El fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami, conversó con Juan Ignacio Guarino y Lucas Nigoevic al aire de El Ágora en Radio Nacional sobre la persecución judicial contra los líderes latinoamericanos, en particular, contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Además, consideró que hay “falta de garantías” y “parcialidades” en los procesos judiciales. “¿En cuántos países desarrollados aceptarían que un juez o un fiscal juegue al fútbol con el adversario del que persiguen?”, cuestionó.
Sus declaraciones ocurren pocos días después de celebrarse la cumbre del Grupo de Puebla en el Centro Cultural Kirchner, que tuvo a Enríquez-Ominami entre sus participantes.
A la hora de referirse a la situación del Poder Judicial en América Latina y la persecución contra los lideres progresistas de la región, Enríquez-Ominami expresó que:
“El Grupo de Puebla es un grupo de hombres libres, deliberantes, progresistas, demócratas, que han establecido como una de sus principales preocupaciones la democracia, la calidad de ella“.
“Por eso de manera sustantiva hemos dicho que hay una amenaza difícil de describir”, añadió. “Muchas veces uno asume que la justicia es asunto de juristas y olvida que la justicia es asunto de todos nosotros“, continuó, al tiempo que hizo énfasis en “lo que está ocurriendo en Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina“.
En este contexto, observo que hay “falta de garantías en los procesos” y “parcialidades“. “La imparcialidad como un deber del poder acusatorio”, recordó, “que no se cumple en el caso de Cristina Fernández, en mi caso, el caso de Lula [da Silva], por ejemplo”. Sobre el mandatario brasilero, recordó que “fue absuelto de todo porque no fueron imparciales”.
La situación del Poder Judicial
Además, el entrevistado se refirió a las premisas que se suelen dar por sentadas a la hora de evaluar el Poder Judicial.
Entre ellas, que “los jueces son inamovibles para que no sean políticos”, que “los fiscales no deben tener sanción, para que puedan investigar e imputar y acusar” y que “los ministros de la Corte Suprema sean irrevocables, irrenunciables. Pero que además también sean vitalicios“.
“Estos son conceptos que no funcionan en ninguna parte de ninguna institucionalidad en nuestros países“, remarcó.
En ese sentido, observó que “le hemos dado la espalda a esta parte del debate democrático, que es el Poder Judicial”. Aunque aclaró que “no son todos, por su puesto”, apuntó que:
“Se instaló una cultura en un sector del poder judicial en América Latina de que es normal usar el poder acusatorio para proscribir, humillar, denostar, a un adversario político“.
Asimismo, se refirió al vínculo entre el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani, quienes instruyen en la causa por la obra pública en Santa Cruz contra la Vicepresidenta.
Cabe recordar que ambos funcionarios habían sido vistos mientras posaban juntos en varias fotos sacadas en la quinta “Los Abrojos”, del expresidente Mauricio Macri compartiendo un partido de fútbol del equipo “Liverpool”.
De forma similar, habían sido publicadas imágenes donde el camarista Mariano Llorens aparece vestido de arquero con la indumentaria del conjunto.
“En cuantos países desarrollados aceptarían que un juez o un fiscal juegue al fútbol con el adversario del que persiguen”, comentó al respecto. “Van a Lago Escondido, juegan fútbol, son amigos, se sacan fotos, circulan las fotos y a nadie le llama la atención“, agregó.
Persecución contra los líderes latinoamericanos
A la hora de opinar sobre las posibles razones de que el fenómeno del lawfare tenga una dimensión tan grande en la región, consideró que los líderes latinoamericanos “son liderazgos que fueron muy insolentes con la estructura de poder que beneficiaba a unos pocos”.
Además, explicó que “el problema no es que solamente que un fiscal y un juez corrupto utilicen la justicia al servicio de un político“, sino que además se trata de un Poder Judicial “profundamente conservador”.
“Se oponen entonces -naturalmente- a una discusión, por ejemplo, donde se propone intervenir a través del estado un sector. Todos los tribunales del mundo son más bien pro-mercado. Por algo ningún tribunal arbitral es pro-estado“, apuntó.
“Se enfrenta entonces a los liderazgos más progresistas, más que a los conservadores”, completó.
La posición de Alberto Fernández
Más adelante, Juan Ignacio Guarino recordó una frase del Presidente Alberto Fernández, quien es fundador e integrante del Grupo de Puebla. “Públicamente ha dicho que está de acuerdo con estas opiniones“, mencionó, al tiempo que señaló que el mandatario también declaró que “la Justicia tiene que auto depurarse“.
Al respecto, Enríquez-Ominami aclaró que es “íntimo amigo” del Presidente, aunque opinó que el Presidente “es profundamente progresista, es profundamente transformador, y es un profesor de Derecho Penal”. “Probablemente, a mi juicio, de los más rigurosos que uno conozca en la política, añadió.
En este contexto, consideró que “ha tenido como dos visiones”. Por un lado, “intentar respetar lo máximo la institucionalidad“, pero también “denunciar lo que le parece injusto”.
Remarcó además que se preocupó por “defender a Cristina, aunque es público y notorio que mantienen diferencias”. “Sin embargo aquí no tienen ninguna duda“, remarcó.
¿Cómo combatir el lawfare?
Cerca del final de la entrevista, Lucas Nigoevic consultó a Enríquez-Ominami por posibles formas de combatir el lawfare en la región. Al respecto, el entrevistado remarcó la necesidad de “que los fiscales tengan jefe, que tengan sanción, cuando hay indicios y evidencias de que están actuando sesgada y políticamente”.
Además, llamó a “preguntarnos por qué no hacer que la democracia también alcance, por ejemplo, como ocurre en EEUU y en otros países, en que se elijan los fiscales regionales“. “Los fiscales no tienen jefe, que rindan cuentas a la ciudadanía“, comentó.
Por otro lado, habló de “crear un nivel de alerta sobre los temas judiciales muy alto”, algo que, según expresó, está entre los objetivos del Grupo de Puebla. “No asumir que es un poder judicial que porque es dedicado es perfecto”, agregó.
Finalmente, destacó la importancia de “debatir, despenalizar la opinión sobre el poder judicial“.
“La víctima es la gente”, comentó, “yo mismo, que he sido atacado por guerras jurídicas“. Sin embargo, recalcó que:
“La víctima no soy yo, es la gente. Yo soy uno más. Lo que pasa que tengo voz, visibilidad y el privilegio de ser entrevistado por ustedes para denunciar lo que es un abuso”.
Sin embargo, aclaró que “no es que todo sea lawfare, no es que cada vez que acusan a un político es inocente porque hay rivalidades políticas”. La corrupción existe, apuntó, pero “lo que pasa es que hay casos en que no hay corrupción y usan el combate a la corrupción como pretexto para aniquilar un liderazgo transformador”.
