El Gobierno Nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias para febrero y puso la reforma laboral como la principal prioridad del temario: Para garantizar la sanción, Diego Santilli visitará a otros 3 gobernadores afines. ¿Cuáles son los ejes de las negociaciones?
El presidente Javier Milei oficializó este lunes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para el mes de febrero, con la reforma laboral como principal prioridad de la agenda legislativa del oficialismo.
El Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario y del jefe de Gabinete Manuel Adorni, establece que las sesiones se desarrollarán del 2 al 27 de febrero, durante 25 días fuera del período ordinario.
Se trata del segundo llamado a extraordinarias que realiza el Ejecutivo durante el receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026 (la primera previsión financiera de la era Milei) y la Ley de Inocencia Fiscal, tras una intensa negociación con gobernadores y bloques dialoguistas.
El decreto estableció un temario de cuatro iniciativas que deberán ser tratadas por ambas cámaras. La reforma laboral encabeza la lista, con su ingreso formal al Parlamento previsto para el 11 de febrero. En el Senado se habla de sesionar entre el martes 10 y el jueves 12 de ese mes, antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.
El segundo punto de la agenda es la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado durante el fin de semana en Paraguay tras 25 años de negociaciones. Este tratado necesita el aval del Congreso para entrar en vigencia.
También figura en el temario el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Esta iniciativa, que implica modificaciones a la actual legislación sobre glaciares, aparece como una posible herramienta de negociación con provincias mineras que el Gobierno necesita a su favor.
Por último, se incluye la consideración del acuerdo parlamentario para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias, anunciada previamente por el Ejecutivo.
La decisión de concentrar todos los esfuerzos en la reforma laboral llevó al Gobierno a postergar otras iniciativas que habían sido anunciadas con insistencia durante 2025. La reforma del Código Penal y las modificaciones al régimen tributario, presentadas como prioridades en su momento, quedaron fuera del llamado a extraordinarias.
La reforma penal había sido anunciada en varias oportunidades con bombos y platillos por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien actualmente preside la comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado.
Sin embargo, el texto nunca llegó formalmente al Congreso y difícilmente comience a debatirse durante febrero, ya que los proyectos para endurecer penas suelen traer aparejados intensos debates que el oficialismo prefiere evitar mientras concentra su capital político en la reforma laboral.
La reforma tributaria también quedó relegada, afectada por el trámite accidentado del Presupuesto 2026, en el que el Gobierno esperaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Sin embargo, la reforma laboral ya incluye varios cambios en materia tributaria.
Entre las propuestas se destaca la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se conformará con el 3% de las contribuciones patronales que dejarán de ir al sistema previsional para constituir un fondo individual por empresa destinado a futuras indemnizaciones.
Precisamente sobre este punto se concentraron las críticas de los gobernadores, que reclaman algún tipo de compensación por la merma en los fondos coparticipables que se reparten entre las provincias.
El artículo 191 de la reforma, que dispone una baja del impuesto a las Ganancias y otorga beneficios a los empresarios sin proponer una forma alternativa de financiamiento, generó particular preocupación entre los mandatarios provinciales.
En cuanto a la inclusión de la modificación de la Ley de Glaciares en el temario, ésta parece responder a una estrategia de negociación. Durante el receso hubo contactos con la oposición y con los gobernadores en relación a los cambios en la legislación del trabajo, y se dejó trascender que podría ser moneda de cambio para sumar votos entre las provincias mineras.
Mientras tanto, la oposición se enfoca en juntar votos para derogar el DNU que reformó la SIDE (Secretaría de Inteligencia). El decreto fue enviado el jueves a la comisión bicameral de trámite parlamentario, pero como no está constituida, difícilmente pueda comenzar a analizarlo.
Pasados diez días hábiles, el 29 de enero, cualquiera de las Cámaras podrá llevarlo al recinto para votar sobre su validez. En Diputados, la oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero.
A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda, además de la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.
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Internas a flor de piel: el Gobierno sin estrategia común
El ministro del Interior, Diego Santilli, acelera las negociaciones con los gobernadores para asegurar la sanción del proyecto en las sesiones extraordinarias, pero el Gobierno enfrenta febrero sin una estrategia unificada y con tensiones internas que hacen crujir a la cúpula libertaria.
Tras participar en una reunión de “mesa chica” en la Casa Rosada el viernes pasado, Santilli se prepara para una semana ocupada. El lunes aterrizará en Salta para reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz, quien mantiene una postura cautelosa respecto a la iniciativa oficialista.
El “tour” continuará el miércoles en Neuquén, donde Santilli mantendrá una audiencia con Rolando Figueroa, mandatario clave por el peso del sector energético y su influencia en el bloque patagónico.
