Javier Milei aseguró que vetará todas las leyes sancionadas por el Senado luego de que la oposición le impartiera una dura derrota legislativa y la sesión dejara al descubierto el deterioro de las relaciones del libertario con los gobernadores, que vienen siendo clave para defender sus vetos.
El Senado de la Nación asestó este jueves un duro golpe legislativo al gobierno de Javier Milei al aprobar una serie de proyectos resistidos a la Casa Rosada, que incluyen aumentos de haberes previsionales, la prórroga de la moratoria previsional, las declaraciones de emergencia en discapacidad y para Bahía Blanca tras la catástrofe climática.
La oposición no solo logró los números necesarios para avanzar con estas iniciativas pese a los intentos desesperados del oficialismo por frenar la sesión, sino que incluso logró que se aprobaran los dos proyectos enviados por los gobernadores para modificar la distribución de los fondos nacionales.
En este contexto, el presidente intentó simular fortaleza desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde ratificó que vetará las leyes aprobadas y amenazó con judicializar la sesión si no logra los votos necesarios para sostener sus vetos.
“¿Saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar“, aseguró entre risas a los presentes. El mandatario calificó lo sucedido en el Senado como “un acto de desesperación” y apuntó directamente contra senadores y gobernadores: “Están desesperados. Porque saben que en octubre La Libertad arrasa”.
Se trata de una referencia a las elecciones legislativas. Milei confía en que un buen resultado en los comicios le permitiría revertir la ecuación de fuerzas en el Congreso. “Sería solamente una mancha en dos meses“, dijo sobre los proyectos, “la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito“.
El presidente también aprovechó para atacar a los legisladores, a quienes volvió a calificar de “ratas” y “degenerados fiscales”, y realizó una crítica velada a la vicepresidenta Victoria Villarruel: “Esto lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia, que es Guillermo Francos“.
Lo cierto es que la jornada dejó al descubierto las tensiones internas de La Libertad Avanza, que se vio desbordada por la avanzada legislativa. En medio de la jornada se pudo observar un enfrentamiento público entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Victoria Villarruel, duramente cuestionada por la tropa libertaria por habilitar la sesión.
En paralelo, quedó patente el deterioro del vínculo con los gobernadores, que se tradujo directamente en acciones legislativas, ya que los mandatarios provinciales fueron clave para que prosperaran los proyectos resistidos por el Ejecutivo. Muchos de ellos venían oficiando de aliados en sesiones anteriores.
Jueves catastrófico para Milei: Uno por uno, cuáles fueron los proyectos que aprobó el Senado
Problemas con los servidores y maniobras libertarias
Más allá de esto, la sesión en el Senado estuvo marcada por episodios insólitos que evidenciaron los intentos del oficialismo por obstaculizar el funcionamiento normal de la Cámara. El momento más controvertido se produjo cuando el sistema electrónico de votación colapsó misteriosamente, obligando a recurrir al conteo a viva voz.
José Mayans, jefe de Unión por la Patria en el Senado, denunció directamente un “boicot” y chicaneó: “A mí me dijeron que (Ezequiel) Atauche fue y sacó el fusible de ahí del tablero, así que pídale a Atauche que ponga el fusible del tablero. Es una vergüenza lo que están haciendo, es la primera vez que pasa”.
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, generó otro momento de tensión cuando anunció que se abstendría de votar por considerar inválida la sesión. Mayans le salió al cruce.
“Si usted se abstiene, es como que estuviera ausente. No puede presidir y abstenerse. Retírese“, le espetó, mientras que el radical Pablo Blanco también cuestionó la situación: “¿Vamos a estar presididos, con todo respeto, por un fantasma?”.
Finalmente, Abdala tuvo que dejar el sillón a la vicepresidenta del Cuerpo, Silvia Sapag, y la votación se realizó con los senadores expresando su voto a viva voz uno por uno, tras el llamado del secretario parlamentario.
Como ya lo había hecho durante la última reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero se retiró intempestivamente del recinto para evitar expresar su voto con respecto al proyecto de aumentos jubilatorios.
En paralelo, las milicias digitales de La Libertad Avanza intentaron deslegitimar la sesión durante toda la jornada. Comunicadores oficiales como Daniel Parisini (el Gordo Dan en la red social X) llegaron al punto de reclamar: “Los tanques a la calle ya. Es ahora“. Otro usuario compartió un video creado con IA ilustrando el disparo de un tanque al Congreso.
El enfrentamiento público entre Bullrich y Villarruel
A esto se sumaron los cruces públicos que protagonizaron la ministra Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, que volvieron a dejar expuesta la distancia de la vicepresidenta con el resto del oficialismo. Desde su cuenta en X, Bullrich reclamó: “Levántese, Sra. Vicepresidente”.
“No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país”, comentó, “no convalide a la corporación política más abyecta de la historia“.
“Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada”, agregó, “entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país”.
