La decisión de Javier Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como Jueces de la Corte Suprema de Justicia generó una oleada de críticas por parte la oposición en el Senado, que lo acusó de “violar la Constitución y las leyes” y desde el peronismo adelantaron que buscarán frenar los pliegos en la Cámara Alta.
Este miércoles el Presidente Javier Milei designó oficialmente a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como Jueces de la Corte Suprema de Justicia a través del Decreto 137/2025, que lleva las firmas del mandatario y del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
De esta forma, el Poder Ejecutivo se salteó el acuerdo constitucionalmente requerido en el Senado para nombrar a los magistrados del máximo tribunal escudándose en el artículo 99 de la Constitución Nacional.
En su inciso 19, la carta magna prevé entre las atribuciones del Presidente el “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura“.
De esta forma, ambos jueces fueron nombrados “en comisión”, lo que en principio les permitirá ocupar sus cargos hasta fines de 2025, aunque desde Casa Rosada admiten que la intención es consolidarlos como titulares definitivos.
La medida había sido adelantada el día anterior por la Oficina del Presidente y generó una oleada de críticas por parte de legisladores y especialistas, que apuntaron contra la arbitrariedad de la decisión, que consideran un “bypass ilegítimo” al Poder Legislativo.
Es que el mecanismo citado por el libertario busca solucionar la composición de la corte en casos de emergencia en los que no esté abierto el Senado, no suplir desacuerdos políticos, y es que el comienzo de las sesiones ordinarias está previsto para el 1 de marzo.
Es decir, que el Senado no está incapacitado para resolver el nombramiento de los jueces. “Milei convirtió una excepción técnica en un mecanismo para vaciar de peso al Senado“, advirtió un constitucionalista consultado al respecto.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 25, 2025
Los argumentos de Casa Rosada
En el comunicado oficial, el Gobierno Nacional detalló que los pliegos de ambos candidatos fueron enviados al Senado el 27 de mayo de 2024, tras audiencias públicas en agosto, pero la Cámara Alta no los trató.
Desde Casa Rosada aseguraron que el Senado “debió haber prestado acuerdo” para los nombramientos, pero “optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados al cargo”.
“La Constitución nacional en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema”, continúan, de modo que “el Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos“.
Para esto, “debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses políticos“, agrega el órgano de comunicación. Asimismo, en el comunicado aseguran que:
“En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas”.
“La Constitución establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el máximo tribunal”, agregan, “limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos”.
También destacaron que “la Constitución nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura” y recordaron que varios mandatarios ya habían utilizado esta figura.
En este contexto, Milei “ha tomado la decisión de nombrar en comisiones a los doctores García-Mansilla y Lijo como jueces de la Corte Suprema, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal del país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.
“Durante el plazo mencionado, la administración continuará con el trámite legislativo en la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”, y cerraron con una amenaza a los legisladores:
“El Gobierno nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.
Cabe recordar que a fines del año pasado y en la previa de que Milei decidiera convocar a sesiones extraordinarias, el pliego de Lijo recibió las firmas necesarias para tener dictamen en la comisión de Acuerdos (paso previo a su tratamiento en el recinto). No ocurrió lo mismo con el de Garcia-Mansilla.
La reacción inmediata del peronismo
Poco después de que el Gobierno Nacional confirmara su intención de nombrar a ambos jueces por decreto, la bancada de Unión por la Patria en el Senado publicó su propio comunicado en el que todos sus integrantes rechazaron “de forma categórica la designación”.
Según indicaron, se trata de “una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente”. La bancada liderada por el Senador José Mayans también indicó que: “Una vez más, el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”.
Además, recordaron que “ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designado juez de la Corte” por decreto del Ejecutivo. “Se incumplirían los mecanismos de designación”, puntualizaron.
“Esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución de la Nación Argentina”, expresaron desde la bancada, y apuntaron que:
“De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho. Es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento”.
La referencia es al escándalo cripto en el que el libertario quedó envuelto luego de promocionar una criptomoneda que terminó generando pérdidas millonarias para los inversores. Un escándalo que además reavivó las denuncias contra Karina Milei por supuestos pedidos de coimas para reunirse con el mandatario.
