La quinta Marcha Federal Universitaria coincidirá con el tratamiento del mega DNU de Javier Milei en el Congreso, por lo que este 15 de octubre la defensa de la universidad pública confluirá con el reclamo por la soberanía territorial en una masiva movilización.
La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará el jueves 15 de octubre, el mismo día en que la Cámara de Diputados tratará el rechazo al DNU 70/23 de Javier Milei. Frente al Congreso de la Nación se unificarán así dos reclamos: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de la soberanía, con el rechazo a la extranjerización de tierras.
Las universidades reclaman a Milei que cumpla la ley
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó que la marcha comenzará a las 13:30 horas en las puertas del Congreso. Será el epicentro de una movilización que también tendrá convocatorias en las principales ciudades del país.
En una primera etapa se había analizado concentrar en el Palacio de Tribunales, para poner el foco en el frente judicial del conflicto. Finalmente, rectores, gremios docentes y no docentes y agrupaciones estudiantiles acordaron que el acto central sea en el Poder Legislativo. La CGT anunció que acompañará la movilización.
El reclamo principal es la aplicación de la Ley 27.795, sancionada en 2025 después de que el Senado insistiera con el proyecto tras el veto presidencial, pero que el gobierno lleva más de un año sin aplicar, pese a los fallos judiciales que lo intimaron para que cumpla la norma.
Entre otros puntos, prevé la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación del INDEC, la convocatoria a paritarias y un fondo específico de $10.000 millones para aplicar las medidas de forma inmediata. También establece que el financiamiento estatal pase del 1% del PBI en 2026 a cerca del 1,5% en 2031.
A eso se suma el reclamo salarial. Los gremios piden una recomposición acumulada del 33,4% y cuestionan que no haya habido una nueva negociación ni una mejora adicional al 3% previsto para septiembre. El juez federal Diego Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir de forma integral una medida cautelar vinculada con los salarios universitarios.
La discusión presupuestaria también está en la agenda. El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso asigna $7,3 billones a las universidades nacionales: $6,3 billones para personal, funcionamiento y transferencias corrientes, y $1,02 billones para ciencia y tecnología, hospitales universitarios y programas educativos.
Sin embargo, el CIN estima que se necesitan unos $11 billones y calcula que solo el gasto en personal alcanzaría los $8,368 billones. La quinta marcha llegará tras una seguidilla de medidas de fuerza, como el paro universitario de 72 horas que comenzó el miércoles de esta semana.
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Dentro del Congreso: el debate por el DNU
Mientras afuera se desarrolle la marcha, adentro Diputados debatirá el DNU 70/23. La oposición pidió a Martín Menem, presidente de la Cámara, que convoque a una sesión especial para las 14 horas. El temario incluye tres ítems: la ley de endeudamiento familiar, la ley de emergencia en discapacidad y el rechazo al decreto.
El tema volvió a la agenda pública tras un fallo de la Corte Suprema que revocó una medida cautelar y recuperó la vigencia del artículo 154 del decreto. Ese artículo deroga la Ley de Tierras.
El oficialismo había intentado modificar el régimen primero por decreto, pero la Justicia se lo impidió hasta esta semana. Luego lo llevó al Congreso, donde la iniciativa no avanzó por falta de apoyo tanto de la oposición como de sus aliados.
El pedido de sesión fue firmado por más de 30 diputados de Unión por la Patria, la UCR, Provincias Unidas, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda, entre otros bloques. La oposición necesita 129 votos para avanzar con la derogación del artículo.
Por ahora, los bloques que solicitaron la sesión suman 110 legisladores, por lo que faltan 19 para alcanzar el mínimo, aunque esperan que algunos de los diputados que reportan a sus gobernadores se sumen a la iniciativa.
El oficialismo, por su parte, busca aliados para que la sesión quede sin quórum y no descarta incluir modificaciones en la Ley de Inviolabilidad Privada para tentar a sus aliados. Hasta el momento, ningún integrante del gabinete se pronunció sobre el fallo y Milei esquivó el tema en su visita a Francia.
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Las universidades y la soberanía
Las universidades no son las víctimas directas del decreto. Sin embargo, atraviesan un conflicto con el Gobierno nacional por el presupuesto y los salarios, que se profundizó desde 2024 y derivó en protestas, negociaciones, medidas de fuerza y presentaciones judiciales.
Además, las casas de estudio han planteado que la defensa de la soberanía nacional también es parte esencial de su rol dentro del país. Lo hicieron hace unos meses, cuando el Senado se aprestaba a tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que flexibilizaba los límites a la extranjerización de tierras.
En ese momento, el Comité Ejecutivo del CIN difundió un documento en el que manifestó su “profunda preocupación” y su rechazo a la modificación del régimen de protección de tierras.
Los rectores fundamentaron su postura en el conocimiento científico y técnico que generan las universidades públicas, con equipos especializados en geología, ingeniería ambiental, biodiversidad y recursos naturales. Advirtieron sobre los riesgos económicos, sociales y geopolíticos de la concentración de tierras, sobre todo en zonas de frontera, reservas de agua y bosques nativos.
“La tierra no puede ser concebida únicamente como una mercancía o un activo financiero. Es territorio, ambiente, producción, identidad, comunidad y soberanía. En ella se encuentran recursos indispensables para nuestro presente y, fundamentalmente, para las próximas generaciones”, sostuvo el documento.
El texto aclaró que “no se trata de rechazar inversiones ni de promover el aislamiento, se trata de establecer una distinción elemental: la inversión extranjera puede contribuir al desarrollo nacional, pero nunca debe significar la pérdida de capacidad del Estado argentino para decidir soberanamente sobre su territorio y sus recursos estratégicos”.
En su momento, el comunicado cerró con una convocatoria al Congreso y a la sociedad a un debate amplio y responsable, y con una frase final: “la tierra no es solamente propiedad. Es territorio, comunidad, recursos, futuro y soberanía“. Ahora la convocatoria se renueva con la quinta Marcha Federal Universitaria.
