El modelo de apertura sin control de las importaciones impulsado por Javier Milei se cobró otra víctima: Fate cerró su planta en San Fernando y dejó a 920 trabajadores en la calle, tras operar por varios meses al 30% de su capacidad.
El modelo de importaciones sin control que impulsa el gobierno de Javier Milei se cobró otra víctima en el sector industrial argentino. Fate, la histórica fábrica de neumáticos fundada en 1940 y controlada por la familia Madanes Quintanilla, anunció este miércoles el cierre definitivo de su planta en el partido bonaerense de San Fernando.
La decisión pone fin a más de ocho décadas de producción nacional de neumáticos y golpea de lleno al cordón industrial del norte del conurbano bonaerense, al tiempo que deja en la calle a 920 empleados de la firma.
Un comunicado y más de 900 empleados despedidos
Los trabajadores llegaron a cumplir su jornada laboral en la madrugada del miércoles y se encontraron con un cartel pegado en la puerta de la planta que formalizaba el cese inmediato de actividades. Muchos venían regresando de sus 21 días de vacaciones.
Según relató Sebastián Tesoro, empleado de la firma, en declaraciones a radio Splendid: “Nos enteramos aproximadamente hace una hora, por un cartel que dejó la fábrica del lado de los portones de adentro, donde plantea que cesa la actividad productiva y nos deja a todos despedidos, a la espera de la indemnización”.
“Nos habían dicho que no habían mandado telegramas y que la función iba a arrancar normalmente. Hoy ingresaban compañeros que volvían de los 21 días de vacaciones”, señaló Miguel Ricciardulli, integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
El impacto no se limita a los 920 empleados directos. Trabajadores y sindicalistas señalaron que a ese número deben sumarse los trabajadores tercerizados de limpieza y comedores, elevando el total afectado a más de mil personas. “Hay más de setecientas, ochocientas familias que nos quedamos en la calle”, afirmó Tesoro.
La planta de Virreyes, ubicada en un predio de 40 hectáreas con más de 157.000 metros cuadrados cubiertos, venía operando en los últimos meses al 30% de su capacidad productiva, en línea con el índice del sector del caucho que, según el INDEC, registró una utilización del 33,4% en diciembre pasado.
La producción mensual había caído de 350.000 neumáticos a 150.000 en el último período. En este contexto, los accionistas de la empresa, encabezados por la familia Madanes Quintanilla y su socio brasileño Vipal, optaron por el cierre directo en lugar de recurrir a un concurso de acreedores.
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Según versiones que circulaban este miércoles en el sector, el dueño de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, cuyo patrimonio personal asciende a unos 1.500 millones de dólares según el ranking Forbes 2024, podría impulsar una reconversión productiva en el predio para orientarlo a otro rubro. La empresa no confirmó ni desmintió esa posibilidad.
Una curiosidad es que el cierre se concretó en los días previos al tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, lo que permitió a la empresa aplicar los despidos bajo el régimen indemnizatorio vigente, más favorable para los trabajadores que el que podría establecer la nueva normativa.
La única vía que eligió la empresa para comunicar una decisión de esta magnitud fue un texto impreso fijado en la puerta de la fábrica. En el escrito, Fate S.A.I.C.I. informó que “a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”.
La empresa repasó su trayectoria de más de ocho décadas y destacó haber sido “la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.
Sobre los motivos del cierre, el comunicado fue escueto: “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, expresó el directorio.
Agregó que, “tras haber realizado los mayores esfuerzos posibles para evitarlo“, se veía obligada a extinguir todos los contratos de trabajo, y aclaró que las indemnizaciones y haberes pendientes se depositarán en los plazos establecidos por la ley.
Otra víctima de la apertura sin control de las importaciones
El sindicato del neumático fue contundente al señalar a la administración Milei como responsable directa del desenlace. Ricciardulli sostuvo: “No tiene sentido que una planta de esta magnitud cierre de esta manera. Si hay responsables, es el Gobierno, que abrió indiscriminadamente las importaciones.”
El argumento central apunta a la apertura del mercado a neumáticos de origen chino sin los controles arancelarios ni sanitarios correspondientes. Es que la teoría económica de Milei y su equipo propone la “libre competencia“, pero ignora las diferencias en la situación productiva del país con respecto a las grandes potencias industriales.
Según datos del sector, entre el 85 y el 90% de los neumáticos que circulan actualmente en Argentina son importados, y los productos chinos llegan con precios hasta un 40% menores que los de fabricación nacional, lo que hace prácticamente inviable la competencia para la industria local. En 2025, el ingreso de neumáticos chinos registró un récord histórico.
El cierre de Fate no es un caso aislado en el sector. Pirelli redujo considerablemente su planta de Merlo el año pasado con despidos y retiros voluntarios, mientras que Bridgestone aplicó una tanda importante de despidos en 2024 cuando recurrió al procedimiento preventivo de crisis.
En el caso de Fate, un grupo de alrededor de 15 empleados, encabezado por el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, cortó el alambrado perimetral e intentó ingresar a la planta para tomar las instalaciones.
Personal policial, con presencia de infantería, dispersó al grupo, interceptó a Crespo y custodió el perímetro para evitar nuevos intentos de acceso. Un número reducido de trabajadores logró permanecer dentro de la fábrica.
La Fiscalía Correccional a cargo del doctor Alejandro Fuenzalida dispuso labrar actuaciones por turbación de la propiedad e identificó a las personas que habían ingresado, sin adoptar medidas de detención adicionales por el momento.
Crespo cuestionó desde el inicio la legalidad del procedimiento: “La empresa anunció un cierre ilegal, había un compromiso de no despedir hasta el 30 de junio. Esto no es una PyME que no sabe cómo manejarse, esto es uno de los holdings más grandes del país.”
Otro trabajador de la planta, Víctor Ottoboni, cuestionó además el historial de la empresa con el sector público: “Es una empresa que todos los avances a nivel de ampliación siempre han sido subvencionados por el Estado. Han aprovechado las distintas situaciones políticas para sacar beneficios.” Y agregó:
“Madanes es uno de los empresarios más ricos del país, no tiene ninguna crisis. Ellos no pierden, los que perdemos somos los trabajadores. Vamos a pelear hasta el final.”