El presidente Milei retuiteó inmediatamente el mensaje de Bullrich, haciendo suyas las palabras contra la vicepresidenta. También compartió mensajes de otros funcionarios que criticaban la sesión. Según los libertarios, se trató de una sesión “autoconvocada” e irregular, pese a que fue validada por las propias autoridades del Senado.
¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle “muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente”? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos.
Si…
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 10, 2025
Poco después Villarruel le respondió a través de sus redes sociales. “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”.
“Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido“, lanzó, recordando no solo el pasado de la Ministra en la organización Montoneros, sino también sus repetidos cambios de partido durante las últimas décadas.
La vicepresidenta continuó su descargo defendiendo su rol institucional. “Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no”, dijo, “entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”.
Villarruel también le recordó a Bullrich sus obligaciones constitucionales: “El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal”.
Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país.
Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras…— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 10, 2025
Milei y su deteriorado vínculo con los gobernadores
La sesión también dejó a la vista el mal momento de la Casa Rosada con los gobernadores, que quedó de manifiesto en la votación, donde ninguno de los mandatarios aliados logró que sus senadores voten en contra de varios proyectos resistidos por el gobierno.
Pese a que los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio (etiqueta que aún utilizan los mandatarios provinciales) se habían reunido por Zoom para dejar trascender que no acompañarían el proyecto, el comportamiento de sus senadores fue clave para que se aprobaran las leyes.
Los senadores que responden al correntino Gustavo Valdés, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, votaron a favor del aumento jubilatorio, al igual que Camau Espínola, quien acababa de cerrar un acuerdo con Valdés.
Esta situación evidenció el costo de la maniobra de Eduardo “Lule” Menem, armador nacional de Karina Milei, de presentarle una lista en contra a Valdés, que había sido hasta entonces un aliado incondicional de Casa Rosada.
El resto de los gobernadores de Juntos que tienen representación en el Senado tampoco impidieron el avance de la ley: los senadores del mendocino Alfredo Cornejo, los entrerrianos de Rogelio Frigerio y el del chaqueño Leandro Zdero se ausentaron al momento de votar, facilitando que la oposición necesitara menos votos para conseguir la mayoría simple.
También jugaron un papel importante los peronistas más cercanos al oficialismo: los senadores de Raúl Jalil (Catamarca) y los que responden al tucumano Osvaldo Jaldo votaron a favor del aumento.
Jaldo viene de sufrir el desplante de Milei en el acto de vigilia por el Día de la Independencia, celebrado hace apenas un par de días. Si bien el tucumano había sido uno de los primeros peronistas en acercarse al gobierno (llegando al punto de partir el bloque de Unión por la Patria), en las últimas semanas viene expresando su descontento por el ajuste de Milei.
Jaldo tomó distancia de Milei: “Yo puedo ser dialoguista, pero dialogo en favor de la provincia”
Sin embargo, la muestra más palpable del enojo de los mandatarios provinciales son los dos proyectos que enviaron al Congreso para reclamar por la redistribución de fondos nacionales. Este jueves ambos fueron aprobados con una mayoría aplastante de 56 a 1. El único senador que votó en contra fue Luis Juez, rival local del gobernador cordobés Martín Llaryora.
Llaryora, quien había acompañado al Ejecutivo en algunos de sus proyectos más importantes, felicitó públicamente a la senadora Alejandra Vigo por su voto: “Son recursos que le pertenecen a los cordobeses por ley y le son retenidos ilegalmente por el centralismo porteño”.
El gobernador había destacado que la ley “no afecta el equilibrio fiscal que viene manteniendo el Gobierno Nacional, pero sí perjudica a las provincias de forma directa”.
Es que Milei respondió a la colaboración de los gobernadores con repetidos destratos, que se agudizaron con la llegada del año electoral. Los mandatarios dialoguistas comprendieron que no harían alianzas electorales con el oficialismo como habían imaginado y que La Libertad Avanza presentaría listas en sus distritos para quitarles votos.
El gobierno se mostró como un pésimo pagador de favores: no solo fue tacaño con la ayuda a quienes acompañaron sus propuestas, sino que también les retaceaba recursos mientras iba por sus territorios electorales.
Esta secuencia de eventos terminó convenciendo a todos los gobernadores, quienes armaron reuniones en el Consejo Federal de Inversiones para redactar proyectos que obliguen a repartir los recursos que el Ejecutivo recauda y no distribuye a las provincias.
Es que los mandatarios ven cómo las rutas nacionales sin mantenimiento se deterioran día a día, la economía no repunta, cae su recaudación y dejan de recibir fondos específicos en transporte y educación, mientras el gobierno nacional se queda con los fondos provinciales y se jacta de conseguir balances positivos.
En este contexto, es probable que ya no cuente con los “87 héroes” en la Cámara baja que el año pasado le permitieron mantener la vigencia de sus vetos. La narrativa de judicializar la sesión también pierde fuerza si se tiene en cuenta que expertos constitucionalistas aseguran que la sesión fue válida y que no existe la impugnación judicial del Ejecutivo a una ley votada por el Congreso.