📃 • Rechazamos la designación de Lijo y García Mansilla: SIN ACUERDO DEL SENADO, NO HABRÁ JUEZ DE LA CORTE pic.twitter.com/mkwPPP1zBS
— Senadores de UxP (@Senadores_UxP) February 25, 2025
Entre tanto, el Senador Martín Doñate definió la jugada como un “golpe institucional” y aseguró que “busca repetir la estrategia del macrismo: controlar la Justicia para perseguir opositores y proteger a los suyos. Milei ya cruzó todos los límites y sigue avanzando hacia un modelo sin controles ni instituciones”.
Cabe recordar que desde Unión por la Patria remarcaron que aún están “abiertos al diálogo” y buscan un gran acuerdo que incluya no solo los cargos de la Corte, sino también el procurador general (en manos de Eduardo Casal) y el defensor del pueblo, que lleva 16 años vacante.
Uno de los señalamientos del bloque peronista es que con la composición preferida por Milei, el máximo tribunal quedaría compuesto únicamente por varones, por lo que pidieron un lugar para que ingrese una mujer. También se mencionó la posibilidad de ampliar la Corte.
“Estamos dispuestos al diálogo con las fuerzas políticas para ver cómo trabajamos en el máximo estamento del Poder Judicial. Hay dos lugares importantes, hablaban de una Corte de 7 o de 9, el procurador general y el defensor del pueblo“, había dicho Mayans, quien advirtió que “si el Gobierno quiere imponer sin ningún tipo de diálogo, no puede conseguir el acuerdo”.
Críticas del PRO, la UCR e incluso de senadores libertarios
A los dichos de los peronistas se sumó el Senador radical Pablo Blanco, quien adelantó que hará una propuesta para voltear ambos pliegos. Entre tanto, Martín Lousteau indicó que “si Milei hoy puede nombrar jueces de la CSJN es porque Mauricio Macri lo habilitó en 2015“.
Además, consideró que “no sabemos cuánto costará a futuro haber habilitado permitido los más de 45 DNUs que el congreso no trata, cuando un futuro presidente de cualquier signo político quiera usar el mismo método para hacer lo que quiera”.
Otro hombre de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, indicó que “dos de los cinco ministros del máximo tribunal fueron ‘contrabandeados’ por el Ejecutivo sin el acuerdo del Senado nacional”.
“En noviembre, el Presidente decidió que la Argentina no tuviera por segundo año consecutivo Ley de Presupuesto. Esto sucede mientras en Argentina y Estados Unidos se lo investiga por el escándalo $Libra. ¿Con qué cara el sábado hablará ante el Congreso si está claro que no cree en las instituciones republicanas?”, completó.
Entre tanto, la bancada radical oficial (UCR), que fue uno de los sectores clave para evitar que se cree una comisión investigadora para investigar el escándalo de Milei, decidió mantener el silencio.
En cuanto al PRO, cabe recordar que Mauricio Macri viene mostrándose crítico con el entorno presidencial, particularmente centró sus críticas contra Santiago Caputo (responsable de impulsar el pliego de Garcia-Mansilla).
Hace seis meses ya se había mostrado en contra de la candidatura de Lijo, indicando que “es un error, le dije a Javier que no estaba de acuerdo“. Sin embargo, tras el anuncio de la Oficina del Presidente decidió mantener el silencio.
La percepción de su entorno es que se trata de una jugada de Milei para distraer a la opinión pública y sacar el foco del escándalo cripto, aunque en la cúpula del PRO adelantaron que el Expresidente discutirá el tema durante la próxima reunión de la mesa ejecutiva de la fuerza.
Diferente fue la posición de Guadalupe Tagliaferri (quien además encabeza la comisión de Acuerdos). La senadora larretista indicó que “es una muestra más del autoritarismo de este Gobierno, ya que pasan por encima del Poder Legislativo y destruyen toda credibilidad e independencia del Poder Judicial”.
También se sumó a las críticas Francisco Paoltroni, Senador que fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza y actualmente tiene su propio monobloque, aunque no dejó de lado su postura libertaria.
