El gobierno de Javier Milei ubicó la reforma laboral al tope de las prioridades de cara a las sesiones extraordinarias del Congreso, aunque en el oficialismo reconocen que aún intentan destrabar las negociaciones con los gobernadores. ¿Cuáles son los otros temas en la agenda parlamentaria?
Este lunes 2 de febrero comienzan las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación convocadas por el presidente Javier Milei, que se extenderán hasta el 27 de febrero. El domingo 1 de marzo el mandatario deberá inaugurar un nuevo período ordinario.
El temario incluye la reforma laboral, la modificación del Régimen Penal Juvenil, cambios en la Ley de Glaciares, la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea.
Sin embargo, el oficialismo llega sin garantías de contar con los votos necesarios para aprobar su principal iniciativa: la reforma laboral. Aunque el proyecto ya obtuvo dictamen en comisión en el Senado, La Libertad Avanza sigue negociando con gobernadores y bloques aliados para cerrar un acuerdo.
Una de las cuestiones que traba las negociaciones es el capítulo fiscal, que de ser aprobado sería un nuevo golpe para el financiamiento de las administraciones provinciales. Es por eso que en Casa Rosada se debaten la posibilidad de ceder a los pedidos de los gobernadores o avanzar con la normativa tal como fue escrita.
El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que la discusión del capítulo impositivo está “trabado”. “Creo que va a terminar aprobándose, pero está un poco trabado porque los gobernadores no quieren ceder en la baja del impuesto a las Ganancias”, expresó.
Los proyectos en agenda para las extraordinarias
Reforma laboral
La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo encabeza la lista de prioridades del oficialismo. El proyecto, que el Gobierno define como una herramienta para “generar empleo registrado y terminar con la judicialización de conflictos”, aunque -como señalan desde la oposición- aún no explicó cómo la normativa crearía empleo.
El ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, han encabezado durante las últimas semanas una serie de reuniones con legisladores y gobernadores para sumar apoyos.
Santilli viene recorriendo varias provincias con administraciones “afines”, incluida Corrientes, donde el vínculo con los hermanos Valdés permanece tenso después de que Karina Milei intentara imponer un candidato propio a gobernador. Fuera de las negociaciones quedaron todos los gobiernos opositores.
Por su parte, Bullrich realizó encuentros con jefes de bloques dialoguistas (excluyendo a los peronistas) y se jactó de tener “un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno”.
Según la senadora, la reforma se votaría tal como está y para garantizar el apoyo de los dialoguistas se ofrecería paralelamente una renegociación de deudas a las provincias que hayan apoyado la iniciativa.
La reforma laboral de Milei llegó al Congreso: Punto por punto, qué dice el texto
Régimen Penal Juvenil
El proyecto de Régimen Penal Juvenil fue incorporado a último momento al temario de extraordinarias mediante el decreto 53/26. La iniciativa busca bajar la edad de imputabilidad, aunque no está claro si se retomará el texto original que proponía los 13 años o si se enviará uno nuevo a la Cámara de Diputados.
Bullrich, quien había presentado los lineamientos de la reforma en diciembre como ministra de Seguridad, ratificó vía redes sociales que la edad debe fijarse en 13 años y aseguró: “Va a ser ley”. Sin embargo, esta postura choca incluso con sus aliados.
Desde el PRO sostienen que “la edad de imputabilidad debe fijarse en los 14 años”, mientras que referentes de la UCR advierten que “insistir con los 13 años tiene el riesgo de que no se vuelvan a tener los consensos que tuvimos y significa volver a abrir la caja de pandora“.
La actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue incluso más lejos e incluso habló de la supuesta necesidad de reducir la edad de imputabilidad a los 12 años. No está claro si esta posibilidad se introducirá en el texto.
Más allá de esto, Bullrich también convocó a los familiares de Jeremías Monzón (asesinado en Santa Fe a manos de menores de edad) en un intento por torcer la opinión pública en su favor antes del tratamiento de la normativa.
En el entorno del Presidente repiten como mantra: “Delito de adulto, pena de adulto“, aunque hasta ahora no aclararon si realizarán inversiones en el sistema penitenciario para crear espacios para menores de edad o si también pretenden que los menores cumplan sus “penas de adulto” en prisiones para adultos.
Cabe mencionar que para que comience el debate sobre la baja de imputabilidad, la Cámara debe convocar a la apertura de más comisiones de trabajo. Formalmente, solo están conformadas Hacienda y Presupuesto y Legislación Penal. Fuentes parlamentarias adelantaron que habrá reuniones en la semana, con un posible cónclave de jefes de bloque el miércoles.
Ley de Glaciares
Otra iniciativa a tratar es la que busca modificar la Ley de Glaciares, redefiniendo el concepto de “ambiente periglacial“. El texto establece que solo serán objeto de protección los glaciares y áreas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobable, como el almacenamiento o suministro de agua.
Además, la propuesta transfiere a las provincias la facultad exclusiva de determinar qué zonas quedarán bajo ese régimen de protección y prevé la creación de un registro nacional de glaciares destinado a identificar las áreas comprendidas dentro del régimen de protección.
El proyecto genera resistencias de sectores ambientalistas y científicos, que advierten sobre un posible retroceso en materia de preservación ambiental. La modificación se discute en medio de los incendios que afectan a la Patagonia, donde el fuego continúa avanzando sin control.
Cabe recordar que el presidente se ha definido como “escéptico” del cambio climático a pesar de que las investigaciones científicas apuntan en sentido contrario, aunque aparentemente el principal interés del gobierno es que la ley funcione como un “gesto” para los gobernadores (que tendrían más facilidades para acordar con mineras).
