La Cámara de Diputados debatirá en el recinto la reforma laboral de Javier Milei y, aunque en el oficialismo aseguran que tienen los votos para avanzar con el proyecto, los números para el quórum son ajustados y varios artículos podrían ser recortados.
Este jueves, a partir de las 14 horas, la Cámara de Diputados comenzará a debatir en el recinto la reforma laboral impulsada por Javier Milei. El oficialismo llegó a la sesión tras ceder en uno de los puntos más controvertidos del texto (las modificaciones a las licencias por enfermedad) para asegurarse el respaldo de sus aliados.
Sin embargo, los números para alcanzar el quórum de 129 diputados son extremadamente ajustados, y al menos dos capítulos del proyecto enfrentan serias posibilidades de ser recortados durante la votación en particular.
Se espera una sesión maratónica que podría extenderse por más de 15 horas. La jornada transcurrirá durante el paro convocado por la CGT y aunque la central obrera no llamó a movilizar, gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) anunciaron una concentración frente al Congreso.
Entre las organizaciones que marcharán se encuentran ATE, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros, Luz y Fuerza, y las dos CTA. Al escenario caldeado se sumó el anuncio del cierre de la empresa Fate, que dejó sin trabajo a 920 empleados.
Los números ajustados que maneja el oficialismo
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) sostiene que cuenta con los apoyos necesarios para abrir la sesión, aunque no sin incomodidad. “No se puede empachar nadie”, advirtió una fuente parlamentaria con conocimiento de la dinámica interna del bloque.
La convocatoria a sesionar contó con el apoyo de los libertarios Gabriel Bornoroni, Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch, del PRO (Cristian Ritondo), de la UCR (Pamela Verasay), del bloque misionero Innovación Federal (Alberto Arrúa) y del Movimiento de Integración y Desarrollo (Oscar Zago).
Esto da a entender que los bloques se presentarán para dar quórum este jueves. A eso se sumó el apoyo de tres gobernadores que se expresaron a través de sus representantes en la Cámara baja.
Osvaldo Jaldo, mandatario de Tucumán, garantizó tres votos a través del bloque Independencia; Rolando Figueroa, de Neuquén, aportó la firma de la diputada Karina Maureira por La Neuquinidad; y Marcelo Orrego, de San Juan, sumó el respaldo de Nancy Picón Martínez del bloque Producción y Trabajo.
Los nueve legisladores de Innovación Federal, de conducción compartida entre Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Rovira (Misiones), también formarían parte del sector que acompañará al gobierno.
Quienes no darán quórum son los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la Coalición Cívica y la diputada Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba). En el peronismo indicaron que “necesitamos seis” diputados extra para evitar el quórum, y mencionaron conversaciones con algunos legisladores que abandonaron bancadas en los últimos meses.
La incógnita es el interbloque Unidos, integrado por Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, que reúne 22 votos. En ese espacio, solo algunos exintegrantes del PRO, como Sergio Capozzi, confirmaron que bajarán al recinto.
El conjunto del bloque no comprometió su acompañamiento: “pese a su composición heterogénea, no hubo nadie que pudiera comprometerse a ayudar al gobierno“, según señalaron fuentes del propio espacio. También generan incertidumbre los radicales cercanos al gobernador salteño Carlos Sadir, que dudan si acompañar o no.
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Los otros dos artículos que podrían ser recortados
La decisión más resonante de las últimas horas fue el retiro del artículo 44 del proyecto, que establecía que los trabajadores que se enfermaran o accidentaran fuera del ámbito laboral cobrarían solo el 50% de su remuneración básica durante los primeros meses de baja.
La medida desató un aluvión de críticas de sindicatos, partidos políticos y hasta del sector empresarial, lo que obligó al Gobierno a dar marcha atrás para no perder apoyos clave. Sin embargo, esa no es la única parte del texto que genera resistencias. Hay al menos dos capítulos que podrían caer en la votación en particular.
El primero es el Título II, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de financiamiento de indemnizaciones alimentado por un aporte mensual del empleador: 1% para grandes empresas y 2,5% para mipymes, compensado con una reducción equivalente en contribuciones a la ANSES.
