La querella de la vicepresidenta busca encuadrar el intento de magnicidio en un delito cercano al terrorismo, que podría ampliar la lenta investigación judicial sobre el hecho. Mientras tanto, siguen las dudas sobre los vínculos entre la familia Caputo y el grupo de odio Revolución Federal. ¿La AFI sin recursos?
La estrategia judicial de CFK
Los abogados querellantes José Ubeira y Marcos Aldazábal sostienen que Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló a diez centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, y Brenda Uliarte, su supuesta pareja, deben ser encuadrados en el Artículo 213 bis del Código Penal:
"Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años, el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el Artículo 210 (asociación ilícita), tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza".
Por lo pronto, el intento de asesinato está probado y eso garantiza por ahora que Uliarte y Sabag Montiel seguirán presos. Pero el objetivo de "imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza" abre un abanico de posibilidades para la investigación en el que ya no se discutirá solo sobre el hecho en sí, sino sobre una concepción política y su causa, el discurso de odio.
Esta nueva figura legal podría ampliar el horizonte de una investigación demasiado quieta, que arriesga a perder completamente de vista a los autores intelectuales del atentado, enfocándose sólo en los materiales, como si el intento de magnicidio fuera un delito común y no el más grave atentado contra la democracia de las últimas décadas.
El "imponer ideas por la fuerza" es un delito mucho más cercano al concepto de "terrorismo" que al de simple intento de homicidio.
Los nexos entre los Caputo y Revolución Federal
En la causa que investiga el juez Marcelo Martínez de Giorgi aparecieron nuevos datos que revelan transferencias millonarias de la empresa Caputo Hermanos al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel y a dos presuntas socias de éste, Ailen Cintia Vallero y su expareja Evelyn Nataly Balboa.
En ese expediente Cristina Kirchner no es querellante ni evalúa serlo, por ahora.
El dato es real, aunque las cifras consignadas varían. Están acreditados pagos por 5,5 millones de pesos, pero podrían ser más: el propio Morel reconoció pagos por 7 millones.
Hubo giros que coinciden con escraches que realizó la violenta agrupación que lidera, Revolución Federal. Morel, por ejemplo, había expresado públicamente su deseo de matar a CFK apenas seis días antes del atentado. Cuatro días antes de esa manifestación había recibido una paga por parte de Caputo Hermanos. Esta sucesión de hechos lleva a poner el foco en Rossana Pía Caputo.
Rossana figura como socia de la firma Caputo Hermanos desde 2006 junto a sus hermanos Flavio y Hugo Caputo. Los tres son hermanos de Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri y primos de Nicolás "Nicky" Caputo, el "hermano de la vida" del ex presidente.
Caputo Hermanos SA se constituyó en junio de 2004 y, según se precisa en la página web de “Inco Caputo Hermanos”, fue fundada por Flavio y Hugo. En 2006, Rossana Pía figuraba como directora suplente Caputo Hermanos SA. Flavio sigue siendo presidente del directorio.
Morel reconoció que Rossana Pia Caputo lo contrató primero para un trabajo del Fideicomiso Santa Clara al Sur, un barrio cerrado en San Vicente. Efectivamente en la causa figuran 6 facturas de Morel por 176.000 pesos a nombre de Fideicomiso Santa Clara al Sur con fecha del 28 de diciembre de 2021.
También hay una transferencia de 250 mil pesos de ese fideicomiso a Morel el 22 de agosto de 2022, apenas 10 días antes del atentado.
Aquel 22 de agosto fue el alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio de Vialidad, en el que pidió 12 años de prisión para CFK y la proscripción política. Al día siguiente, referentes de Revolución Federal se movilizaron hacia el domicilio de Cristina y provocaron incidentes. Entonces fue detenido el otro fundador de Revolución Federal: Leonardo Sosa.
El 18 de agosto había sido la marcha de las antorchas, también impulsada por la violenta organización, y que contó con la participación de Brenda Uliarte.
Morel sostiene que Rossana primero lo contrató para ese trabajo de Santa Clara al Sur y luego para el emprendimiento en Neuquén a cargo del otro fideicomiso, Espacio Añelo.
Los 2 fideicomisos, que hicieron transferencias al líder de Revolución Federal y sus presuntas socias, tienen el mismo domicilio: avenida Santa Fe 1385 piso 6. Es la oficina del escribano que utilizan, Claudio Caputo. Otro primo.
El fideicomiso Espacio Añelo construyó un moderno edificio en Vaca Muerta, Neuquén. Lo publicitaron como “el primer edificio residencial del país hecho con armazón de acero” con una inversión de más de 12 millones de dólares y pensado para los trabajadores de las empresas que operan en Vaca Muerta.
La ejecución del proyecto estuvo a cargo de IDERO, una constructora que cuenta con 3 plantas de producción. ¿Por qué Caputo Hermanos, vía Rossana Pia, contacta a Morel, que tiene una carpintería desde el año pasado en el partido de San Isidro y aprendió el oficio por Youtube, para una obra millonaria desarrollada en la provincia de Neuquén? ¿Qué explicación tiene que un edificio construido por las últimas técnicas tenga de proveedor a una carpintería que la da su factura Nº 1 y por cifras millonarias?.
No hay una sola explicación coherente a por qué una empresa con actividad intensa en la zona de Vaca Muerta, de fluida relación con el intendente de su localidad de influencia –Añelo–, Milton Morales (del Movimiento Popular Neuquino) hubiera pensado en una pequeña carpintería sin estructura ni personal para encargarle muebles por más de cinco millones de pesos.
Se cual fuere el caso, surgen dos posibles hipótesis de las transferencias, ambas de gravedad:
- Que los pagos hayan sido efectivamente parte del financiamiento de Revolución Federal
- Que sean parte de una "irregularidad administrativa", acaso incluso un delito de corrupción
Una premisa aparece clara: el financiamiento de una organización ilegal no se bancariza. Mucho menos a través de una empresa de un familiar del principal opositor político de la persona que va a ser víctima de un atentado por parte de esa organización ilegal.
La investigación por los pagos se investigan en un expediente paralelo al del intento de asesinato de CFK. Son parte de una pesquisa que se limita a Revolución Federal y está en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita.
La jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el magnicidio fallido de Cristina, no quiso unificar ambos casos, a pesar de que para Martínez de Giorgi y Pollicita debían investigarse juntos. El camarista porteño Mariano Llorens decidió que las causas sigan tramitando por separado. Al menos por ahora.
¿La AFI sin recursos?
A la evidente falla en la seguridad de la vicepresidenta se suma ahora la de los servicios de inteligencia.
Desde la Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia del Congreso advierten que, como consecuencia de una decisión política de Alberto Fernández, la AFI es hoy un organismo incapaz de hacer prognosis, es decir conocer anticipadamente lo que va a ocurrir.
Deslizan que el presupuesto actual del área de Contrainteligencia es ridículamente bajo y que el temor a incurrir en actividades ilegales –como las que abundaron durante el gobierno de Cambiemos– mantiene a la AFI virtualmente paralizada.
Así, lo que pasó podría volver a pasar. Tal vez con otros protagonistas y, peor aún, con otro resultado final.