Bahía Blanca se movilizará este jueves para reclamarle al gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de la quinta Marcha Federal en defensa de la educación pública.
Este jueves 15 de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y también se llevará adelante en distintas ciudades del país, entre ellas Bahía Blanca. La consigna que une las movilizaciones es “No se puede gobernar por decreto. Cumplan las leyes“.
La quinta Marcha Federal Universitaria en Bahía Blanca
En la ciudad, la jornada comenzará a las 16 en la esquina de avenida Alem y 11 de Abril, donde se ubicará una estación de estampas. A las 17 habrá una concentración con radio abierta en el mismo punto, con la presencia de referentes gremiales, científicos y sociales.
Desde ese horario, la Universidad Nacional del Sur (UNS), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) suspenderán sus actividades para facilitar la participación de sus comunidades. En cuanto a la transmisión, vale mencionar que se realizará por Radio UTN, Radio UNS y el canal de YouTube de ADUNS.
A las 18 comenzará la movilización, que avanzará por avenida Alem hasta el playón de la UNS. Allí, a las 18.30, se realizará el acto central, con la lectura de un documento elaborado por estudiantes de la UNS, la UTN, la UPSO y los establecimientos preuniversitarios de la UNS, y la actuación del coro de la Universidad Nacional del Sur.
Entre los convocantes figuran ADUNS, ATUNS, SUDUNS, FAGDUT, APUTN y UDUT, además de representantes de trabajadores científicos y tecnológicos del CONICET. También adhieren la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT local, la Multisectorial de Jubilados, el Colectivo Discapacidad, Veteranos de Malvinas y la Agrupación Familias Endeudadas.
La UNS difundió su convocatoria con un mensaje que sostiene: “Ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional”.
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Por su parte, SUDUNS – FEDUN convocó a movilizarse “para defender la universidad pública, los salarios, la educación, la ciencia y la soberanía”. Agregó que “La Ley de Financiamiento Universitario sigue sin cumplirse” y recordó que:
“Los artículos 5 y 6, referidos a la recomposición salarial docente y nodocente y a la actualización de las becas estudiantiles, están alcanzados por una medida cautelar firme que ordena su aplicación inmediata”.
Según el gremio, “El Gobierno nacional tiene la obligación de cumplirla y continúa sin hacerlo“. Y concluyó: “Por eso, desde SUDUNS entendemos que defender la universidad pública también implica movilizarse y visibilizar la importancia de garantizar el Estado de derecho: el Gobierno debe cumplir las leyes y acatar los fallos judiciales”.
Los reclamos incluyen el cumplimiento pleno de la ley y el pago inmediato de lo dispuesto por la medida cautelar. También se plantea la defensa de docentes, nodocentes, becarios, investigadores y estudiantes de los niveles universitario y preuniversitario.
Las organizaciones piden una participación democrática plena y sin exclusiones en los órganos de gobierno. La lista de reclamos suma la anulación del DNU 70/23, la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y una legislación que proteja a las familias endeudadas.
El documento difundido por ADUNS agrega demandas vinculadas con los jubilados, el PAMI y las obras sociales, y propone impulsar un plan de lucha nacional contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
La Marcha Federal Universitaria moviliza al Congreso por la derogación el mega DNU de Milei
“El gobierno apela por enésima vez para seguir sin cumplir”
La marcha llega después de paros, protestas estudiantiles y fallos judiciales vinculados con la Ley de Financiamiento Universitario.
La norma fue aprobada en agosto de 2025 y vetada por Milei, pero ambas cámaras del Congreso reunieron los dos tercios necesarios para insistir con su sanción. El Ejecutivo la promulgó, aunque suspendió su ejecución con el argumento de que los legisladores debían determinar las fuentes de financiamiento.
La semana pasada, el juez federal Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025, con la que el Gobierno condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad de recursos presupuestarios, y ordenó su cumplimiento inmediato.
El Ejecutivo apeló, y el juez concedió el recurso, por lo que el expediente pasará a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Hasta que ese tribunal se pronuncie, el decreto recupera provisoriamente su condición anterior al fallo. En su apelación, el Gobierno sostuvo que cumplir la norma significaría “comprometer las cuentas públicas”.
La medida cautelar sobre los artículos 5 y 6 continúa vigente. Desde el sector universitario indicaron que el Gobierno está en situación de incumplimiento judicial desde las 9.30 del 8 de septiembre.
Se calcula que adeuda un 33% de aumento a docentes y nodocentes y un 100% en becas. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) podría pedir al juez sanciones económicas y penales, que deberá evaluar el magistrado.
Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN, expresó: “El derrotero de la Ley de Financiamiento Universitario empieza a parecerse al cuento de la buena pipa, una historia de nunca acabar”. Remarcó que se trata de una ley “votada cinco veces por el Congreso de la Nación”.
Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, declaró: “El gobierno apela por enésima vez para seguir sin cumplir la Ley de financiamiento universitario“.
La movilización en CABA confluirá frente al Congreso, donde la oposición intentará avanzar ese mismo día con el rechazo del DNU 70/2023. Se realizará mientras el Presidente estará en Estados Unidos, a donde llega por quinta vez en lo que va del año.
En la última semana, los rectores trasladaron una reunión del CIN al Cabildo de Buenos Aires para reclamar fondos. La semana pasada, representantes de centros de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno para exigir respuestas, y la protesta terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, tras una reunión frustrada con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
En la conferencia de prensa de los rectores, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, afirmó: “Hoy puede ser la ley de financiamiento universitario, mañana cualquier otra. No está bien que la ley se cumpla solamente cuando te gusta”.
Un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional de la UBA indica que los recursos universitarios registraron en julio una caída real del 40,5% respecto del mismo mes de 2023. Las casas de estudio y los gremios calculan una pérdida salarial acumulada del 31,2%.
El conflicto se extenderá a las negociaciones por el Presupuesto 2027, ya que el Gobierno propuso destinar $7,3 billones a las universidades, mientras que el CIN reclama $11 billones para garantizar su funcionamiento.
