La Cámara Federal porteña le pidió a la jueza Capuchetti que se eleve a juicio oral la causa por el ataque a Cristina Kirchner, en la que están implicados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.
Así, el tribunal pretende cerrar la causa a pesar de los reiterados pedidos de la querella de la Vicepresidenta para que se profundice la investigación sobre Gerardo Milman y la familia Caputo, para dilucidar a los autores intelectuales y los responsables de la financiación del atentado.
La Sala I de la Cámara Federal porteña emitió un falló en el que instó a la jueza María Eugenia Capuchetti a elevar a juicio oral la causa contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.
Además, el tribunal compuesto por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens rechazó nuevamente el pedido de prisión domiciliaria pedido por Carrizo, el líder de la banda de los copitos.
Al respecto, los jueces Bruglia y Bertuzzi manifestaron que "frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto", la jueza Capuchetti "proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal".
"Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella", opinó Llorens, "luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal". En ese sentido, el juez afirmó que:
"La investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva, por lo que, al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio".
Por otro lado, el magistrado agregó que "una justicia que tarda no es justicia", pero "tampoco lo es una que se pronuncia mecánicamente, guiada por el impulso de ajustarse a un calendario". "Es por ello que la razonable tramitación de las causas deben serlo en un tiempo óptimo", opinó.
Seis meses después del ataque contra la Vicepresidenta, Sabag Montiel y Uliarte se encuentran detenidos y pesa sobre ellos un procesamiento firme desde el 15 de septiembre.
Ambos son señalados como "coautores" del delito de "tentativa de homicidio calificado". El primero de ellos, por gatillar una pistola Bersa calibre .32 sobre Cristina Kirchner; mientras que Uliarte lo está por ayudar a planificar el intento de asesinato con varios meses de antelación. Así surge de las conversaciones que sostuvieron vía mensajería instantánea.
En cuanto al pedido de prisión domiciliaria de Carrizo, los jueces argumentaron su rechazo aludiendo a "riesgos procesales", considerando que podría entorpecer la investigación.
Aunque sobre carrizo pesa un procesamiento por el delito de partícipe secundario en el marco de esta causa, cabe recordar que la querella había pedido que se procese a Carrizo como coautor junto a Sabag Montiel y Uliarte.
El abogado Gastón Marano había insistido en que Carrizo tenía un buen informe socio ambiental labrado por la Oficina de Delegados Judiciales, y cuestionó que su cliente se encontrara preso a pesar de que "no existirían medidas de prueba" en instrucción en su contra.
Sin embargo, la querella de la Vicepresidenta se había manifestado en contra del otorgamiento de este beneficio y comentando que la convivencia con su pareja sería una excusa para recibir la prisión domiciliaria.
Al respecto, Bruglia y Bertuzzi se remitieron al artículo 32 de la ley 24660, que aclara que el beneficio se puede otorgar en caso de que el detenido se encuentre enfermo y no pueda ser asistido en la cárcel, sea mayor de 70 años o sea una mujer embarazada o con hijos menores de 5 años.
Además, comentaron que el informe socioambiental no es argumento suficiente para "apartarnos del criterio que venimos sosteniendo". Por otro lado, manifestaron que:
"No resultan un tema menor las circunstancias que rodean la aparición de la garante, quien según alega la defensa tendría un vínculo afectivo con Carrizo de larga data, pero respecto de quien no se encuentran registros telefónicos de contactos, de llamados ni de mensajes".
"Esta situación, hasta tanto pueda ser dilucidada, nos disuade de hacer lugar a la morigeración solicitada, especialmente frente a la existencia de un riesgo procesal como el peligro de fuga, en el marco de un caso de gravedad institucional como el que se investiga en autos", añadieron.
La situación de Carrizo
Aunque Carrizo también fue procesado, su figura es la de partícipe secundario, por lo que se considera que el delito podría haberse producido sin su participación.
Cabe recordar que se encontraba en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner al momento del ataque, y también lo conectan al hecho una sere de mensajes en los que expresó su intención de asesinar a la Vicepresidenta, quien se había expresado al respecto en sus redes sociales.
