El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en el Senado para avanzar con la reforma del régimen de Zona Fría: De aprobarse, la normativa eliminará los subsidios de gas para todos los municipios que habían sido incluidos al régimen en 2021, entre ellos, Bahía Blanca.
El gobierno de Javier Milei consiguió este miércoles dictamen de mayoría en el Senado para avanzar con la reforma del régimen de Zona Fría, que reduce el alcance geográfico de los subsidios al gas.
De convertirse en ley, la iniciativa eliminará el beneficio automático para todos los distritos que habían sido incorporados por la ampliación de 2021, entre ellos Bahía Blanca y el resto del sudoeste bonaerense, que quedarían fuera del esquema vigente.
La promesa de “Zonas Cálida” como moneda de cambio
El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda avaló, sin modificaciones, el texto que ya cuenta con media sanción de Diputados desde el 20 de mayo pasado. La reunión contó con la presencia de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, y del subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo.
El despacho reunió las firmas de La Libertad Avanza, el PRO y de senadores del Norte Grande, entre ellos la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, el correntino Carlos “Camau” Espínola y los integrantes de Convicción Federal Carolina Moisés y Guillermo Andrada.
También lo acompañaron legisladores patagónicos como la chubutense Andrea Cristina, el rionegrino Enzo Fullone, el fueguino Agustín Coto y el neuquino Pablo Cervi.
En cambio, no firmaron el dictamen la mendocina de la UCR Mariana Juri, el santacruceño José María Carambia, la cordobesa Alejandra Vigo y el puntano Fernando Salino. El bloque Justicialista, por su parte, no participó del tratamiento porque todavía no había designado a sus vocales en esas comisiones.
Vigo fue una de las voces más críticas. Antes del plenario había cuestionado la falta de precisiones del proyecto: “el proyecto carece de transparencia y habilita un esquema discrecional para el recorte de subsidios”. En sus redes sociales agregó:
“No apoyaré las modificaciones del Ejecutivo nacional sobre el régimen de Zona Fría. En el caso de nuestra provincia, unos 700 mil usuarios perderán los subsidios sin importar la zona en la que vivan. A esta situación se suma una clara inequidad: mientras se condonan las deudas que las prestatarias de energía del AMBA mantienen con Cammesa, se castiga el esfuerzo de nuestra empresa provincial de energía, EPEC, que cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones”.
La reunión de comisión se dio en paralelo a un encuentro del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores del norte del país, y varios legisladores no dejaron pasar el uso de la promesa de crear una Zona Cálida para ganar sus votos.
La chaqueña Silvina Schneider (UCR) sostuvo que existió un “acuerdo realizado por el Ejecutivo nacional hacia los gobernadores norteños” y consultó si los futuros subsidios eléctricos para zonas cálidas saldrían de los fondos que el Gobierno estima ahorrarse con la reforma, calculados en unos 400 millones de dólares anuales.
Tettamanti respondió que ese dinero se destinará a saldar deudas con las distribuidoras: “Estamos debiendo tres meses de subsidios a las distribuidoras de energías“. Un legislador de la oposición, en los pasillos del recinto, relativizó esa promesa: “Esa guita se va a ir toda a las compañías, es mentira que van a ir a subsidios”.
Durante el debate también se escuchó el reclamo del santacruceño Carambia, quien le puso números concretos al ajuste: “Un vecino de Santa Cruz que pagó $315.000 va a pasar a pagar $500.000 y nosotros si no tenemos gas, nos cagamos de frío”.
Carambia agregó que el proyecto “es una forma alternativa de aumentar las tarifas que también le da discrecionalidad al Poder Ejecutivo de subir y bajar subsidios”, y advirtió: “El gas no es un privilegio para nosotros y si un senador patagónico vota esto, está votando a favor de la suba de tarifas”.
Con el dictamen ya firmado, el oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto el jueves 24 de septiembre, una semana después del tratamiento de la Inocencia Fiscal y la reforma de Biocombustibles.
El oficialismo aprobó la reducción del Régimen de Zona Fría en Diputados con la ayuda de gobernadores del Norte
El ajuste del Régimen de Zona Fría
El proyecto modifica la Ley 27.637, sancionada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, que había ampliado el criterio de Zona Fría a partir de parámetros bioambientales.
Esa ampliación incorporó al régimen a partidos y departamentos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, sumando a más de 3 millones de hogares de diez provincias con descuentos de entre el 30% y el 50% sobre sus facturas de gas.
Con la reforma, el subsidio general se mantiene únicamente para la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna.
En el resto de las zonas incorporadas en 2021, el beneficio deja de ser automático para todos los usuarios residenciales y queda restringido a quienes se inscriban en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025.
Para acceder al SEF hay que acreditar ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales. Quedan incluidos de manera automática los hogares con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, mientras que los hogares con Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una revisión posterior.
Según la Secretaría de Energía, 1.600.000 usuarios que hoy tienen subsidio por haber sido incorporados en 2021 lo perderán por completo si no califican en el SEF. El argumento oficial es que los sectores vulnerables no perderán el beneficio, ya que quienes califiquen en el SEF seguirán recibiendo el descuento.
Sin embargo, el proyecto también modifica la forma de calcular ese descuento: de aprobarse, la bonificación se aplicará exclusivamente sobre el componente del precio del gas y no sobre el total de la factura, como ocurre en la actualidad.
Esto implica que el cargo fijo y los costos de transporte y distribución (que en algunos casos representan entre el 40% y el 60% del valor final de la boleta) dejarán de estar alcanzados por el subsidio.
En la práctica, esto significa que incluso los usuarios de las zonas que conservan el beneficio pleno, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, así como quienes logren calificar en el SEF en el resto del país, verán una reducción del descuento que hoy reciben sobre el total de su factura.
El proyecto mantiene el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, financiado con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural, y faculta al Poder Ejecutivo a modificar ese recargo hasta en un 50%. Quienes dejen de ser parte del régimen comenzarán a financiar el fondo.
En el capítulo eléctrico, la iniciativa habilita un mecanismo para que las distribuidoras regularicen sus deudas con CAMMESA, la administradora del mercado eléctrico mayorista. Esa deuda asciende a 1.842 millones de dólares, con el 69% concentrado en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
En términos territoriales, quedarán excluidos del régimen general 55 departamentos de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, 11 de San Juan, 8 de Salta, 8 de San Luis, 8 de Santa Fe, 6 de Mendoza, 3 de Catamarca, 3 de La Rioja y 1 de Tucumán.
Bahía Blanca y las localidades del sudoeste bonaerense se encuentran entre los distritos que perderían la cobertura ampliada: desde 2021 accedían a descuentos del 30% para usuarios residenciales en general y del 50% para sectores vulnerables o con beneficios especiales.
