La Justicia Federal emitió un fallo obligando al Gobierno de Javier Milei a aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que actualizan salarios docentes y becas estudiantiles, y advirtió que el intento por frenar la normativa es “arbitrario e ilegal”.
El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11 ordenó este martes al Gobierno de Javier Milei que cumpla de manera inmediata con la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas, así como con el incremento de las becas estudiantiles.
La decisión judicial, dictada por el juez Martín Cormick, responde a un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. El fallo establece que el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, debe ser declarado inaplicable.
Cormick fundamentó su decisión al considerar que existe “un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta“, ya que la lesión de los derechos constitucionales ocurre “de forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos”.
El magistrado señaló específicamente que el decreto presidencial no puede prevalecer por sobre la insistencia parlamentaria de una ley que fue reafirmada por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso.
Además, advirtió que el deterioro salarial en el sector educativo tiene incidencia no solo sobre los trabajadores universitarios, sino también sobre “el derecho a enseñar y aprender del artículo 14° de la Constitución Nacional“.
El Consejo Interuniversitario Nacional inició el proceso judicial a fines de octubre de 2025, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto presidencial y el cumplimiento inmediato de los artículos 5° y 6° de la ley, que establecen la actualización salarial según el índice inflacionario.
En su presentación, el CIN denunció que la decisión del Ejecutivo “erosiona el poder adquisitivo y lesiona derechos constitucionales a la educación y a la autonomía institucional”. Los actores alegaron una afectación colectiva y urgente, argumentando que el incumplimiento comprometía el funcionamiento universitario.
El juez Cormick consideró estos argumentos al evaluar el impacto de negar la medida cautelar. Según expresó en su fallo, la no concesión “implicaría un ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global de gastos de la administración pública nacional”.
Citando el informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el magistrado señaló que el impacto fiscal de la ley se estima en apenas 0,23% del PBI.
La Ley 27.795 establece que el Gobierno debe actualizar los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2025.
Además, la norma fija una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento universitario durante todo 2025, aplicada según la variación del IPC.
También obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.
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La cruzada de Milei contra las universidades
El conflicto por el financiamiento universitario comenzó en agosto de 2024, cuando el Congreso aprobó por primera vez la ley que buscaba actualizar los recursos destinados a las universidades públicas. Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la norma el 10 de septiembre de 2024, argumentando que el texto no especificaba la fuente de financiamiento.
El Poder Legislativo no se dio por vencido. El 17 de septiembre de 2025, la Cámara de Diputados rechazó el veto con 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. Semanas después, el 2 de octubre, el Senado hizo lo propio con 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones, completando así la insistencia con dos tercios en ambas Cámaras.
En el marco del tratamiento de ambos proyectos, la comunidad universitaria llevó adelante numerosas acciones para visibilizar el conflicto y las consecuencias del brutal ajuste que viene llevando adelante Milei, que desembocaron en multitudinarias marchas en todo el país en defensa de la educación.
Ante esta situación, el Gobierno nacional se vio obligado a promulgar la ley el 21 de octubre de 2025. Sin embargo, en una decisión sin precedentes desde el retorno a la democracia, el Ejecutivo promulgó la norma pero simultáneamente dictó el decreto 759/2025, que suspendía su ejecución presupuestaria hasta que el Congreso determinara “las fuentes de su financiamiento”.
La insólita cruzada del oficialismo contra las universidades continuó en el proyecto de Presupuesto 2026: el Gobierno nacional incluyó el Capítulo XI, que buscaba derogar tanto la Ley de Financiamiento Universitario como la Ley de Emergencia en Discapacidad, dos normas aprobadas por amplio margen por los bloques opositores.
Durante el debate presupuestario en la Cámara de Diputados la oposición se unió nuevamente y rechazó por completo el capítulo que contenía las derogaciones. Incluso algunos aliados de La Libertad Avanza se negaron a acompañar la eliminación de leyes que habían sido sancionadas con respaldo mayoritario del Congreso.
La decisión causó malestar en la Casa Rosada, donde esperaban contar con los apoyos necesarios para aprobar el capítulo completo. Ante esta nueva derrota legislativa, el oficialismo en el Senado tuvo que desistir de introducir modificaciones en el texto, por lo que el Presupuesto 2026 quedará sin las derogaciones que el Ejecutivo pretendía.
Cabe aclarar que, aunque la ley de leyes no insistiría con esta medida, lo cierto es que incluye una profundización del ajuste sobre el sistema educativo en general, ya que pretende reducir el financiamiento del sector.
