El gobierno de Javier Milei promulgó las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, pero impidió su aplicación alegando que no se detallaron fuentes de financiamiento y desconociendo una vez más la voluntad del Congreso de la Nación.
El gobierno nacional promulgó este martes mediante los decretos 759/2025 y 760/2025 las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica, ambas normativas que habían sido ratificadas por el Congreso tras rechazar los vetos del presidente Javier Milei.
Sin embargo, en una decisión alarmante a nivel institucional, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de ambas leyes alegando que no se determinaron fuentes de financiamiento, como ya había hecho con la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuando promulgó la norma pero impidió su implementación efectiva.
La medida representa un nuevo episodio en el que el Ejecutivo desconoce la validez de una legislación sancionada por el Congreso de la Nación. Los decretos fueron publicados en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y del ministro de Salud Mario Lugones.
En ambos textos, el gobierno establece que las leyes quedarán suspendidas en su ejecución hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas necesarias.
Este mismo martes, docentes y nodocentes universitarios realizan un paro de 24 horas en todo el país para exigir precisamente el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida había sido convocada ante el vencimiento del plazo legal que tenía el Ejecutivo para promulgar la norma, que se cumplió este lunes.
Cabe recordar que a principios de octubre el Senado había insistido con los proyectos de ley que Milei había vetado, dejando firmes ambas normativas. Desde ese momento comenzó a correr el plazo de 10 días hábiles para la promulgación, que venció este lunes sin que el gobierno tomara ninguna medida al respecto hasta la publicación de los decretos este martes.
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Ley de Financiamiento Universitario
En el texto con el que promulgó la Ley 27.795, el Poder Ejecutivo cuestionó la forma en que la normativa aborda los recursos necesarios. Según la postura del oficialismo, la ley lo hace “de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesarias, limitándose a habilitar una readecuación de partidas presupuestarias“.
La legislación, sancionada tras la insistencia del Congreso pese al veto presidencial previo, apunta a sostener el presupuesto universitario en todo el país, estableciendo la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición de los salarios del personal docente y no docente.
Uno de los puntos centrales de la ley es la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, que deberán ajustarse bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La normativa prevé actualizar las partidas para universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología al 1° de enero de 2025, tomando como referencia la inflación de 2023 y 2024. Además, establece incrementos bimestrales por IPC durante 2025 y una recomposición salarial para docentes y no docentes, con actualización mensual por inflación.
Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) el presupuesto para 2025 se ubica en su nivel más bajo en dos décadas, con una caída real del 32% desde 2023. Esta situación, según el análisis, compromete el funcionamiento de las universidades y el acceso a la educación superior gratuita.
El Congreso ya había avanzado con una medida similar en octubre de 2024, que luego fue vetada por Milei (decisión que en su momento había sido ratificada por la Cámara de Diputados). En aquella oportunidad, la situación derivó en sucesivas marchas y tomas en varias instituciones educativas.
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Ley de Emergencia en Salud Pediátrica
El gobierno también promulgó la Ley 27.796 mediante el decreto 760/2025, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Esta normativa tiene su origen en la profunda crisis que atraviesa el Hospital Garrahan, que se convirtió en bandera del reclamo.
Sin embargo, con el mismo argumento utilizado para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno consideró que el texto legal “además de carecer de una fuente de financiamiento, en las condiciones actuales, la ejecución de la Ley N° 27.796 solo podría llevarse adelante desfinanciando programas esenciales de salud“.
Una vez más, el Poder Ejecutivo apeló a un argumento falso en su cruzada contra los servicios de salud y educación, ya que Milei gobierna desde el inicio de su mandato sin presupuesto (prorrogado desde 2024) y nada le impide readecuar las partidas existentes sin desfinanciar programas esenciales.
En cuanto a la ley, cabe señalar que busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica en todo el país, asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil y fortalecer los sistemas de residencias médicas.
Entre sus puntos principales, la normativa establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial destinado a la atención infantil. También dispone la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, que trabaja con población pediátrica.
Un aspecto destacado de la ley es que exime del pago de Ganancias a los trabajadores de la salud por actividades críticas, horas extras y guardias. Además, autoriza la compra directa de insumos y fármacos esenciales para hospitales pediátricos, a través de mecanismos excepcionales previstos en la Ley de Emergencia Pública.
La medida garantizaría fondos para medicamentos, vacunas, insumos críticos, equipamiento, mantenimiento edilicio y personal destinado a la atención infantil en todo el territorio nacional, respondiendo a la situación crítica que atraviesa el sector en el país.
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“No hay plata”: Una excusa gastada
La excusa del Poder Ejecutivo, que asegura no contar los fondos para cumplir con las normativas, se repite pese a que hace tan solo unos días, La Libertad Avanza (LLA) le pidió a la Cámara Electoral la reimpresión de todas las boletas para las elecciones del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.
En aquella oportunidad, el oficialismo no estuvo dispuesto a escatimar gastos para borrar de la papeleta a José Luis Espert, quien fuera su primer candidato a diputado en territorio bonaerense hasta que se destapó el escándalo por sus vínculos con el narcotráfico.
Desde diferentes sectores políticos y gremiales alertan que podrían denunciar a Milei y a Francos por incumplimiento de funcionario público, dado que la negativa a ejecutar leyes sancionadas por el Congreso podría configurar una violación a las obligaciones de los funcionarios.
La suspensión de estas leyes se suma así al listado de normativas promulgadas pero no aplicadas por el gobierno. La decisión del Poder Ejecutivo de negarse a reconocer la voluntad del Poder Legislativo genera un precedente preocupante a nivel institucional.
El lunes, Daniel Ricci (secretario general de FEDUN) ya había advertido que “es inaudito en la historia de la democracia de nuestro país que un presidente se niegue a financiar las leyes que vetó, pero fueron ratificadas en ambas cámaras por amplias mayorías, claramente de concretarse se tratará de una decisión autoritaria y antidemocrática“.