La diputada peronista Vanesa Siley fue una de las voces más contundentes contra este esquema: “va a romper el sistema previsional”, afirmó, y advirtió que los recursos acumulados (estimados en más de 3.000 millones de dólares) podrían terminar financiando al Tesoro mediante la colocación de bonos del Estado.
“Ya pasó con las AFJP, la llenaron de bonos basura“, señaló. Fuentes cercanas al oficialismo reconocieron la fragilidad del capítulo: “El FAL está finito”, resumió un legislador aliado. El peronismo, la izquierda y un sector de Provincias Unidas se oponen al FAL, y la suma de esos votos podría ser suficiente para eliminarlo.
En el Senado, sostenerlo requirió un esfuerzo notable: la senadora Patricia Bullrich pudo sumar a último momento el voto de la neuquina Julieta Corroza gracias a una gestión de Diego Santilli (ministro del Interior), y echó mano de los senadores santacruceños para no perder el capítulo.
El segundo punto sensible es el Título XXVI, que deroga los estatutos profesionales, entre ellos el del periodista y el de los viajantes de comercio, y elimina el financiamiento público del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y de Radio y Televisión Argentina (RTA) a partir del 1 de enero de 2028.
En el Senado, este capítulo apenas consiguió 38 votos. En la Cámara baja, Unión por la Patria tiene menos expectativas de derribarlo que el FAL, pero no descarta intentarlo. A esos dos frentes se agrega la discusión sobre el traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, otro segmento que podría no sobrevivir la votación en particular.
El juez Andrés Basso, titular de la Asociación de Magistrados, se reunió el miércoles con diputados del bloque peronista y planteó que el artículo 91 no propone un traspaso sino una disolución del fuero. “Es la clausura del fuero, y vaciar de jurisdicción a un juez significa revocarlo”, advirtió.
El PRO, por su parte, mantuvo su reclamo de incluir un artículo que habilite el pago de sueldos a través de billeteras virtuales (que fue retirado del proyecto aprobado en el Senado por el lobby de los bancos), aunque fuentes parlamentarias estimaban que difícilmente lograría imponerse.
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Dictámenes en comisión y convocatoria a sesionar
La sesión de este jueves fue precedida por una jornada intensa en el plenario conjunto de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que comenzó el miércoles pasado el mediodía.
Fue allí donde el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, anunció formalmente el retiro del artículo 44 antes de pasar a la firma del dictamen. El diputado peronista Germán Martínez reprochó públicamente “la enorme desprolijidad que ha tenido todo el trámite parlamentario”.
El dictamen de mayoría obtuvo 44 firmas, con el respaldo de LLA, la UCR, el PRO, el MID, y los bloques de Innovación Federal y Producción y Trabajo. El PRO y el MID firmaron en disidencia, por la exclusión del artículo sobre billeteras virtuales. El presidente de la comisión de Legislación Laboral, Lisandro Almirón, anunció el resultado a las 18:11.
La oposición, a diferencia de lo ocurrido en el Senado, presentó dictámenes propios. Unión por la Patria reunió 29 firmas en torno a un proyecto alternativo denominado Actualización Laboral.
Se trata de una “contrarreforma” que se opone a todo lo que quiere el oficialismo, buscando “revertir desregulaciones recientes y ampliar derechos laborales, adaptándolos a nuevas tecnologías” y ofreciendo, por ejemplo, jornadas más cortas, aguinaldo para monotributistas y salario social complementario.
El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola y el legislador Nicolás Massot (Encuentro Federal) también presentaron sus propios despachos. La Coalición Cívica hizo lo mismo.
Si el proyecto del oficialismo se aprueba, deberá volver al Senado para ratificar los cambios, lo que ajusta el ya apretado cronograma de La Libertad Avanza. Es que el Gobierno busca aprobar la reforma antes del 1 de marzo, fecha en que Milei deberá dar su discurso de apertura de las sesiones ordinarias.