El mensaje que estás viendo surge de la pericia al teléfono celular de Gabriel Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos, prueban su rol como coautor. pic.twitter.com/KShSCqgb5g
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 22, 2022
"El mensaje que estás viendo surge de la pericia al teléfono celular de Gabriel Carrizo", había comentado en una publicación donde se puede ver uno de los mensajes del jefe de los copitos.
El 1 de septiembre a las 23:17 horas, poco después del atentado, puede verse a Carrizo comentando "recién intentamos matar a Cristina" a uno de sus contactos, "Kevin Bargas 2". En la conversación, aclara que el autor fue "mi empleado".
Además, detalla que "le quiso disparar" y que "va a ir preso". "El arma es mía amigo", explica en la misma conversación, donde también comenta que "estamos con el grupo", "todos juntos".
En este contexto, el abogado Juan Manuel Ubeira -quien representa a la Vicepresidenta- solicitó que sea procesado como coautor junto a Sabag Montiel y Uliarte, y se les aplique la figura de asociación ilícita prevista en el Art. 210 del Código Penal, que requiere que sean al menos tres los partícipes necesarios en el delito.
Sin embargo, y a pesar de las comunicaciones que involucran a Carrizo en la participación del hecho, la Cámara Federal pretende cerrar la investigación y elevar la causa a juicio oral sin reconocer la existencia de una asociación ilícita.
De esta forma, el hecho se investiga como un delito común y se omite la investigación sobre los autores intelectuales del ataque y los responsables de su financiación.
Implicación de Gerardo Milman
En este marco, la querella apunta a la posible participación del Diputado PRO Gerardo Milman, y exige a la jueza que profundice la investigación en busca de posibles lazos entre el legislador y los autores del hecho.
Cabe recordar un testigo reservado aportó un testimonio en el que aseguró haber escuchado a Milman decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa" en referencia a la Vicepresidenta, días antes del atentado.
La frase habría sido pronunciada frente a dos asesoras, quienes negaron que esto hubiera ocurrido a pesar de haber sido grabadas por las cámaras del lugar junto al Diputado el día del evento.
El financiamiento de Revolución Federal
Por otro lado, la querella exige que la causa que investiga el atentado se tramite en conjunto con la que investiga las amenazas del grupo Revolución Federal contra referentes del oficialismo, entre ellos, el Presidente Alberto Fernández, la propia Vicepresidenta y su hijo, Máximo Kirchner.
Además, hace énfasis en el financiamiento de la agrupación, apuntando a sus vínculos con la familia del Exministro Nicolás Caputo, por la supuesta compra millonaria de muebles de la empresa Caputo Hermanos a la carpintería de Jonathan Morel, fundador de Revolución Federal.
Cabe recordar que a contramano de lo estipulado por el Código Penal y lo resuelto por el juez de la causa Martínez de Giorgi, los magistrados de la Cámara Federal decidieron procesar a los integrantes de Revolución Popular por "incitación a la violencia colectiva", alegando que los actos del grupo no tienen "la entidad para ser considerada una asociación ilícita".
Además, insistieron en que los actos de violencia de la organización liderada por Jonathan Morel no están relacionados con el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
¿Quiénes son los jueces de la Cámara Federal?
Finalmente, es relevante recordar que los tres jueces de la Cámara Federal se encuentran ligados a Mauricio Macri. En el caso de Llorens, el magistrado fue denunciado por sus visitas a Macri mientras se desempeñaba como Presidente de la Nación.
En este contexto, aunque el camarista había asegurado que sus encuentros fueron de "estricto índole institucional", los autores de la denuncia afirman que "esa afirmación resulta absolutamente falsa", y remarcan que "Llorens no estaba capacitado ni autorizado para hacer esa reunión por razones funcionales".
A esto se suma su participación en el club de fútbol "Liverpool", junto a varios los actores centrales del lawfare contra la expresidenta. Entre ellos, el fiscal en la causa Vialidad, Diego Luciani.
Cabe recordar que el equipo de fútbol también disputó encuentros en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri.
Entre tanto, Bruglia y Bertuzzi se beneficiaron de un decreto dictado por el propio Expresidente en 2018, que permitió su traslado definitivo a la Cámara Federal.