El jueves, la agenda se trasladará a Entre Ríos, donde el funcionario será recibido por su par del PRO, Rogelio Frigerio, quien si bien es un aliado natural, también debe equilibrar las cuentas y reclamos de su propia provincia.
La reunión del viernes pasado en la Casa Rosada tuvo como objetivo definir la estrategia para intentar avanzar con la reforma laboral en el Congreso. En la mesa estuvieron Patricia Bullrich, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem y Santiago Caputo, todos con incidencia directa en la relación con el Congreso y los gobernadores.
La intención del encuentro fue alinear posiciones internas y acordar una hoja de ruta común. Sin embargo, y pese al esfuerzo de los voceros por disimular las diferencias dentro de la mesa política, los cortocircuitos siguen latentes y no hay una posición única sobre cómo construir una mayoría parlamentaria que le dé al Gobierno un triunfo político significativo.
Durante el encuentro, el jefe de Gabinete Manuel Adorni llevó la voz cantante. Ni el presidente Javier Milei ni su hermana Karina Milei participaron del encuentro, aunque la secretaria general de la Presidencia estuvo representada por sus hombres de confianza, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y su primo Eduardo “Lule” Menem.
El ministro Santilli esbozó los reclamos de los mandatarios provinciales que recogió durante su primera semana en la búsqueda de consensos. El titular de Economía, Luis Caputo, fue uno de los primeros en retirarse. También participaron la senadora Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Conviven el ala dialoguista, dispuesta a buscar compensaciones que garanticen el acompañamiento de las provincias. La mirada de Patricia Bullrich, Santilli y los Menem apunta a “sacar la ley como sea”. En la vereda de enfrente, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y buena parte del equipo económico rechazan hacer concesiones.
El antecedente reciente de la discusión por el Presupuesto 2026 (cuando el Gobierno incrementó un 50% el reparto de los ATN y benefició a seis gobernadores aliados con 66.500 millones de pesos, sin lograr blindar el capítulo 11) opera hoy como el principal argumento para sostener una postura intransigente frente a los gobernadores, incluso los aliados.
“El proyecto no se toca” fue la línea que bajó el Gobierno tras la cumbre. Con esa definición, el oficialismo busca desactivar las expectativas de los gobernadores dialoguistas de obtener compensaciones por el impacto del artículo 191 de la reforma.
En su primera semana como articulador de reclamos, Santilli se reunió con Ignacio Torres, gobernador de Chubut, quien pateó la definición en medio de los incendios en la provincia. Sin embargo, desde el entorno del mandatario hicieron saber su preocupación por la caída de la coparticipación.
El mismo diagnóstico le trasladaron los gobernadores de Chaco, Mendoza y San Juan. A cambio de su apoyo, el mendocino reclamó la reactivación de obras en su provincia y la autorización para tomar créditos del Banco Nación. Los dialoguistas buscan trasladarle al Gobierno, al menos durante 2026, el costo de la pérdida de recaudación.
El jueves, Santilli reconoció la caída de la coparticipación tras su encuentro con Alfredo Cornejo, pero intentó minimizar el impacto. “Es verdad que hay un 0,15% que impactaría en las provincias en 2027 por la modernización laboral y la baja de impuestos. Pero cada 400.000 trabajadores formalizados, recuperás ese 0,15%”, afirmó en conferencia de prensa.
Para el peronismo, la promesa de “creación de puestos de trabajo” es la principal falacia sobre la que se apoya la reforma. “Una ley no crea empleo: el trabajo lo generan las políticas económicas”, repiten en ese espacio y advierten que el gobierno “destruye puestos de trabajo todos los días”.
Desde Fuerza Patria señalan que los períodos de mayor expansión del empleo en la Argentina coincidieron con esquemas de plenos derechos laborales. “Entre 2003 y 2015, con salarios altos, trabajadores protegidos e incluso con el derecho a la doble indemnización, se crearon cuatro millones de puestos de trabajo“, recuerdan.
El contraejemplo data de la década de los noventa, con la flexibilización laboral: en esos años el desempleo trepó del 6 al 18%. En el plano reciente, con la reforma laboral incluida en la Ley Bases, lejos de impulsar el empleo, se perdieron 250.000 puestos registrados y cerraron 19.000 PyMEs.
Según La Política Online, las tensiones internas podrían profundizarse después de la sanción de la reforma laboral. El portal reportó que Martín y Lule Menem presionaron a Karina Milei para que deje a Adorni a cargo del Gobierno durante el viaje de Milei a Davos.
“Hay que evitar que Santiago se quede con el Gobierno”, habrían argumentado los Menem, según esa publicación. En las Fuerzas del Cielo saben que después de la sanción de la reforma laboral, prevista para las extraordinarias de febrero, los Menem volverían a presionar para sacar a Santiago Caputo del gobierno.
