favor 2 senadores de Unidad Federal, 2 del PRO (Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri), la rionegrina Mónica Silva, la tucumana Beatriz Ávila, los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la neuquina Lucila Crexell y la chubutense Edith Terenzi.
El voto negativo estuvo encabezado por 6 senadores de La Libertad Avanza: Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Bartolomé Abdala, Vilma Bedia, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera Lucero.
Los acompañaron el formoseño Francisco Paoltroni, el misionero Martín Goërling Lara, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y la santafesina Carolina Losada. Entre tanto, se abstuvieron el salteño Juan Carlos Romero y las senadoras del PRO Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut).
Las voces del debate
Eduardo “Wado” De Pedro, presidente de la Comisión de Educación, defendió la iniciativa recordando que “es la segunda vez que vamos a tratar el proyecto. En septiembre del año pasado se aprobó y octubre fue vetada. Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula y los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo”.
El senador de Unión por la Patria destacó que “en Argentina hay más de 2 millones estudiantes en universidades públicas, estamos hablando de casi 10 millones de personas que están dentro del sistema” y criticó la situación actual: “el 85% del presupuesto es para el salario de los docentes que está bajo la línea de pobreza”.
De Pedro cuestionó la política del Ejecutivo: “No sé cuál es la épica del presidente de atacar, ajustar y desprestigiar a la universidad argentina. Un presidente que piensa que el país puede desarrollarse desfinanciando instituciones, ciencia y tecnología, sin universidades, destruyendo la industria”.
El radical Maximiliano Abad lamentó el retroceso en las políticas públicas: “muchas veces pienso qué es lo que podríamos estar discutiendo hoy si en el año 2024 se hubieran procesado y resuelto muchos de los reclamos sociales vinculados a salud, universidades y los haberes jubilatorios”.
Para Abad, “no es un tema de recursos, recursos no faltan; lo que falta es un marco legal que los ordene y dé prioridades a las prioridades que los argentinos tienen que tener”.
La senadora cordobesa Alejandra Vigo consideró “evidente” que no hay voluntad de invertir en educación y remarcó la importancia de la educación universitaria “para el mejoramiento de la calidad de vida de cualquier argentino. Y por supuesto para el desarrollo, para la innovación, la creación y la tecnología del país“.
Beatriz Ávila, quien supo ser aliada del oficialismo, pero se desmarcó de su postura, defendió que “esta ley habla de un federalismo real” y advirtió al presidente: “El Gobierno debería tener como prioridad la educación y la salud, porque la educación pública universitaria no es un privilegio, es un derecho”.
Martín Lousteau criticó duramente la política gubernamental: “Es un Gobierno que atacó sistemáticamente las universidades. Primero dijo que la educación pública era adoctrinamiento, que había estudiantes fantasmas, las auditorias”.
El radical alertó sobre la situación salarial: “Los salarios docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo, 3 de cada 10 pesos que tenían para vivir en el 2023. Hoy están por debajo del 2002 en términos de poder adquisitivo. Nunca habían caído tan bajo”.
Anabel Fernández Sagasti definió el problema como “ideológico y político” y proporcionó datos contundentes: “El presupuesto real universitario desde diciembre de 2023 a la fecha ha caído un 46,7%”.
La mendocina también señaló que “el 70% de los docentes universitarios tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza” y que “se han parado todas las obras de infraestructura que estaban en ejecución”.
Contenido de la ley universitaria
La norma obliga al Gobierno nacional a actualizar desde el 1º de enero de 2025 los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC correspondiente al período entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La medida alcanza las partidas presupuestarias vinculadas a asistencia financiera para funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de ciencia y técnica, y actividades de extensión del programa de Desarrollo de la Educación Superior.
Establece una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento durante todo 2025 según la variación del IPC. También obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.
La ley incluye la recomposición de becas (Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras) ajustándolas por la variación del IPC desde diciembre de 2023. Establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas, con informes que deberán ser remitidos inmediatamente al Congreso.
Emergencia sanitaria en el Garrahan: aprobación con 62 votos
La ley de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan fue sancionada con 62 votos afirmativos y 8 negativos, superando ampliamente los dos tercios necesarios para resistir un eventual veto presidencial.
