La UCA reveló que la pobreza alcanza al 36,3% de los argentinos y se sumó a la lista de organismos que cuestionan la metodología del INDEC: Entre la caída de la pobreza informada por el gobierno de Javier Milei y la de la UCA hay 8 puntos de diferencia.
La Universidad Católica Argentina (UCA) presentó su medición de pobreza e indigencia correspondiente al tercer trimestre de 2025, con resultados que contradicen significativamente los datos oficiales del INDEC y plantean serias dudas sobre la metodología utilizada por el organismo dirigido por Marco Lavagna.
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, la pobreza se ubicó en 36,3% y la indigencia en 6,8% al cierre del tercer trimestre. Estas cifras muestran una caída de 9,3 puntos respecto al mismo período de 2024, cuando el ajuste impulsado por la administración de Javier Milei había llevado la pobreza a su valor más alto desde 2005 con 45,6%.
Sin embargo, el resultado dista mucho de la cifra informada por INDEC, que había informado una reducción del 41,3% al 31,8% en el segundo trimestre de 2025, la UCA sostiene que esa mejora se debe a una sobrerrepresentación por efectos estadísticos.
El principal señalamiento del organismo coordinado por Agustín Salvia apunta a los problemas de captación en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El observatorio académico advierte que tres cuartas partes de la reducción informada por el INDEC podrían explicarse por un efecto estadístico y no por una mejora real de los ingresos de los hogares.
Según el informe presentado el 4 de diciembre, si se corrige el ingreso por el nivel de captación previo a 2023, la pobreza habría caído apenas 2,1 puntos porcentuales durante la gestión de Javier Milei, en lugar de los casi diez puntos que muestran las estadísticas oficiales.
Con esta corrección, la pobreza habría pasado de 33,9% a 31,8% entre el segundo trimestre de 2023 (el pico de incertidumbre en el marco de las elecciones nacionales) y el mismo período de 2025.
“La caída existe, pero es mucho menor de lo que muestran los números oficiales”, resume el estudio. Cabe mencionar que el nivel de captación mejoró abruptamente en entre 2023 y 2024, lo que implica que más personas declaran sus ingresos en las encuestas, generando una mejora estadística que no se corresponde necesariamente con una mejoría en las condiciones de vida.
Otro aspecto crítico del informe es la persistencia de una metodología obsoleta para calcular la Canasta Básica Total (CBT). El INDEC continúa utilizando la estructura de gasto relevada en la ENGHo 2004/2005, pese a que existen datos actualizados de 2017/2018 que reflejan un peso significativamente mayor de los servicios en el presupuesto familiar.
El director del ODSA estimó que una actualización metodológica elevaría la canasta vigente de $1.276.649 a cerca de $1.942.000. Esta modificación alteraría tanto el nivel como la trayectoria del indicador: la pobreza habría aumentado menos tras la devaluación aplicada por Milei al asumir en 2023, pero también habría mostrado una reducción menor en los trimestres posteriores.
“Al mismo tiempo, una ponderación actualizada modificaría la evolución de la pobreza, ya que capturaría mejor el impacto del encarecimiento de los servicios desde la segunda mitad de 2024″, destaca el informe.
Hasta los trabajadores del INDEC cuestionaron los datos de pobreza publicados por el gobierno de Javier Milei
El estrés económico más allá de la pobreza
Más allá de las cifras de pobreza, el documento apunta que la aparente estabilización macroeconómica no se traduce en mejoras reales en el bienestar de los hogares. El 33,1% de los hogares se encuentra fuera de la afiliación al sistema de seguridad social, mientras que la informalidad persiste en el 51,6% de los trabajadores en 2025.
El informe señala que la mejora en la inflación no alcanzó para recomponer salarios reales ni para frenar el deterioro de la calidad del empleo. La pérdida de calidad se concentra en los estratos bajos y medio-bajos, con un desempleo creciente en hogares de nivel muy bajo y un estancamiento del ingreso laboral real en torno a niveles similares a los de 2009-2010.
Los salarios públicos son los principales rezagados del período, que muestran un deterioro sin precedentes. La situación resulta particularmente notable en los salarios de trabajadores de universidades y organismos científicos, así como otros sectores del Estado.
“Entre 2023 y 2025 el déficit permanece alto y tiende a ser más intenso entre los hogares más vulnerables. La mejora reciente en ingresos no se traduce en mayor cobertura contributiva”, subraya el estudio.
Además de la medición monetaria tradicional, el ODSA incorporó indicadores complementarios que revelan altos niveles de estrés en la vida cotidiana de los argentinos. El estrés económico, definido como la insuficiencia percibida de ingresos para cubrir necesidades básicas, bajó del 50% en 2024 al 46,8% en 2025, pero aún permanece por encima de los niveles de 2022.
“Durante la fase de estabilización, en el estrato muy bajo persiste e incluso se profundiza la cronicidad en condiciones de estrés económico”, analiza el documento. El malestar psicológico muestra una tendencia creciente desde 2017 que se agravó entre 2023 y 2024, sin que la estabilización macroeconómica haya logrado traducirse en un alivio emocional.
Los hogares con niños continúan siendo los más afectados: la pobreza infantil supera el 58%, más del doble que la de los hogares sin menores. La inseguridad alimentaria persiste como uno de los problemas estructurales que no ceden pese a la baja de la inflación.
Paradójicamente, el informe reconoce que el mayor impacto positivo en los sectores vulnerables lo tuvieron programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que fueron reforzadas en 2024 y lograron atenuar la indigencia. Sin estas transferencias, la pobreza sería 20% más alta y la indigencia prácticamente se duplicaría.
“Los programas de transferencias reducen sobre todo la indigencia”, sostiene el estudio, que también señala que estas ayudas no modifican la estructura profunda de desigualdad. El país mantiene pisos duros del 25% de pobreza y 5% de indigencia incluso en ciclos expansivos.
