La Justicia calificó como “irrazonable” el decreto de Javier Milei que suspendía la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo que cumpla de inmediato con la normativa. El oficialismo adelantó que apelará la decisión, en otro intento de evadir el fallo.
El juez federal Martín Cormick declaró este martes la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, con el que el presidente Javier Milei promulgó la Ley de Financiamiento Universitario pero suspendió su aplicación, y le exigió al Gobierno que la cumpla. Desde la Casa Rosada anticiparon que volverán a apelar.
La sentencia, de 50 páginas, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, y a la demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, resolvió “Ordenar al Poder ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.
El Ejecutivo había justificado la suspensión en el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que las leyes que generan gastos deben prever su financiamiento. Cormick sostuvo que la propia Ley 27.795 fija pautas en su artículo 9°, entre ellas la adecuación de partidas y el uso de ingresos corrientes que superen lo presupuestado, sin afectar la coparticipación provincial.
En ese marco, afirmó que “suspender la aplicación de una ley entendiendo que se ha omitido precisar con exactitud las fuentes de financiamiento cuando existe un artículo que da pautas sobre la cuestión, deviene irrazonable“.
El juez también señaló que, tras la insistencia del Congreso con los dos tercios de ambas cámaras, el decreto “funcionó como un mecanismo extraconstitucional” y que en la práctica se configuró “en una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
El Gobierno apelará el fallo en los próximos días y analiza otros mecanismos legales para evitar afrontar de inmediato los pagos que exige la ley. Por su parte, rectores y gremios universitarios convocaron a la quinta Marcha Federal Universitaria, que se realizará el 15 de octubre.
Cómo llegó la ley hasta acá
El Congreso aprobó la ley en agosto de 2025. El 9 de octubre de ese año, el Gobierno la vetó por completo mediante el Decreto 647/25. Diputados y Senado insistieron con los dos tercios de los votos y la norma quedó sancionada. El 20 de octubre, el Ejecutivo la promulgó con el Decreto 759/25, que dejó en suspenso su ejecución.
El CIN y varias universidades recurrieron a la Justicia. El 23 de diciembre de 2025, Cormick dictó una medida cautelar que declaró inaplicable la parte suspensiva del decreto y ordenó cumplir los artículos 5° y 6° de la ley, referidos a salarios docentes y becas.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa decisión y la Corte Suprema la ratificó el 25 de junio. Ante el incumplimiento, el juez intimó al Ejecutivo en dos oportunidades durante septiembre.
En paralelo, el Gobierno firmó el 10 de junio un acta con el CIN y los gremios universitarios que preveía una recomposición salarial del 24,33% y una actualización del 20% en gastos de funcionamiento. Con ese acuerdo pidió levantar la cautelar, pero Cormick lo rechazó el 1 de septiembre porque el Estado no había acreditado una solución definitiva al deterioro salarial.
La negociación paritaria volvió a fracasar el 17 de septiembre: el Ejecutivo sostuvo una oferta adicional del 3% y avisó que la aplicaría aun sin acuerdo. Los gremios la rechazaron y mantienen el reclamo por un incremento mayor, remarcando que el retraso salarial supera el 30%.