Los únicos votos negativos provinieron de 6 libertarios: Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto; el formoseño Francisco Paoltroni y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero.
Es decir que en este caso la tropa libertaria ni siquiera contó con el apoyo de aliados como Goërling Lara y Carolina Losada. Estuvieron ausentes el jefe del bloque PRO, Alfredo De Angeli, y el salteño Juan Carlos Romero. Curiosamente, tampoco estuvieron presentes Abad ni Claudia Ledesma Abdala.
Testimonios en el recinto
Lucía Corpacci, miembro informante del dictamen de mayoría, defendió la calidad de los trabajadores del Hospital Garrahan y el reclamo que vienen realizando, criticando “el maltrato de las autoridades, que los llaman ‘ñoquis’, ‘patoteros'”.
La catamarqueña explicó que el incremento presupuestario está destinado a salarios, compra de insumos, equipamiento y medicamentos. “No hay senador o senadora que no pueda defender el trabajo de los médicos, las enfermeras, el personal de ordenanza del Hospital Garrahan, porque los necesitamos todos los días“, expresó la legisladora de Unión por la Patria.
Muy emocionado, producto de su historia familiar, Luis Juez confesó: “En este tema no me puedo callar la boca; después ¿cómo vuelvo con el auto a mi casa?“. El cordobés añadió: “No sé cuánta plata es, pero lo que necesita el Garrahan, se lo merece”.
“Necesitamos darle a esa gente los instrumentos que se merecen para que nos sigan generando a nosotros la esperanza que desesperadamente salimos a buscar cuando sentimos que el cielo se nos cae encima”, agregó.
Edith Terenzi expresó: “Yo y tanta gente no podemos estar en contra del Garrahan, casi todos conocemos los pasillos. Nuestro trabajo termina en un muro con un veto presidencial”. La chubutense advirtió: “Este proyecto corre el gran riesgo de ser vetado. El Garrahan es importante para cada provincia del país”.
Alicia Kirchner destacó que “es un orgullo a nivel nacional y latinoamericano el Garrahan” y alertó: “Me preocupa que la nueva normalidad quiera ser la crueldad, la ignorancia y maldad. Paremos con el modo provocativo del Gobierno”.
Martín Lousteau ironizó sobre la situación: “el presidente eligió que este fuera ‘el año de la reconstrucción de la Argentina’, y en el año de la reconstrucción, nos vemos obligados a debatir la emergencia sanitaria en pediatría. En el año de la reconstrucción nacional, el Garrahan es atacado”.
El radical se refirió a las declaraciones previas de funcionarios: “Manuel Adorni dijo que había más administrativos que médicos; fíjense lo que dijo, Chequeado dice que es mentira. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que los médicos residentes son becarios… Lilia Lemoine le sugirió a los médicos que estudien efectos especiales, porque iban a ganar más plata”.
José Manzur, exministro de Salud, definió al Garrahan como “un emblema de lo que pretendemos para la Argentina” y destacó la continuidad de las políticas públicas: “el Garrahan lo empezó un gobierno de un signo político, pasó mucho tiempo y lo terminó otro gobierno de otro signo político”.
Alcance de la ley del Garrahan
La norma declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por el plazo de un año. Busca garantizar el acceso equitativo y de calidad a los servicios pediátricos, fortalecer los hospitales públicos y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Contempla la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y personal esencial. Establece la recomposición salarial del personal de salud, incluyendo residentes, con un piso equivalente al nivel real de noviembre de 2023. Propone eximir del Impuesto a las Ganancias a quienes realicen tareas críticas en el sistema.
Reconoce al Hospital Garrahan como centro nacional de referencia en alta complejidad pediátrica y garantiza su funcionamiento pleno. El Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias dentro del ejercicio vigente y podrá ampliar recursos mediante reservas sanitarias. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud.
Se crea una comisión de seguimiento con representantes legislativos, del Ministerio de Salud, COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría que deberá emitir informes públicos trimestrales sobre el cumplimiento de la norma. Durante la emergencia, los programas de salud infantil tendrán prioridad presupuestaria, especialmente en áreas críticas como neonatología, urgencias y oncología pediátrica.