Acuerdo Mercosur-Unión Europea
El pasado 9 de enero se firmó el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El acuerdo fija la supresión escalonada de tributos sobre el 91% de las exportaciones de ambos bloques, con períodos de transición de hasta 15 años para productos sensibles.
Para el Mercosur, esto implica cuotas más grandes de exportación de productos agropecuarios hacia Europa. Para la UE, significa una mejora en el acceso al mercado sudamericano para autos, autopartes, máquinas, productos químicos, vinos y quesos.
Sin embargo, el tratado enfrenta obstáculos en el Parlamento Europeo, que lo ha frenado y enviado al Tribunal de Justicia de la unidad comercial del viejo continente, lo que podría retrasar su implementación.
Pese a esto, el oficialismo quiere aprobar el acuerdo en el Congreso argentino como una muestra del interés por avanzar con el acuerdo entre ambos continentes tras 25 años de negociaciones.
La reforma laboral sigue trabada y deja expuestas las dificultades de Milei para gestionar acuerdos políticos
La reforma laboral, en el centro del conflicto
El principal obstáculo para la aprobación de la reforma laboral radica en los capítulos sobre rebajas tributarias al Impuesto a las Ganancias para sociedades comerciales. Los gobernadores aliados rechazan estos artículos porque implican una pérdida de recursos por coparticipación.
Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron con Santilli en la Casa de Salta y reclamaron una compensación por la pérdida de fondos coparticipables.
Estos mandatarios dialoguistas fueron clave en otras oportunidades para que el oficialismo lograra avanzar con iniciativas en el Congreso y esperan negociar mejores condiciones para sus provincias. El misionero Hugo Passalacqua, también parte de ese grupo, no participó del encuentro.
Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) también están reacios con respecto a ese punto. Milei sostiene que el dinero puede recuperarse si se forman más empresas, pero los mandatarios no confían en que eso pase en el corto plazo y piden alguna compensación concreta.
Santilli prometió durante su gira provincial que si la reforma laboral es aprobada habrá generación de puestos de trabajo y que eso compensará las pérdidas en los fondos coparticipables. Sin embargo, la promesa no parece suficiente para convencer a los gobernadores, que exigen garantías más concretas.
La oposición dialoguista tiene alternativas para hacerse valer, como dejar la sesión sin cuórum hasta que no escuchen sus reclamos. Aunque ese tipo de maniobra no está en los planes de ninguno de ellos. Entre tanto, dentro del oficialismo conviven dos posturas sobre cómo proceder.
Un ala más moderada quiere aceptar modificaciones en la estructura del texto para poder juntar más votos y llegar al recinto más tranquilos. Otra facción más intransigente, encabezada centralmente por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y por el asesor sin cargo Santiago Caputo, quiere dejar el texto tal como está.
Desde este segundo sector sostienen que no les importa lo que opina la CGT porque “no tienen senadores”, ni tampoco lo que digan los gobernadores porque “para los que voten bien habrá compensaciones con posterioridad”.
“El texto va a tener el mismo espíritu y, como mucho, habrá modificaciones en detalles de la redacción para que todo quede más claro”, aseguran cerca de Milei.
La mesa política del gobierno, que tiene un rol central en las definiciones del Congreso, avanza lento, no resuelve sus internas y, sin respuestas claras del propio Milei, muestra muchas dificultades para lograr un diálogo fluido con los aliados.
Sobre el oficialismo pesa la eliminación del capítulo XI del Presupuesto 2026 (con el que pretendía derogar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad) y desde el sector de Caputo culpan a Santilli.
A su vez, el ministro y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, responsabilizan al asesor de haber permitido sumar un texto tan sensible al filo de la sesión, sin chequear los consensos. Estas heridas internas hacen aún más complejo un protocolo de trabajo fluido.
El oficialismo aprobó el Presupuesto 2026, pero no pudo derogar las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario
Javier Milei se borró de las negociaciones
En su discurso en el foro de Davos, Milei explicó que no prestará atención a los debates legislativos. El Presidente sostuvo que el derecho positivo no es legítimo sino está en “consonancia con la ley natural”. Con esa narrativa, para el mandatario no tiene sentido negociar con aliados la letra chica de sus proyectos de ley, como manda el manual básico del Congreso.
Milei prefiere jugar a todo o nada en los recintos, donde ya es uno de los presidentes con mayores derrotas en las votaciones. Recién cuando los coletazos legislativos se reflejan en los indicadores financieros acusa recibo de los traspiés legislativos.
El libertario ha dejado claro su desinterés por respetar las normas dictadas por el Congreso. El ejemplo más claro de esto fue la emergencia en discapacidad, que continúa ignorando pese a que está obligado a cumplir por un fallo de la Justicia Federal.
Quien están abocados a las negociaciones son Bullrich y Santilli, que deben hacer buena letra con la cúpula de Casa Rosada para asegurarse buenos lugares dentro del gobierno y, de cara a 2027, buenos lugares en las listas.
La última alternativa que les llegó a los gobernadores es invertir los roles: esperar a la sesión y según cómo voten sus legisladores, recibir compensaciones. Ningún mandatario puede confiar tanto en una promesa sin garantías concretas, especialmente dado el historial del oficialismo.
Las sesiones extraordinarias arrancan este lunes con un panorama incierto. El oficialismo tiene hasta el 11 de febrero, cuando quiere tratar la reforma laboral en el recinto del Senado, para terminar de juntar voluntades.
La pregunta es si Milei estará dispuesto a ceder en las negociaciones o si preferirá arriesgar la aprobación de su principal proyecto legislativo antes que modificar aspectos centrales del texto original.