El formoseño consideró que “el nombramiento del juez Lijo por decreto representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente”.
“Festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente“, comentó, el legislador, quien al igual que Victoria Villarruel se habían mostrado en contra de la candidatura de Lijo.
Desde la Coalición Cívica, fue la propia Elisa Carrió la que manifestó su disconformidad. “Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional“, aseguró.
En el mismo sentido se expresó uno de sus hombres, el diputado Maximiliano Ferraro. “La decisión del Presidente es una herida grave a la división de poderes y la institucionalidad republicana. La única verdad es que el Presidente quiere una Corte adicta y automática”, comentó.
Futuro de los pliegos en el Senado
Lo cierto es que el oficialismo no pudo la semana pasada imponer una sesión para tratar el pliego de Ariel Lijo en el Senado, no sólo por la falta de apoyo de Unión por la Patria, sino también por las diferencias que aún se mantienen entre los dialoguistas.
Es en este contexto que finalmente decidió avanzar con el decreto, que en principio no necesita de la aprobación del Congreso (ya que es una herramienta administrativa). Sin embargo, los bloques pueden llevar los pliegos al recinto y rechazarlos, lo que implicaría un conflicto de poderes.
A la bancada peronista le basta con que 25 de sus 34 integrantes voten contra los pliegos en la primera sesión en la que puedan someterlos a tratamiento en recinto. Para aprobarlos se precisan dos tercios sobre 72, por lo que con 24 más uno bloquea el objetivo de Milei.
En este sentido planea trabajar Unión por la Patria, iniciativa a la que podrían sumarse radicales y dialoguistas, e incluso Paoltroni, si finalmente concreta su rechazo al decreto. La duda es qué pasaría en caso de que esto ocurra.
Desde la oposición dialoguista explicaron que si bien es legal la utilización del decreto para designar a los jueces en comisión, entienden que en este contexto genera “una falta de legitimidad democrática, tiñe la credibilidad de esos jueces y produce un debilitamiento de la independencia judicial”.
Los legisladores explicaron que tanto Lijo como García-Mansilla quedan pendientes de un decreto o de un rechazo del Senado. Lo que se plantea es “cuál es la certeza y estabilidad jurídica que dan fallos de una Corte que en un año pueden ser removidos”.
Entre tanto, Milei espera que la Corte Suprema les tome juramento y en Casa Rosada aseguran que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti están “obligados por ley” a encabezar el proceso de jura.
Pese a que ambos magistrados habían asegurado meses atrás que no estaban dispuestos a aceptar ser nombrados por decreto, en el entorno del Presidente creen que “no hay dudas de que van a asumir. Es algo que ya se habló”.
Además, aseguran que el Senado “no puede voltear el decreto porque no es de Necesidad y Urgencia”. De hecho, tampoco descartan volver a designarlos por decreto para el periodo 2026 si no se aceptan sus pliegos.
En cuanto a las negociaciones planteadas por el peronismo, en La Libertad Avanza descartan impulsar la ampliación del tribunal y aseguran: “Ya tenemos a nuestros jueces adentro. No nos interesa ampliar. Es una oferta que caducó”.
Postergan, además, la cobertura del resto de las vacantes judiciales en el corto plazo. Se trata de los 150 pliegos de jueces federales y del reemplazante de Eduardo Casal en la Procuración General de la Nación. Lo mismo aplica para la Defensoría General, que ocupa Stella Maris Martínez.
En cuanto a Lijo, el juez ya avisó que no tiene previsto renunciar a su cargo de juez federal que ocupa desde hace 20 años, por lo que pedirá licencia extraordinaria. El pedido debe ser otorgado primero por la Cámara Federal y luego por la Corte Suprema.
Este último es el organismo que pone la licencia en duda, aunque desde el entorno de Lijo aseguran que si no le dan licencia, no asumirá en el Máximo Tribunal. En la Corte mantienen el silencio, y mientras Lorenzetti apoya la designación, Rosatti y Rosenkrantz analizan si corresponde o no darle esa licencia.
